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La nueva normativa sobre cajeros automáticos cumple su primer mes. El pasado 28 de junio entró en vigor la denominada Ley de Accesibilidad 11/2023 sobre determinados productos y servicios que busca garantizar el acceso en igualdad de condiciones a cualquier usuario con independencia de sus capacidades físicas o sensoriales. Objetivo que también aplica para el colectivo de mayor edad, con el que esta directiva también busca garantizar su inclusión financiera. Desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas, su presidente, Jesús Norberto Fernández, opta por la cautela a la hora de valorar este marco legal, al que califica de “insuficiente”.
En una conversación con La Información Económica, Fernández asegura que si bien la transposición de la directiva 2019/882 supone un “importante paso”, sus efectos tardarán en llegar. La normativa contempla un periodo transitorio de diez años para renovar toda la red de cajeros automáticos. Esto significa que los 47.000 puntos contabilizados en España antes del 28 de junio pueden seguir en funcionamiento hasta el final de su vida útil económica siempre que no supere los diez años, aunque estos terminales solamente pueden operar con la misma tecnología hasta junio de 2030.
La transposición de la directiva recoge que las nuevas instalaciones deben estar diseñadas con una letra más grande que permita ajustar el brillo y el contraste, contar con instrucciones por voz, texto en braille o la posibilidad de conectar los audífonos, entre otras funcionalidades. Asimismo, también deben contar con altura accesible, incluido plataformas en aras de facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida. El incumplimiento de dicha medida lleva aparejado multas que abarcan desde los 30.000 euros para infracciones leves hasta 150.000 o un millón de euros si son graves. El coste de actualizar un cajero oscila entre los 1.500-3.000 euros.
En este contexto, Norberto pone el foco en el adelgazamiento de la red de oficinas bancarias desde la crisis financiera de 2008. En el momento actual, en España se contabilizan unas 17.000 sucursales bancarias, frente a las más de 45.000 que se registraban en ese momento. Un factor que, a su juicio, "limita la atención personalizada". "Si han cerrado sucursales, también han cerrado cajeros. Lo que han hecho ha sido impulsar lo que denominan cajeros desplazados, que son los que te puedes encontrar en cualquier ubicación sin necesidad de que haya una sucursal", explica, al tiempo que incide en que “no son la solución” a este problema.
Precisamente, en el último Foro de seguimiento de inclusión financiera con las patronales bancarias AEB, CECA y UNACC, así como con representantes de los usuarios financieros, de colectivos de personas con discapacidad, del Banco de España y el Defensor del Pueblo, se abordaron las medidas adoptadas para garantizar la inclusión financiera de los mayores y las personas con discapacidad, entre las que figuran la adaptación de los cajeros.
Las seis grandes entidades comenzaron hace meses a adaptar sus puntos al nuevo escenario con iniciativas que van desde la actualización del 'software' a menús accesibles con tarjeta a través del 'contactless' o la elección de una tipografía legible. Antes de la aplicación de esta ley, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el año 2023, imperaba en España la ley general de 2013, que reconocía el uso en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad para que ejerzan sus derechos económicos, aunque una norma de 2007 ya indicaba que se debe garantizar el acceso a los cajeros de las personas con discapacidad instalados en los espacios públicos desde ellos.
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