ElCaso

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Arenys, en el Maresme, han detectado un caso de explotación laboral e irregularidades en los contratos después de que el responsable de una empresa de Malgrat de Mar, un hombre de 47 años y nacionalidad española, vecino de Blanes, les dijera que un empleado había estado yendo a trabajar regularmente durante la semana cuando estaba detenido. Después de esta declaración tan sospechosa, los Mossos e Inspecció de Treball de la Generalitat hicieron un registro a la empresa y descubrieron que tenía nueve empleados extranjeros en situación irregular sin documentación que estaban explotados.
Los hechos tuvieron lugar el 27 de junio, cuando los Mossos acudieron en una empresa vinculada a la gestión de residuos y servicios de limpieza información, que prestaba servicios a varios municipios, como Malgrat de Mar, Tordera, Santa Susanna, Vidreres, Maçanet de la Selva y Fogars de la Selva, porque querían información sobre los horarios de uno de sus trabajadores que estaba involucrado en una investigación. El propietario les mostró el contrato del hombre y les garantizó que había estado trabajando con regularidad durante la semana, lo que era imposible porque el hombre estaba detenido. El cuerpo policial contactó con Inspección de Trabajo y el 24 de julio, casi un mes después, se hizo una entrada y registro a la empresa para investigar si tenía irregularidades.
Contratos fraudulentos
Dentro, los agentes detectaron a nueve personas sospechosas que, o no tenían forma de identificarse, o utilizaban los documentos de otras personas para hacerlo. Cuando finalmente se les pudo identificar correctamente, se contactó con la Policía Nacional, y pudieron confirmar que se encontraban en situación irregular por haber entrado ilegalmente en el país. Después de estudiar la situación de los trabajadores, descubrieron que muchos de ellos empezaron a trabajar en la empresa sin tener contrato y después se les pidió documentación de alguien que estuviera residiendo legalmente en el país para poder formalizar el contrato, aunque los datos no encajaran, mientras que muchos otros directamente tenían contratos utilizando el nombre y los datos de personas diferentes.
Además, según detectaron a los agentes, los nueve trabajadores cobraban menos de lo que ponía en el documento, trabajaban más horas y no tenían los días de fiesta legalmente obligatorios, haciéndolos trabajar unas 90 horas por 850 euros mensuales. Al día siguiente de la inspección, la empresa dijo a casi una veintena de trabajadores irregulares que no volvieran a trabajar. El propietario de la empresa y tres trabajadores más fueron detenidos el 6 de agosto por delitos contra los derechos de los trabajadores y por falsedad documental.
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