Los fijos discontinuos han pasado de ser el contrato estrella de la reforma laboral a convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para el Servicio Público de Empleo Estatal, que el pasado mes de octubre se vio obligado a realizar una amplia revisión de los datos y no descarta más en los próximos meses. Pero, ¿por qué se están realizando estos ajustes?
El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo se ha encontrado con el desafío de tener que adaptar el registro de demandantes y parados que coordina con las comunidades autónomas al repunte sin precedentes de esta modalidad contractual.
Lo hace además con sus estadísticas cada vez más cuestionadas, por la opacidad de sus dirigentes políticos empeñados en demostrar que no hay nada diferente con los fijos discontinuos tras la reforma laboral y que, por tanto, no hay que dar ninguna explicación acerca de por qué no aparecen identificados adecuadamente en los datos de desempleo. Sorprende que el Ministerio de Trabajo, que ha informado puntualmente de las campañas realizadas por la Inspección de Trabajo para perseguir el fraude por parte de las empresas en este tipo de contratos, ha negado la mayor en lo que se refiere a la tarea del SEPE, enrocado en el argumento de que el paro se cuenta igual desde siempre.
Ni siquiera ha cambiado su discurso cuando sus propias estadísticas revelan que entre enero y noviembre los servicios habían convertido a casi 115.000 parados en demandantes de empleo con relación laboral, categoría que incluye a los fijos discontinuos que no trabajan.
La clave de esta polémica esta en que, a diferencia de lo que ocurre con los temporales, los contratos fijos discontinuos no se extinguen cuando finaliza la actividad eventual a la que se vinculan. Al entenderse esta como 'recurrente', el trabajador solo espera a volver a ser llamado por la empresa.
Hasta entonces, se le da de baja como afiliado a la Seguridad Social y aunque tiene derecho, si ha cotizado para ello, a una prestación por desempleo, no cuenta como parado registrado, sino como demandante con relación laboral, ya que su contrato sigue en vigor.
Esta situación acompaña a esta modalidad de contratos desde que se creó en 1995. En esto tiene razón Trabajo. Pero obvia que la diferencia está en el auge experimentado tras la nueva reforma a laboral.
Si en 2022 se ha más que triplicado el número de contratos indefinidos, hasta los 6,6 millones hasta noviembre, en el caso de los fijos discontinuos la ha multiplicado por casi nueve, pasando de los 246.000 hasta los 2,14 millones. Aparte del incremento en términos absolutos, han pasado de suponer el 13% del total de los contratos estables al 33%.
Sin embargo, su impacto en el empleo real es mucho menor. Para crear un solo afiliado ha habido que firmar 4,7 contratos de media, más del doble que en el caso de los empleos indefinidos ordinarios a tiempo completo, según la metodología acuñada por Trabajo en su "índice de calidad del empleo".
Pero en este punto cabe recordar, que, a diferencia, del resto de contratos, la baja de afiliación no viene necesariamente acompañada de la extinción del contrato. Entonces, ¿dónde están estos trabajadores?
El misterio discontinuo
Descontando a los que encuentran otros trabajos, la lógica dice que muchos de estos nuevos fijos discontinuos 'inactivos' se apuntarían como demandantes con relación laboral, con la expectativa de cobrar una prestación o subsidio hasta que la empresa solicite su reincorporación. Era una de las ventajas que, según el Gobierno, acompañaba a estos trabajadores: su mayor protección social.
Sin embargo, esto apenas se registra en los primeros meses de la reforma laboral: ni aumentan los nuevos inscritos como demandantes ni las altas (o reanudaciones) de prestaciones. De hecho, la brecha entre ambos empieza a ampliarse. La razón es simple: el porcentaje de fijos discontinuos que han cotizado lo suficiente para cobrar una prestación es escaso, por lo cual no tienen incentivos para inscribirse como demandantes.
En la práctica, son personas que 'escapan' a las estadísticas de empleo y desempleo vinculadas al SEPE, incluso utilizando metodologías como la del paro 'efectivo' (que suma demandantes con relación laboral y paro registrado) acuñada recientemente por Fedea. Un 'truco' para aliviar el desempleo que se basaría, precisamente, en no ajustar las estadísticas a la reforma laboral. Pero que a partir del verano empieza a resquebrajarse.
El primer incremento sustancial de nuevos demandantes y prestaciones se produce en junio, con el fin de la temporada primaveral y el inicio de la veraniega. En julio el repunte es aún mayor y entonces se alcanza la paridad entre 'nuevos' demandantes y 'nuevas' prestaciones.
Influye en estos datos, además de la estacionalidad, la entrada en vigor plena de la reforma laboral: el fin del periodo de gracia para los contratos temporales por obra y servicio conllevó un incremento de los indefinidos.
En agosto y septiembre estas cifras se 'desinflan', pero en octubre y noviembre, sin explicación alguna, se produce un fuerte repunte de los demandantes que, además, los aleja definitivamente de la cifra de nuevos beneficiarios de prestaciones.
De esta forma, entre julio y noviembre la tasa de cobertura de las prestaciones sobre el total de demandantes baja del 99% al 45%, tras haberse desplomado al 22% en octubre. Pero, como ya hemos dicho, ese fue un mes marcado por una revisión extraordinaria del SEPE que convirtió a 56.000 parados en demandantes con relación laboral.
A la espera de que el Gobierno aclare los motivos de esta revisión, los expertos dan por hecho que no será el último ajuste. Aunque lo más probable es que, como ocurrió en octubre, nos enteremos a posteriori. Y es que la gravedad de este 'filtrado' de los datos de paro no debe opacar otros datos que explican tanto el repunte de los demandantes como los análisis que está llevando a cabo el SEPE.
Más allá del ajuste del paro
Para entender lo que significan estos datos hay que analizar de dónde sale este incremento de los nuevos demandantes con relación laboral. Su composición se puede desglosar en cuatro grupos, y al hacerlo se ve que, además de los parados que han pasado a esta casilla, hay indicios de una revisión similar (aunque a menor escala) para el resto de demandantes ocupados (categoría en la que figuran, por ejemplo, los afectados por ERTE o los beneficiarios de ayudas sociales) y los Demandantes No Ocupados o DENOS.
Pero el factor que más influye son los nuevos inscritos como demandantes con relación laboral, que se han disparado ente octubre y noviembre. Esto puede responder a dos factores. El primero, que hay más trabajadores que han cotizado para acceder a la prestación y se inscriben en los servicios públicos de empleo. Pero en este caso nos encontramos, como hemos visto, que la cobertura sigue siendo inferior a las nuevas altas.
Otra razón es que el Servicio Público de Empleo, tras la revisión de octubre, ha modificado las instrucciones remitidas a las comunidades autónomas para registrar a los demandantes con relación laboral, para que no se cuenten "erróneamente" como parados registrados. Es la explicación más plausible para el repunte de nuevas altas se hay intensificado en noviembre, cuando el grueso de la operación de ajuste estadístico se produjo en octubre.
Sin embargo, la opacidad de estos ajustes impide clarificar qué ha ocurrido y el alcance de los ajustes. Ni cuándo se producirá el siguiente. El hecho de que las propias comunidades autónomas (incluyendo las del PP) se vean beneficiadas en sus cifras tanto por el 'truco' de los fijos discontinuos como por los ajustes, no contribuye a aumentar esta transparencia.
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