Las numerosas okupaciones del barrio del Besòs i Maresme de Barcelona han conseguido dibujar un paisaje cotidiano marcado por el grave deterioro de los edificios con destrozos y desperfectos en zonas comunes, contadores, puertas y fachadas. Es una situación que se ha enquistado en los últimos años, propiciada por la elevada cantidad de pisos vacíos en manos de entidades bancarias. Al abandono que denuncian por parte de las financieras, un grupo de vecinos ha detectado, recientemente, okupaciones conflictivas en pisos gestionados por el Consorci de l'Habitatge, del que participan la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
Teresa Pardo, vocal de vivienda de la Asociación de Vecinos Maresme Barcelona, y dos vecinas que viven en el mismo edificio de estas ocupaciones problemáticas –y que piden anonimato– denuncian el supuesto abandono por parte de la administración. Aseguran que son pisos que bancos y la Sareb (el llamado banco malo) cedieron hace años al Consorci para destinarlos a alquiler social. Los residentes alertan que no se está dando este uso y señalan averías, comportamientos incívicos y pinchazos de luz y agua, que causan constantes problemas de convivencia.
"NOS SENTIMOS ABANDONADOS"
El número 2 de la calle de Constantinoble acoge uno de estos pisos. En él se instaló una mujer okupa que se dedicaba al trapicheo. Fue desahuciada y volvió a okupar el apartamento, consiguiendo en 2016 un alquiler social. Desde ese año está gestionado por el Consorci de l'Habitatge. En febrero de 2020 falleció y en su lugar se instaló su hermano. También habitan el piso otras personas, como un hombre con un perro de raza peligrosa. Anna (nombre ficticio) critica que el Ayuntamiento no hace un seguimiento de estos pisos, con el descontrol que ello conlleva.
"Nos sentimos abandonados y desprotegidos", relata Anna, que asegura que las facturas a nombre del Consorci d'Habitatge seguían llegando tras la muerte de la okupa. Años antes, tras el desalojo de la mujer, cuenta que los vecinos incluso planearon comprar el piso entre todos para poder vivir en paz.
Calle con casas adosadas en el barrio del Besòs i Maresme / METRÓPOLI ABIERTA
Una vecina de la calle Messina denuncia otra ocupación conflictiva en un piso gestionado desde 2017 por l'Oficina Municipal de l'Habitatge de Barcelona (IMHAB), el ente que coordina los temas de vivienda en la ciudad condal. La empresa púbica tenía cinco años para gestionar un alquiler social, algo que no ha ocurrido. Los okupas, que llegaron hace tres años, se dedican a realquilar el piso y las habitaciones. Las peleas y la música alta de madrugada son frecuentes. La mujer que vive en la casa es muy conflictiva y en alguna ocasión se ha encarado con los vecinos con un cuchillo.
Tras reiterar la consulta al Ayuntamiento de Barcelona en dos ocasiones, fuentes municipales ni desmienten ni afirman que estas viviendas estén gestionadas por la empresa municipal.
PINCHAZOS
En la calle de Epir, uno de los bajos se encuentra en la misma situación Desde 2017 está gestionado por la administración para incluirlo en la mesa de emergencia habitacional, pero en la práctica lo habitan unos okupas que llegaron en 2016 y que pinchan la luz y ponen en riesgo las anticuadas llaves de los subministros.
El allanamiento está a la orden del día en este barrio de Sant Martí. Las calles ubicadas a la derecha de la rambla de Prim en sentido Besòs conforman el área caliente con decenas y decenas de casos. Marsala, Catania, Messina y Oristany son algunas de las vías más problemáticas. "Las okupaciones están reventando a las comunidades", clama Pardo, una vecina muy activa en la lucha contra la aluminosis y las reivindicaciones de rehabilitaciones en varios bloques. Fue, precisamente, a raíz de las futuras obras de regeneración en ocho comunidades y el inicio de la campaña de inspecciones por parte del consistorio cuando los vecinos detectaron estas usurpaciones en pisos gestionados por la administración.
CONTEXTO PARA LA DELINCUENCIA
Desde la Asociación de Vecinos Maresme, Pardo destaca que la actual situación en el barrio requiere un abordaje no solo a nivel técnico, sino también social. "La okupación es un acelerador de la degradación de las comunidades, un bloqueo importante para su recuperación", señala. Está convencida de que existen más casos de pisos "abandonados" por la administración. Por ello, la vocal de la entidad vecinal pide al Ayuntamiento que realice un censo de comunidades sobre la okupación y sobre la situación social.
Muchas okupaciones se concentran en la calle de Oristany/ METRÓPOLI ABIERTA
Las mafias del realquiler de pisos operan con comodidad en el barrio. "Esta situación de abandono alimenta los ciclos de delincuencia del barrio", insiste. Los inquilinos senegaleses son uno de los perfiles vulnerables de inmigrante de los que estos clanes se aprovechan. Aquí no cobran directamente por dar la patada como ocurre en barrios como el Raval, pero cobran entre 300 y 400 euros mensuales a personas con muy pocos recursos para los que el único modo de acceder a una vivienda es pagar 100 euros y a través de pinchazos de luz.
Que la okupación se ha normalizado lo demuestra la anécdota ocurrida hace unos días cuando una mujer solicitaba información, a través de un grupo vecinal en las redes sociales, para encontrar un piso "de patada" para su hija porque no se podía costear el alquiler con su novio. "No puede ser que este barrio se convierta en el vertedero de la okupación", se queja Pardo.
