Cuando las barbas de tu vecino veas pelar… Países Bajos, con uno de los mejores sistemas de pensiones del mundo, ha aprobado este miércoles una reforma para hacerlo sostenible ante la amenaza demográfica que afecta a toda Europa: el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad. Algo que contrasta vivamente con el retroceso en dicha sostenibilidad que ha sufrido España durante el Gobierno de Pedro Sánchez.
Aquí, como es conocido, el Ejecutivo de PSOE y Podemos derogó la incipiente reforma de Mariano Rajoy y su única respuesta a esta grave amenaza ha sido disparar las cotizaciones sociales a las empresas y autónomos, así como crear unos planes de pensiones de empleo que no han tenido ningún éxito. Es más, se han revalorizado las pensiones un 8,5% este año, una cifra insostenible con el sistema actual.
En Países Bajos tienen un sistema mixto de reparto y capitalización. El reparto es el que existe en España: los trabajadores actuales pagan con sus cotizaciones las pensiones actuales sin que se acumule nada para su futura jubilación. El de capitalización consiste en que las cotizaciones se acumulan en una ‘cuenta’ que genera una rentabilidad con el tiempo y que el trabajador rescata al jubilarse.
En aquel país, hay una pensión básica de prestación definida (es decir, el pensionista sabe lo que va a cobrar cada mes como aquí). Esta se complementa con planes de pensiones de las empresas, que están generalizados (el 90% de los trabajadores tiene uno) gracias a los incentivos que ofrece el Estado. Estos planes suponen el grueso de la pensión y hasta ahora eran también de prestación definida: la pensión se basaba en el último salario o en el salario medio durante la carrera.
Finalmente, existen también planes de pensiones individuales, que están pensados sobre todo para los autónomos pero que también son muy populares entre los trabajadores por cuenta ajena.
Reforma en Países Bajos
La reforma introducida ahora sustituye la prestación definida por la aportación definida, es decir, el trabajador sabe cuánto aporta su empresa a su plan de pensiones pero no sabe cuánto cobrará al jubilarse. Al eliminar la obligación de pagar una pensión predefinida, se evita el riesgo de que la rentabilidad que obtengan estos planes no sea suficiente para afrontar esa cantidad. Algo que ya empezaba a ocurrir con el bajo rendimiento de los bonos y las Bolsas en los últimos años.
Además, el sistema anterior provocaba un enfrentamiento entre los trabajadores y los pensionistas. Estos últimos quieren que su pensión se indexe a la inflación para no perder poder adquisitivo, mientras que los primeros creen que eso amenaza sus pensiones futuras al detraer más recursos del sistema de los que éste se puede permitir. El nuevo sistema no garantiza la cantidad de la pensión, pero el Gobierno holandés informará a cada trabajador de qué puede esperar de forma realista.
España, sin medidas
En España, lejos de afrontar el problema demográfico con seriedad, se ha eliminado el «factor de sostenibilidad» del PP, que limitaba la revalorización de las pensiones. Y se han subido las cotizaciones tanto con el llamado «mecanismo de equidad intergeneracional» (MEI) como con el nuevo sistema de cotización de los autónomos.
Pero, aun así, es insuficiente para pagar las pensiones actuales -mucho menos las futuras-, ya que el gasto bate máximos históricos cada mes. Por ello, parte de este gasto se están sufragando con los Presupuestos Generales del Estado: en teoría con impuestos en vez de cotizaciones, pero en realidad con deuda pública. Esto significa que los nietos de los jubilados actuales tendrán que pagar en el futuro las pensiones actuales de sus abuelos, lo contrario de la solidaridad intergeneracional que pregona Sánchez.
Hasta el propio José Luis Escrivá ha reconocido que habrá problemas para pagar las pensiones futuras cuando se jubile la generación del baby boom. Pero España ha mandado a Bruselas una reforma que no propone ninguna medida para solucionar estos problemas, que ha sido sorprendentemente aceptada por las autoridades comunitarias: esta reforma era uno de los hitos a los que estaba condicionada la entrega de los fondos europeos Next Generation.
