Los alquileres turísticos y temporales tendrán que estar registrados en la ventanilla estatal para ofertarse en internet desde este martes

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Las viviendas utilizadas como alquileres turísticos, temporales o por habitaciones tendrán que estar registradas obligatoriamente en la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos creada por el Ministerio de Vivienda para poder anunciarse en internet a partir de este martes. El nuevo sistema estatal creado al amparo de la normativa europea entra en pleno funcionamiento es este mes de julio, después de seis meses de inscripción voluntaria. Un número de registro identificará a partir de ahora cada vivienda con el objetivo de asegurar que cumple la normativa, evitar así los fraudes y, en última instancia, intentar liberar tensión del mercado inmobiliario para mejorar el acceso a un techo.

Este nuevo mecanismo de control de alquileres de corta duración exige a los propietarios que quieran arrendar vía internet un piso o un inmueble completo como alquiler turístico, de temporada o por habitaciones solicitar al Colegio de Registradores un número de identificación para la vivienda. Según datos del Ministerio de Vivienda, desde el 2 de enero hasta este viernes, se han registrado 199.686 solicitudes —156.938 de alquileres turísticos—, de las cuales 90.046 han sido aprobadas, 17.596 denegadas y 92.044 están pendientes de verificación. Fuentes ministeriales apuntan a que en los últimos días está habiendo un incremento notable de solicitudes. Solo en el último mes, desde el 26 de mayo, se han realizado más de 125.000.

La Ventanilla Única Digital es la plataforma estatal a través de la que se canalizan estas peticiones y funciona como pasarela digital para poner en contacto a quienes quieran arrendar un piso de su propiedad con un uso distinto al residencial durante estancias cortas, a las plataformas online donde se suelen anunciar este tipo de alojamientos, a las administraciones —ministerio, comunidades y ayuntamientos— y a los registros de la propiedad, que son los encargados de verificar que la vivienda cumple con la normativa estatal, autonómica y local que corresponda en cada caso y expedir el número de identificación. Comunicar el código a los portales es tarea del propietario en el momento de poner el anuncio.

Las plataformas digitales están obligadas a partir de ahora a mostrar de forma visible estos números de registro en los anuncios, así como a hacer un seguimiento mensual de actividad —trimestral si son microplataformas— y a realizar comprobaciones aleatorias y periódicas para verificar que todos los pisos ofertados cuenten con su correspondiente identificación y comunicar cualquier anomalía detectada. Además, en caso de que se les ordene la eliminación o inhabilitación de anuncios vinculados a un número de registro suspendido o retirado, han de borrar la oferta de su web en un plazo de 48 horas.

Posibles sanciones

Al crear este sistema —aprobado en diciembre del año pasado—, el Gobierno abrió la puerta al diseño de nuevas sanciones en caso de infracción, pero por el momento no se ha desarrollado ningún régimen sancionador específico, por lo que se seguirán aplicando las normas que ya existen tanto a nivel estatal como autonómico y local —la regulación de los pisos turísticos, por ejemplo, recae en estos dos últimos niveles de gobierno—. El abanico de penalizaciones es amplio y va desde multas de diferentes cuantías hasta restricciones para seguir operando en el mercado. De hecho, en casos de incumplimiento reiterado de la normativa, pueden revocarse licencias o permisos, por ejemplo.

El PSOE ha propuesto implantar multas de hasta 600.000 euros a las plataformas que no publiquen el número de registro en los anuncios. Es uno de los puntos que los socialistas han planteado introducir en la proposición de ley impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG para regular los alquileres de temporada y de habitaciones que actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados, aunque la norma está todavía en una fase muy incipiente. Con esta iniciativa los partidos a la izquierda del PSOE buscan que este tipo de alojamientos se equiparen a los arrendamientos de vivienda habitual a nivel de obligaciones para los propietarios y protección para los inquilinos. 

El registro de los alquileres de corta duración en la Ventanilla Digital Única es independiente de las licencias que puedan exigirse en cada caso para poner en marcha un alojamiento de este tipo. En muchos municipios, por ejemplo, es necesario contar con una licencia específica para abrir una vivienda de uso turístico. Junto a otra documentación, estos permisos se le piden al propietario al solicitar el registro en la Ventanilla Única como parte del proceso de comprobación de que se trata de un alquiler legal. En el caso de los pisos turísticos, UGT propuso este jueves reclamar información adicional como número de trabajadores, condiciones contractuales o posibles externalizaciones, para facilitar el control desde la Inspección de Trabajo, aunque el sindicato reconoció que esto requeriría modificar la legislación laboral.

Los números de registro de las viviendas, que funcionan como si fuera la matrícula de un coche, tienen una vigencia de un año. Al cabo de esos doce meses, el propietario puede renovar el código aportando un listado anonimizado de los contratos firmados durante el año, así como cualquier cambio adicional en las condiciones en las que opera, para que desde el registro se pueda verificar que efectivamente la vivienda se está empleando con el uso en el que está dado de alta y sigue funcionando legalmente.

Sospechas de fraude

Desde el Ministerio de Vivienda confían en que esta herramienta sirva para combatir el fraude tanto en alquileres turísticos como temporales, dado que este tipo de usos de la vivienda distintos al residencial están en pleno auge y están contribuyendo a elevar los precios y dificultar el acceso a un techo. En el caso del alquiler temporal, se trata de una fórmula que ha crecido recientemente en detrimento de la oferta de pisos para arrendar como residencia habitual —según Idealista, en el último la oferta de alquiler permanente ha caído en el último año un 3%, mientras que la de temporada se ha disparado un 25%—. Muchos propietarios han encontrado en esta modalidad una manera de esquivar la ley de vivienda, ya que este tipo de alojamientos quedaron fuera de la norma aprobada en la pasada legislatura y, por tanto, no están sometidos a los topes de rentas previstos para zonas tensionadas ni demás limitaciones. 

Por su parte, la proliferación de pisos turísticos también ha traído consigo la conformación de una oferta ilegal. En los últimos meses el Ministerio de Consumo ha detectado miles de anuncios ilegales en plataformas digitales y ha instado a actuar a varias comunidades. Fruto de un requerimiento del departamento de Pablo Bustinduy, Booking retiró el jueves 4.093 anuncios irregulares. No obstante, la Federación Española de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) critica la puesta en marcha de la Ventanilla Única Digital. La patronal cree que el nuevo sistema generará un aumento de la economía sumergida y un repunte de viviendas ilegales. Denuncian, además, que invade las competencias de las comunidades autónomas, que son las responsables en materia de turismo.

Ese mismo argumento ha esgrimido la Junta de Andalucía para recurrir ante los tribunales el registro único impulsado por el Gobierno central, entendiendo que el mecanismo estatal duplica los sistemas de control puestos en marcha por las comunidades y supone un exceso de burocracia. El Ejecutivo lamenta este rechazo y recuerdan que el mecanismo procede de un reglamento europeo que España ha sido el primer país comunitario en adoptar, un año antes de lo señalado por Bruselas.