El segundo mandato de Colau entra en los juzgados
Ada Colau, Janet Sanz y Eloi Badia. La cúpula de Barcelona en Comú afronta varias demandas judiciales que dañarían la imagen al gobierno municipal y pondrían a prueba la vigencia del código ético de los comunes si finalmente son admitidas por el juez. De momento, ni la alcaldesa, ni la tenienta de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, ni el concejal de Emergencia Climática se plantean su dimisión, mientras la oposición pide una gestión más transparente y que se depuren responsabilidades.
El caso de Sanz es, posiblemente, el más delicado. La segunda teniente de alcaldía está acusada de prevaricación, omisión de la obligación de perseguir delitos y obstrucción a la justicia. El pasado 15 de marzo, Janet declaró en la Ciutat de la Justícia tras la demanda presentada por los Padres Paúles y el fondo London Private Company, propietarios del antiguo hotel Casa Buenos Aires que el Ayuntamiento de Barcelona quiere expropiar para construir viviendas sociales.
SIN LICENCIA DE OBRAS
La Casa Buenos Aires de Vallvidrera fue okupada. Posteriormente, el Ayuntamiento inició la Modificación del Plan General Metropolitano para preservar y expropiar el inmueble y construir pisos dotacionales. La querella se centra en la negativa de Sanz de conceder la licencia de obras para abrir un hotel en las fincas antes de la modificación del plan.
Janet Sanz, entre Albert Batlle y Marc Serra, tras declarar en la Ciutat de la Justícia / M.A.
Sanz, preocupada por las repercusiones del caso, ha contrato los servicios del bufete de Olga Tubau, una de las especialistas penales más reputadas de Barcelona que defendió, entre otros, a Josep Lluís Trapero y David Madí. Los servicios de Tubau, según avanzó Crónica Global, costarán entre 50.000 y 60.000 euros al consistorio barcelonés.
CUATRO BUFETES
El Ayuntamiento de Barcelona tiene un contrato marco con cuatro bufetes de abogados para asesoramiento, asistencia, representación y defensa del personal municipal. En el acuerdo no figura Tubau & Lajara & Echevarri.
Tras prestar declaración ante el juez de la sala de instrucción número 12 de Barcelona, Sanz rechazó la posibilidad de dimitir. “Hemos declarado y vamos avanzando. Espero que todo esto quede archivado”, comentó la concejal, que estuvo respaldada, entre otros, por Albert Batlle, concejal responsable de Seguridad y de Sarrià-Sant Gervasí; Jordi Martí, concejal de Presidencia y Prespuestos; Marc Serra, concejal de Sants y Jordi Cases, secretario del Ayuntamiento de Barcelona.
Gala Pin, junto a Ada Colau en un momento de debilidad de la alcaldesa de Barcelona / M.A.
ABOGADOS CATALANES POR LA CONSTITUCIÓN
Colau también está en el punto de mira de la Justicia después de que la Fiscalía haya admitido la denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución, quienes denuncian que la alcaldesa de Barcelona concede subvenciones de forma directa a entidades amigas.
La parte demandante acusa a Colau de presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencia. Abogados Catalanes también señala a Gala Pin (exconcejal), Laia Ortiz (exconcejal), Vanesa Valiño (asesora municipal), Laura Pérez (concejal) e Irene Escoriuela, directora del Observatori Desc.
EL OBSERVATORI DESC
Fiscalía investigará las concesiones al Observatori Desc, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y Engenyeria sense Fronteres (ESF). Según Abogados Catalanes por la Constitución, estas asociaciones han recibido 3.433.621 euros del Ayuntamiento de Barcelona en los últimos años. La mayor partida, superior a 1,2 millones de euros, corresponde a Desc, que quintuplicó su patrimonio neto con Colau como alcaldesa.
“Las subvenciones en el Ayuntamiento se dan cumpliendo la normativa. No hay caso”, manifestó, recientemente, Colau. La alcaldesa, en cambio, nada dijo del código interno de Barcelona en Comú que aboga por la “renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos ante la imputación judicial de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito con recursos públicos o privados, sobornos, malversación y apropiación de fondos públicos”.
Bloque de hormigón New Jersey de la calle Balmes, donde falleció un motorista en diciembre / JORDI SUBIRANA
Colau tiene otro problema. El jueves 25 trascendió que la jueza Alejandra Gil Llima, del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, investiga las causas del fallecimiento de Martí Estela tras chocar contra un New Jersey en la calle Balmes. Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2020. La magistrada solicita los expedientes administrativos sobre la instalación de los bloques de hormigón y el Ayuntamiento dispone de diez días para entregarlos.
Este accidente mortal explica que Colau, tras oponerse inicialmente, haya asumido la necesidad de retirar algunos bloques de hormigón de las calles de Barcelona por su peligrosidad, denunciada por colectivos de motoristas.
LOS VECINOS DE GRÀCIA, CONTRA BADIA
Badia, uno de los concejales más dogmáticos de los comunes, se enfrenta a una querella por prevaricación y delito medioambiental.
Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática del Ayuntamiento de Barcelona / EFE
A principios de marzo, la Associació de Veïns Vallcarca-Penitents lamentó la desidia de Badia por salvar el parque de la Ronda de Dalt y anunció que presentaría la querella. El martes 23 de marzo, 19 asociaciones vecinales se manifestaron en la plaza de Sant Miquel para criticar las formas y la gestión del concejal de Emergencia Climática y del distrito de Gràcia.
LOS FRACASOS
Las asociaciones expresaron su “más contundente reprobación a la política vecinal y gestión” de Badia. En un comunicado, las entidades vecinales criticaron “las formas sesgadas, sectarias y de dudosa calidad participativa de Badia”. Entre las entidades firmantes está la Federació Barris de Gràcia.
En el anterior mandato, Badia fracasó en su deseo de remunicipalizar el servicio del agua. También es muy cuestionada su gestión como presidente de Cementiris de Barcelona. El 15 de septiembre de 2017 se derrumbaron 144 nichos por el mal estado y la falta de mantenimiento del cementerio de Montjuïc.
LA PETICIÓN DE CIUTADANS
Desde Ciutadans, Luz Guilarte pidió a Colau y Jaume Collboni, primer teniente de alcaldía, que apartara de sus funciones a Badia hasta que se aclarase su situación procesal.
Manifestantes piden la dimisión de Eloi Badia junto al Ayuntamiento de Barcelona / DAVID GORMAN
En Barcelona pel Canvi, la concejal Eva Parera asegura que los procesos abiertos “pueden tensar la colaboración entre comunes y el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona”. “El PSC no estará cómodo. Son casos preocupantes porque perjudican la imagen del Ayuntamiento y de la ciudad”, añade Parera, que pide “máxima prudencia” en los asuntos judiciales.
EL PRECEDENTE DEL OBSERVATORI DESC
“De momento, los comunes han dado muy pocas explicaciones y, personalmente, pienso que el caso más delicado es el de Janet Sanz, que se enfrenta a una imputación penal importante. Desde hace tiempo se había advertido de que había vulneración de derechos, pero ellos se han enrocado”, sentencia Parera.
Óscar Ramírez, concejal del PP, también está pendiente de la evolución de las demandas. Asume que la situación más comprometida es la de Janet Sanz, pero recuerda que, en 2016, “el interventor hizo una tacha en las subvenciones” concedidas por el gobierno de Colau, sobre todo al Observatori Desc.
LAS SUBVENCIONES, PARA SUELDOS
“El interventor expuso que las ayudas eran concedidas a dedo y que eran recurrentes (por habituales)”, desliza Ramírez, quien añade que “el 73% de las subvenciones iban destinadas a sueldos y salarios, y no a programas concretos”. El concejal del PP, asimismo, recuerda que “Abogados Catalanes por la Constitución ya impugnó con éxito el reglamento de participación de Colau”.
Ada Colau y Jaume Collboni, en el Ayuntamiento de Barcelona / EFE
Junts per Catalunya, por su parte, pide más transparencia. "Reclamamos al ejecutivo de Ada Colau y a la misma alcaldesa que dé la cara ante las numerosas demandas y querellas judiciales que está teniendo en los últimos meses por su acción de Gobierno, y que ponen bajo sospecha las decisiones que está tomando el Ayuntamiento de Barcelona en ámbitos tan distintos como son el urbanismo, la resolución de concurso vinculados a la nueva movilidad o la concesión de subvenciones", recalca el portavoz Jordi Martí.
En su exposición a Metrópoli Abierta, Martí añade: "La preocupación de Junts aumenta después de ver la reacción de la alcaldesa Colau y de Barcelona en Comú ante la reciente resolución del Comité de Ética reprobando la actitud de la exconcejal Gala Pin, responsable en el anterior mandato de Ciutat Vella, al aceptar solo seis meses después de dejar el cargo trabajar para una entidad que había recibido cuantiosas subvenciones del Gobierno municipal acordadas por ella misma".
En ERC, Jordi Castellana ha recordado que en el pleno del viernes 26 de marzo votaron a favor de pedir un informe que sirva para mejorar estas prácticas. "Seguiremos analizando al detalle cómo se aplican los recursos del Ayuntamiento porque estos deben servir para el bien común. El proceso para otorgar subvenciones es mejorable y debe evitar suspicacias", recalca el concejal republicano. Castellana, no obstante, se manifiesta en contra de la demanda de Abogados Catalanes por la Constitución, a quienes acusa de hacer "trampa".
LA POSTURA DEL PSC
Los socialistas, socios de gobierno de los comunes, se mantienen a la expectativa. "Estamos tranquilos porque los servicios jurídicos e intervención nos dicen que todas las actuaciones se han ajustado a la normativa", ha recalcado una fuente del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona.
Colau y dos colaboradores de su total confianza, Sanz y Badia, están a expensas de la Justicia. De momento defienden la presunción de inocencia, pero si las demandas prosperan pueden abrir una crisis considerable en el gobierno municipal, con comunes y socialistas como socios por necesidad más que por devoción.
