Una empresa investigada por corrupción se lleva millones del Ayuntamiento de Colau
Metropoli ........ A. FERNÁNDEZ
Los servicios de movilidad e infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona están bajo sospecha. Adjudicaciones repetitivas, curiosas coincidencias en el precio de los contratos y una vinculación familiar del gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras, Manuel Valdés, dan como resultado un cóctel que puede ser explosivo.
Una de las empresas que saca un buen rendimiento del consistorio que preside Ada Colau es TEC-4. Periódicamente, se lleva adjudicaciones para asesoramiento técnico o para la confección de auditorías. Según ha podido saber Metrópoli Abierta, en esta empresa trabaja Lizzet Valdés, hermana del alto cargo municipal, cuyo departamento adjudicó obras por más de 10 millones a la citada compañía.
Janet Sanz y Manuel Valdés, durante una conferencia de prensa / AROA ORTEGA
Tec Cuatro se constituyó el 20 de junio de 1988, con domicilio social en calle Lepanto 350, 3º. Su objeto social es la prestación de servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico. Sus administradores solidarios son Javier Francisco Borrell Mestre (que tiene el 29% de las acciones) y Fernando Casanovas Baró.
UN REGUERO DE ADJUDICACIONES
En 2018, TEC 4, junto a la firma Técnica y Proyectos, se llevó el servicio de dirección de obras de la ejecución de varios túneles viarios de la plaza de Les Glòries, después de que la alcaldesa, Ada Colau, decidiese rescindir el contrato de las anteriores contratistas. Ese contrato le supuso a la UTE de las empresas citadas un total de 3.623.248 euros. Se presentaron cuatro ofertas. La de esta UTE no fue la más económica, pero se acabó llevando la adjudicación.
No fue el único contrato de Les Glòries. En marzo de 2015, una UTE formada por Técnica y Proyectos (Typsa), TEC Cuatro, Auding Intraesa y Euro Geotécnica se llevaba 1.383.720 euros de un contrato por la dirección de obras de esos mismos túneles. Más tarde, en 2017, se realizó una modificación del contrato para añadir otros 180.832 euros a ese presupuesto.
En 2018, BIMSA le encargó diversas auditorías sobre proyectos de reurbanización, como los de la calle de la Mina, en Nou Barris, la plaza del Coll de Finestrelles, en Pedralbes, o varias calles del Eixample, así como el estudio del drenaje de las cubiertas del edificio Lleialtat Santsenca, en Sants-Montjuïc.
La gerencia adjunta de Movilidad e Infraestructuras, es decir, la que controla el propio Manuel Valdés, le encomendó directamente, también en 2018, la auditoría del proyecto de mejora del Túnel de la Rovira por 18.150 euros. El mismo día, le concedió otra adjudicación de 21.659 euros: la inspección y el proyecto de reparación del aparcamiento de la plaza Revolució. La gerencia de Ecología Urbana, por su parte, le encargaba el servicio de inspección y análisis del acueducto Can Cuiàs por 6.509 euros.
EL NÚMERO MÁGICO
En 2019, BIMSA le daba el servicio de análisis de la problemática del drenaje de aguas pluviales de cubiertas singulares en edificios de Barcelona por 15.488 euros. Dos meses más tarde, la gerencia de Movilidad e Infraestructuras le concedía otro contrato por 18.089,50 euros para el apoyo técnico al departamento de Espai Urbà del consistorio. Esa cantidad era mágica: la gerencia del área de Ecología Urbana le asignaba meses más tarde otro contrato de 18.089,50 euros para la ayuda técnica de la mejora de los sistemas tecnológicos de gestión de activos municipales.
En 2020, de nuevo la cantidad de 18.089,50 euros vuelve a aparecer, esta vez en un contrato de la gerencia de Movilidad e Infraestructuras para el apoyo al departamento de Espai Urbà. También sacó beneficio de la pandemia: a mediados de este año, BIMSA le daba la dirección de obra de uno de los lotes de la ampliación del espacio público para destinarlo a la reapertura de terrazas con ocasión de la flexibilización de las restricciones establecidas con el estado de alarma. Este contrato fue de 31.198,81 euros. En septiembre, la compañía pública le concedió otra adjudicación por 31.285,25 euros para el servicio de auditoría, valoración de ofertas de obra y dirección de las obras del proyecto ejecutivo del cierre de la Batería Antiaérea en el distrito de Horta-Guinardó.
CONTRATO ANUAL CON BIMSA
No son los únicos contratos: el 13 de noviembre de 2019 firmaba un acuerdo por un año con BIMSA, según el cual esta le concedería los servicios de dirección de obras y trabajos adicionales en Barcelona por un monto de 670.000 euros, que con el IVA se dispara a 810.700 euros. El Instituto Municipal de Urbanismo de Barcelona también le otorgó en febrero del año pasado un contrato de 266.200 euros para la redacción del proyecto de urbanización de la zona verde de Can Batlló-La Magòria, en Gran Via.
No son las únicas obras. Las adjudicaciones a TEC-4 por parte del Ayuntamiento de Barcelona comienzan con cantidades relativamente modestas. Por ejemplo, en 2013 se le adjudican 135.300 euros por un proyecto relacionado con un tramo de obra pública en la Ronda del Mig, entre la calle Balmes y la calle Mandri de Barcelona. A partir de 2015, coincidiendo con el ascenso a funcionario de nivel 29 de Valdés (gerente adjunto), se empiezan a adjudicar los contratos más golosos de TEC-4.
Por ejemplo, en 2015 se adjudica otra licitación por valor estimado de 2.598.753,30 euros por la Dirección de obras de los túneles de la Plaça de las Glòries, también en el proyecto Glòries, que posteriormente, el 1 de junio de 2017, se ampliaría en 180.232 euros adicionales.
UN SINFÍN DE ADJUDICACIONES
El 3 de octubre de 2016, la empresa pública BIMSA, en la que Valdés, además de consejero actúa como vocal de la mesa de contratación, adjudica un contrato de 89.723 euros a TEC-4 SA. En 2017, caen tres contratos adjudicados a TEC CUATRO SA, por un total de 56.081,08, entre los que destacan el del 6/3/2017 por los “servicios de redacción del proyecto ejecutivo para la gestión de los servicios afectados y nuevos suministros en el ámbito delimitado por el MPG de la Plaza de las Glorias”, por un total de 44.770 euros.
TEC Cuatro no solo gana adjudicaciones con el Ayuntamiento de Barcelona. También las gana con empresas públicas que son propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, gestionadas por la Gerencia que dirige Valdés. Por ejemplo, en la adjudicación de la estación Ernest Lluch del metro de Barcelona en 2018, de TMB, también dependiente del Ayuntamiento. O el polémico caso de la línea 10 del metro de Barcelona, Zona Franca. TEC CUATRO SA estuvo al cargo de cinco estaciones, y también se obtuvieron por adjudicación favorable por parte de TMB, dependiente del Ayuntamiento de Barcelona. Hay otro contrato más: 5 estaciones de la línea 9 en la Zona Universitaria. Y otro más, 13 estaciones de la línea 9 en el límite de Barcelona con Hospitalet de Llobregat. Un almacén de la línea 10. Y una sección elevada. La extensión de la línea 2 también. Especial mención a la adjudicación de la estación multimodal de la Sagrera.
DE ESCÁNDALO EN ESCÁNDALO
Esta compañía es una vieja conocida de la Guardia Civil, ya que se vio salpicada por varios escándalos. En estos momentos, tiene abiertos tres frentes: su nombre sale en el Caso 3%; está siendo investigada por otro escándalo relacionado con infraestructuras; y, finalmente, figura en otras diligencias de la Audiencia Nacional que investigan la creación de un cartel de licitadores en Cataluña que tenían como objetivo copar todas las adjudicaciones públicas y eliminar a la competencia con prácticas ilegales.
Uno de los asuntos por los que está siendo investigada es la adjudicación de la asistencia técnica de la estación del AVE de Girona, adjudicada por GISA por 553.798 euros el 9 de febrero de 2012. La UTE adjudicataria estaba formada por Ingeniería IDOM, Tec Cuatro y Ingenierías y Sistemas SA.
LAS REUNIONES SOSPECHOSAS
El 31 de enero de 2012, Andreu Viloca, tesorero de Convergència, se reúne con Antonio García Bragado, socio y directivo de TEC-4. Faltaban 9 días para esa adjudicación. Así consta en la agenda de Viloca. El 6 de marzo, seis días antes de la formalización del contrato, se decide hacer una “donación a CDC y el día 7 de marzo existe una “Transf. A su favor 00815084-TEC CUATRO SA” por 50.000 euros en la cuenta de CatDem, la fundación de Convergència. En un correo electrónico enviado ese mismo día, la jefa del departamento económico de Convergència, Anna Benítez Bueno, enviaba a Viloca un mensaje: “Ha llegado un donativo a la CatDem de TEC CUATRO SA de 50.000 euros. Cuando podáis ya nos enviaréis los datos fiscales. Gracias. Anna”. Carles del Pozo le responde: “Anna, Andreu [Viloca] tiene toda la documentación e, incluso, el acuerdo del órgano de gobierno. Hasta ahora”. Esta sucesión de hechos está expuesta también en un informe de la Guardia Civil fechado el 9 de octubre de 2015
Según un auto del titular del juzgado central de instrucción número 5, José de la Mata, fechado el pasado 30 de julio, “tras el anuncio de licitación de este concurso de prestación de servicios, se habría producido una reunión entre Viloca y García Bragado, de TEC-4, inmediatamente anterior a la adjudicación y otra inmediatamente posterior a la misma. Justo al día siguiente de esta última reunión, se produce un ingreso por importe de 50.000 euros a la Fundación CatDem por parte de la empresa adjudicataria del concurso, TEC-4”.
LA DONACIÓN A CONVERGÈNCIA
En el registro practicado en el domicilio de la compañía se hallaron documentos muy relevantes. En primer lugar, un correo electrónico de Antonio García Bragado a Diego Cobo y a Fina Casella, con fecha de 17 de noviembre de 2012. “Este es el texto que considero más adecuado. En los últimos meses, hemos iniciado un debate y un proceso de reflexión sobre el papel de las empresas en la contribución al desarrollo de un catalanismo moderno, cosmopolita, dialogante, integrador, que permita consolidar un catalanismo democrático donde las empresas como la nuestra tengan mejores oportunidades de desarrollo. Con este fin, se acuerda hacer un donativo de 50.000 USD (sic) a la Fundación CatDem”.
En un segundo correo, se reitera ese donativo y se añade que “hemos decidido dejar de ser indiferentes y promover en la medida de nuestras posibilidades este catalanismo activo, ahora que no está desligado de las necesidades económicas del país”. Así, justificaba de nuevo la donación. En el domicilio de García Bragado aparecieron más documentos comprometedores, como un acta de la junta general de accionistas de la empresa, celebrada el 5 de marzo de aquel año, en la que se decide unánimemente regalar 50.000 euros a la CatDem. Asimismo, se encontró otro documento, este firmado por Ferran Casanovas, administrador solidario de TEC Cuatro, de aportar los 50.000 euros, pero ese documento lleva fecha de 20 de febrero.
“La decisión empresarial de contribuir y de sensibilizarse solidariamente a la defensa de la cultura y los intereses de Cataluña se produce casualmente en los días siguientes a la adjudicación del contrato público referenciado en este epígrafe. En apariencia, este encomiable impulso de contribuir económicamente a la cultura e intereses de Cataluña por parte de TEC-4 no tuvo continuidad posterior”, explica el magistrado en un auto.
UN AUTÉNTICO CARTEL
Según otro auto de la misma fecha, pero correspondiente a diligencias distintas (las 48/2018), se destaca que TEC-4 es miembro “de la Agrupación Enginyeria Consultoria Consortium 21 AIE, de la que también forman parte GPO y Auding y de la que es presidenta la administradora única de Auding, María Loreto Casas García. Lo que el juez trata de demostrar es que había un “cartel colusorio” llamado Nuria Bofill que “ha pretendido y conseguido repartirse y fijar precios, de forma indirecta, en las licitaciones públicas de ciertos organismos públicos de Cataluña, mediante el establecimiento o concierto de precios idénticos o muy similares, con el objetivo de anular la competencia de los no integrantes del pacto”.
En otras palabras, en esta segunda investigación, se escrutan los documentos aprehendidos que hacen referencia a un cartel de constructoras e ingenierías para copar las adjudicaciones de los concursos públicos, para lo que se habían inventado un correo electrónico a nombre de Nuria Bofill, desde donde se repartían las adjudicaciones.
LA CÚPULA DE LA CONJURA
“El concierto llevado a cabo por estas mercantiles para pactar el precio de las licitaciones habría conllevado la alteración de las cuantías desembolsadas por la Administración pública por los proyectos de obra pública ofertados en los que las referidas empresas se presentaban, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas”, dice el auto. El cartel estaba liderado por la cúpula de la empresa pública Infraestructures, Josep Lluís Quer y Josep Antoni Rosell (que fue detenido, no así Quer, que huyó a Chile) y “por Josep Narcís Arderiu y Tomás Blay, en Asinca”. Resalta el magistrado que no estamos ante un grupo de personas concertadas para la comisión de un delito, sino “ante una estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado”.
También se encontró en el ordenador de Josep Lluís Quer, expresidente de Infraestructures, una anotación de una cena el 22 de junio de 2011 en el restaurante Tribeca de Barcelona con el conseller de Territori, Lluís Recoder,y representantes de GPO, TEC-4, CICSA, Dopec, Eurogeotecnica y Auding Intraesa. Esta última empresa era, precisamente, del propio Quer.
