2021 comienza con la entrada en vigor de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, los primeros del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo finalmente ha logrado el despliegue de unas cuentas públicas a partir del 1 de enero, algo que debería ser lo normal, pero que no sucedía desde el año 2016. Enero empieza por tanto con la revalorización de las pensiones, en general del 0,9%, del ingreso mínimo vital del 1,8% y de muchas otras prestaciones.
Entre las muchas partidas destacables, la de las pensiones públicas es una de las más relevantes, por su elevado número (más de diez millones) que sustentan a millones de beneficiarios dependientes de este pilar social. A partir del 1 de enero entra en vigor el aumento general acordado del 0,9% de las pensiones, en línea con la previsión de inflación para 2021. Por ejemplo, en una pensión de 1.170,26 euros al mes (la actual media entre las de jubilación), el alza supondrá sumar casi 11 euros al mes.
Este incremento sitúa la pensión máxima en 2021 en los 2.707,49 euros mensuales en 14 pagas, 37.904,86 euros anuales. En caso de que una persona perciba dos o más pensiones públicas, la suma del importe anual íntegro de todas ellas, no podrá superar este límite.
Las pensiones mínimas, que dependen del tipo de prestación y algunas características del beneficiario, quedan como sigue:
Entre las pensiones de jubilación contributivas, la más reducida cuando el beneficiario tiene 65 o más años alcanza los 654,6 euros mensuales, en caso de no tener cónyuge a cargo. Cuando el titular de la pensión tenga menos de 65 años, la mínima es en ese caso de 609,0 euros al mes. La pensión de jubilación para una persona mayor de 65 años que proceda de una gran invalidez contará con una mínima de 981,9 euros mensuales en esta situación.
La pensión de viudedad más baja, la que perciben las beneficiarias con menos de 60 años, queda en los 522,5 euros al mes. La mínima para las personas de entre 60 y 64 años alcanza los 645,3 euros en 2021 y la que perciben las titulares de más de 65 años o las personas con discapacidad igual o superior al 65% llega a los 689,7 euros al mes. En caso de tener cargas familiares, la pensión mínima de viudedad será de 797,9 euros al mes.
Entre las pensiones de incapacidad permanente, la más baja entre las pensiones de gran invalidez es de 981,9 euros al mes, cuando la persona beneficiaria no tiene cónyuge a cargo. La mínima entre las pensiones absolutas alcanza los 654,6 euros mensuales y entre las pensiones de incapacidad permanente total es de 504 euros al mes, si el beneficiario es una persona de menos de 60 años y la incapacidad está derivada de una enfermedad común.
La pensión mínima de orfandad es de 210,8 euros al mes por beneficiario y de 417,4 euros mensuales si el beneficiario es menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65%. En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 7.315,00 euros/año distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios.
Todas las cuantías se pueden consultar en los Presupuestos publicados en el BOE este jueves, accesibles aquí en pdf.
Para el año 2021, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, se incrementa el 1,8% respecto de la cuantía establecida para 2020. Así, si se cobra íntegra se percibirá un importe anual de 5.639,20 euros, 402,8 euros al mes.
Las pensiones no contributivas son aquellas que perciben las personas que carecen de recursos suficientes para su subsistencia y que no han cotizado al mínimo exigido para percibir las prestaciones del nivel contributivo.
La nueva renta mínima estatal aprobada por el Gobierno en 2020, el ingreso mínimo vital, aumentará también un 1,8% a partir de enero, al igual que las pensiones no contributivas. Así, la renta mínima garantizada alzará los 469,8 euros al mes en 12 pagas, frente a los 461,5 euros mensuales de este 2020, en el caso de hogares de un solo adulto.
La máxima cuantía garantizada llegará a los 1.033 euros al mes, frente a los 1.015 de 2020, para los hogares que reciban el IMV más elevado.
Los Presupuestos plasman una subida muy importante para subsidios y ayudas sociales. El Gobierno ha acordado un incremento del 5% de IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), clave para el cálculo de numerosos subsidios, y que estaba prácticamente congelado desde hacía una década.
El IPREM se utiliza como referencia para determinar la cuantía de subsidios como la prestación de desempleo para los mayores de 52 años, que es igual al 80% del IPREM. En 2020, ha sido de 430 euros al mes y en 2021 será de 451,5 euros mensuales.
Esta referencia también es la que determina la cuantía de uno de los últimos subsidios aprobados por el Gobierno durante la pandemia, el destinado a personas paradas que agotaron su prestación de desempleo, que también se incrementa un 5%.
Las prestaciones por hijo a cargo, hasta el momento la única ayuda contra la pobreza infantil para familias de escasos recursos, se quedan con la cuantía congelada en 2021, coincidiendo con su proceso de desmantelamiento dada la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Varias ONG han reclamado al Ministerio que mantenga estas ayudas para la infancia.
Las cantidades se mantienen en los 341 euros anuales (28,41 euros mensuales) para las familias de escasos recursos con menores a cargo sin discapacidad y de 588 euros al año cuando el hogar está en pobreza severa.
En el caso de la prestación para las familias con menores a cargo con discapacidad, que es la que se prevé que perdure pese a la puesta en marcha del IMV, la cuantía sí se incrementa. Alcanza los 1.000 euros al año (83,33 euros mensuales) cuando el menor tenga una discapacidad del 33%, los 4.790,40 euros para las familias con menores con una discapacidad igual o superior al 65% y llega a los 7.185,60 euros euros anuales cuando la discapacidad es superior al 75%.
A partir del próximo 1 de enero de 2021 se igualará, por primera vez, el permiso por nacimiento y cuidado del menor para ambos progenitores, que podrán disfrutar de 16 semanas de prestación. En 2020, el permiso de paternidad era de 12 semanas, una duración que ha ido ampliándose tras el decreto aprobado por el primer Gobierno de Pedro Sánchez.
La PPiiNA (Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción), que ha exigido esta equiparación desde hace años, critica algunas "trampas" que impiden la igualdad efectiva entre los progenitores. "Los padres no podrán utilizar su permiso para turnarse con las madres y quedarse al cargo de su bebé porque las seis primeras semanas tendrán que tomárselas forzosamente a partir del nacimiento, o sea simultáneamente con la madre; y las otras 10 semanas tendrán que tomárselas cuando la empresa se lo permita", indican.
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