Ada Colau pierde en su batalla contra lo que ella calificó como fake news, pero que en realidad no lo eran. La alcaldesa de Barcelona ha salido trasquilada en su órdago contra Crónica Global ante la justicia. En concreto, la sección primera civil de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dado la razón al medio digital respecto a una serie de artículos publicados en el verano de 2019 y ha condenado en costas al Ayuntamiento, que deberá asumir los costes del proceso judicial. La sentencia llega en plena guerra mediática de los comunes contra la prensa. En los últimos meses, el Ayuntamiento de Barcelona gasta sus energías y recursos en indundar de burofaxes a los medios críticos con su gestión, entre ellos y de forma destacada Metrópoli Abierta.
Esta primera derrota se remonta a un litigio iniciado por el Gobierno de Colau en agosto de 2019, cuando trató de esconder por la vía judicial la grave crisis de seguridad que sufrió la ciudad durante ese verano. La cruzada se inició por una serie de informaciones publicadas en exclusiva por Crónica Global, relativas a la negativa de diversas empresas de mensajería a repartir paquetes en determinadas zonas de la ciudad por miedo a los continuos robos que sufrían. Dicha problemática persiste a día de hoy, tal y como corroboró este medio en diciembre de 2020.
CAUSA DEL LITIGIO
El primero de la saga de artículos de Crónica Global que sublevó al equipo municipal llevaba como título: "Amazon, MRW y Seur dejan de repartir en zonas de Barcelona por la crisis de seguridad". A éste le siguieron otras piezas periodísticas que reforzaban la misma tesis. Por ejemplo, la entrevista a un gerente de MRW, bajo el título: "Habla MRW en el Besòs: "Hemos dejado de repartir por la crisis de seguridad de Barcelona"".
La respuesta del Ejecutivo local ante estas informaciones fue exigir una rectificación por "difundir unos hechos absolutamente falsos", que afectaban "al prestigio y la imagen del Ayuntamiento de Barcelona". Ahora, los magistrados han dictaminado que “lo pretendido por el Ayuntamiento” en su reclamación “no es propiamente [exigir] una rectificación sino [la pretensión de evidenciar] una falta de veracidad de la información ofrecida por la demandante en base a las manifestaciones de terceros”, lo que según la justicia excede "del contenido del derecho”.
SIN DERECHO A RECTIFICACIÓN
La Audiencia Provincial también destaca que el Ayuntamiento no aparece implicado en el artículo que tanto le molesta, por lo que no está legitimado a opinar sobre esta información por más que esté relacionada con la ciudad. En este sentido, los magistrados señalan que solo las empresas de reparto estaban afectadas por la “crisis de seguridad ciudadana”. Por ende, en todo caso eran éstas --y no el consistorio-- quien tenía la legitimidad de invocar el derecho a la rectificación. Cabe recordar que ninguna de estas compañías afectadas por el artículo se acogió al derecho a rectificación para corregir posibles errores en la información publicada.
Por todo ello, la sala da la razón a Crónica Global al afirmar que el Ayuntamiento “carece de legitimación activa para interesar la rectificación”.
OBJETIVO: AMEDRENTAR A LA PRENSA
El mazazo judicial contra Colau llega en un momento crucial. En los últimos meses, su gobierno ha llevado a cabo una ofensiva judicial contra este medio y otros para, supuestamente, combatir las fake news. Cualquier información crítica con su gestión se convierte fácilmente en blanco de su ira. Con el objetivo de optimizar su cruzada contra los críticos, acaba de firmar un decreto por el que delega en los concejales de cada área las solicitudes de rectificación que convengan contra “noticias falsas, inexactas o desinformadoras”.
Como consecuencia de esta política propagandística, en las últimas semanas el departamento jurídico del consistorio --financiado por todos los contribuyentes-- ha remitido diversos burofaxes a los equipos de Metrópoli Abierta y Crónica Global, así como otros medios que osen contravenir sus obras de gobierno. Todo ello con la finalidad de amedrentar a aquellos periodistas que fiscalizan a los poderes públicos, en concreto el del Gobierno local de Barcelona. Se trata de siete peticiones en poco más de dos meses. Esta es la secuencia:
BUROFAXES RECIBIDOS
El 8 de enero del 2021, el gerente de Movilidad e Infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valdés, ejerció su derecho de rectificación a la información Una empresa investigada por corrupción se lleva millones del Ayuntamiento de Colau, publicada en Metrópoli Abierta el 28 de diciembre del 2020.
El 8 de enero del 2021, el propio Manuel Valdés exigió la rectificación de otra pieza, Manuel Valdés, el gerente que da contratos a la empresa donde trabaja su hermana, publicada en este medio el 28 de diciembre del 2020.
El 8 de enero del 2021, Metrópoli Abierta también recibió un burofax de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por la “información errónea e inexacta” (términos empleados en todas las solicitudes) y el fotomontaje que encabeza el artículo Colau ‘pasa’ de la familia del motorista muerto, del 28 de diciembre del 2020.
El 18 de enero del 2021, Metrópoli Abierta recibió otro burofax de Colau por el artículo Colau vuelve a incumplir: alimentará Barcelona con una incineradora, del 8 de enero del 2021, por contener, a su juicio y nuevamente, “información errónea, falsa e inexacta”.
El 21 de enero del 2021, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona enviaron un requerimiento de rectificación al artículo Las siete mentiras de Barcelona Energia, la eléctrica de Ada Colau, publicado en Crónica Global el 14 de enero del 2021.
El 9 de febrero del 2021, fue la segunda teniente de alcalde de Barcelona, Janet Sanz, la que se dirigió a Crónica Global por una información del 5 de febrero del 2021: Janet Sanz incumple el código ético al seguir en su cargo tras ser imputada. Entre otras cuestiones, el documento --y también los anteriores-- “lamenta la falta de interés en el contraste de la información”, cuando en reiteradas ocasiones ha sido el Ayuntamiento de Barcelona el que ha callado ante los intentos de los periodistas de contar con todas las partes.
El 5 de marzo del 2021, los servicios jurídicos del consistorio requirieron una rectificación de la noticia Eloi Badia oculta una tercera investigación por acoso en su área, publicada en Crónica Global el 27 de febrero del 2021, por “errónea, falsa e inexacta”, a su juicio.
LA TRAMPA DE COLAU
El ejercicio del derecho de rectificación empleado en todos los casos mencionados es utilizado de forma mezquina por los comunes para situarse ante la opinión pública como víctimas de fake news y catalogar como mentirosos a los medios críticos. Sin embargo, la verdad no es tan reduccionista como plantean los que vinieron para regenerar la política.
Según la legislación española, la obligación del medio de reproducir la réplica no implica que la información sea falsa, ni que la versión del afectado se ciña a la verdad. Se trata de un simple trámite que ampara la justicia para que la persona aludida pueda manifestar su opinión sobre los hechos relatados. Es más, ni este medio ni Crónica Global han sido condenados por difundir informaciones falsas, tal y como insinúa Barcelona en Comú
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