Barcelona ha vivido una agitada semana en materia de desalojos. La expulsión de una familia en el Raval produjo momentos de alta tensión entre los Mossos d’Esquadra y activistas antidesahucio. El miércoles se produjeron los enfrentamientos más duros, cuando una comitiva judicial procedió al desalojo de una familia en la calle de la Cera. Llevaba viviendo en el inmueble 12 años y, de repente, la propiedad le subió el alquiler 500 euros, que no podían sufragar. Según las consignas de las plataformas ciudadanas que intentan parar los desahucios, “cada día hay 10 desalojos de familias en Barcelona y nuestro compromiso es que nadie marche de su casa ni del barrio”. Lo cierto, no obstante, es que muchos de esos desalojos van siendo aplazados, lo que significa postergar el inevitable conflicto.
Es la cara más cruel de la miseria. Pero en realidad 8 de cada 10 okupaciones de pisos no son de familias con hijos que necesitan una casa donde vivir: la mayor parte de las usurpaciones de viviendas las protagonizan mafias cuyos jefes, en ocasiones, tienen unos suculentos salarios que complementan con los alquileres que cobran a terceros por dejarles habitaciones o pisos enteros que no son suyos. Un negocio redondo.
UN GOTEO “INSOPORTABLE”
La cara más visible y perversa de la okupación, no obstante, es la que afecta a familias vulnerables y que en ocasiones tienen niños a su cargo. La misma mañana en que la familia de Engers intentaba atrincherarse en la calle de la Cera, la de Kristina hacía lo mismo en la calle Lleona, en el Gòtic. Otros dos desalojos estaban previstos en las calles de Milans, con la familia de Bushra, y de Roca, con la familia de Sihame, mientras que otro desahucio más afectaba a una familia en la calle Maquinista, en la Barceloneta. En el transcurso de los incidentes de la calle Cera, fueron detenidos cinco activistas, dos de ellos por lanzar “objetos contundentes” desde un sexto piso y tres más por “coacciones”
Desahucio de un hombre de 92 años en El Clot
En un duro comunicado, el Sindicat de Barri del Poble Sec explica también la situación vivida durante el desalojo de una familia en la calle Bisbe Laguarda el pasado 7 de mayo: 12 personas fueron desalojadas de tres pisos, entre ellas una niña y dos ancianas, una con Parkinson. La madre de familia de uno de los pisos se clavó un cuchillo en el estómago cuando la Policía entró en su vivienda y se encuentra ahora hospitalizada con hemorragia interna. Según el Sindicat, el desalojo no se había comunicado previamente, “creando una situación de profunda vulnerabilidad y falta de garantías en todo el procedimiento”. También denunciaba que la actuación policial “ha sido abusiva y desproporcionada”. En este caso, el piso era propiedad de un fondo buitre y estaba okupado desde el pasado mes de noviembre. Para el martes 18, se prevén más desahucios en la calle Lleida del Poble Sec.
Esta situación, para las plataformas constituidas como Asambleas de Barrios, es “insoportable” y supone “un goteo cotidiano insoportable, a pesar de la pandemia y a pesar de las supuestas moratorias”. Claro que estos desahucios afectan directamente a familias y no a otros colectivos, algunos de ellos controlados por auténticas mafias que trafican con pisos okupados. Otros colectivos, como los grupos antisistema, funcionan también de forma diferente.
CURSILLOS PARA OKUPAR
En medio de todos estos colectivos, hay quien saca tajada. Como el Sindicat d’Habitatge del Poblenou, que llama abiertamente a cursillos para okupar. La pasada semana, esta plataforma repartió carteles con el lema “¿Están okupando? Ven y participa”. Se trata de cursos impartidos en el centro La Flor de Maig, en Poblenou, un edificio cuya rehabilitación le costó al Ayuntamiento de Ada Colau más de 930.000 euros y donde coexisten distintos colectivos cívicos. Los cursillos han levantado polvareda por el hecho de que se incita a la okupación en un centro gestionado por el propio Ayuntamiento.
No es una anécdota aislada. “Nosotros hemos detectado cursillos similares en todos los distritos de Barcelona. Estos colectivos se mueven muy rápido y son muy activos”, explica a Metrópoli Abierta Daniel Esteve, propietario de la empresa Desokupa, un referente en el desalojo de pisos okupados ilegalmente. Esteve subraya que los suyos “no son desalojos de familias con niños. Otra cosa es que se utilice con frecuencia a un menor o a una mujer con un niño para proteger narcopisos, por ejemplo”. Su empresa, enfatiza, tampoco trabaja para grandes tenedores, sino para gente normal a la que le han okupado un inmueble.
Miembros de un colectivo antidesahucios intentan evitar un desalojo / SINDICAT HABITATGE RAVAL
SIEMPRE GRABA TODO
Saca pecho de que en seis años Desokupa ha logrado 6.400 desocupaciones de inmuebles y que no tiene ninguna condena por sus actuaciones, “aunque sí que ha habido denuncias falsas”. Pone como ejemplo unos incidentes de hace pocas semanas en el País Vasco, donde tenían que desalojar un piso ocupado por gente cercana a la kale borroka. Un centenar de personas intentaron evitar el desalojo y Bildu acusó a la empresa de amenazas. “Estaba la policía en el desalojo y luego colgamos el vídeo, que desmentía todas las acusaciones de Bildu. No hubo ninguna amenaza ni nada parecido. Por eso solemos grabar en vídeo todas nuestras actuaciones, para demostrar que no nos saltamos la ley”, aduce Esteve.
El trabajo en el último año le supuso a Desokupa un incremento del 600% de su actividad. En la actualidad, realizan entre 10 y 65 desalojos cada semana por toda la geografía española. Madrid y Barcelona son las áreas donde más trabajo tiene. Luego, están otras zonas como la Costa del Sol o Baleares. En Barcelona, el barrio con mayor índice de okupación es Gràcia, un distrito en el que también existe mucho CDR, un colectivo que en esta zona en concreto está muy vinculado a grupos antisistema. Luego, el Raval, Ciutat Vella, Poblenou y Poble Sec.
GRUPOS ORGANIZADOS EN EL NEGOCIO
Con 90 personas en plantilla, cinco líneas telefónicas colapsadas y entre 6.000 y 10.000 visitas a su web, esta empresa se ha convertido en referencia obligada de los desahucios. Sólo en el Raval recuperó 193 narcopisos. “Limpiamos el Raval y por eso nos odia Colau. Este barrio tiene un 30% de okupación y saben que somos un mal enemigo para ellos”. Reconoce también que ha "tenido enfrentamientos con Ada Colau porque ella había sido okupa. Y soy objetivo prioritario para los CDR, que me llegaron a poner una bomba”.
Daniel Esteve junto a trabajadores de Desokupa
La mayor parte de las okupaciones que se producen, sin embargo, no las hacen familias con hijos, sino grupos organizados que luego sacan tajada económica de las necesidades de otros: lo mismo venden pisos a terceros como si fueran suyos como alquilan habitaciones o pisos enteros a familias necesitadas, embolsándose un dinero impropio. “En el sector okupa te encuentras muchas sorpresas -señala-. Ahí hay incluso grupos familiares que cobran por distintos conceptos más de 3.000 euros al mes entre todos los miembros provenientes de ayudas públicas y que luego okupan para no tener que pagar casa”.
11 PISOS ASALTADOS CADA SEMANA
También se han encontrado auténticas mafias, que okupan una media de 11 pisos semanales que luego ‘venden’. “Algunas de estas mafias trapicheaban antes con drogas, pero se han percatado de que les sale mucho más a cuenta negociar con okupaciones y utilizan a menores, a los que meten dentro de una vivienda para intentar impedir el desalojo. Nos hemos encontrado con gente que percibe tres sueldos y que es okupa o que negocia con pisos okupados como actividad alternativa. E incluso a un funcionario metido en el negocio”.
Pero, como hemos señalado anteriormente, el 80% de las usurpaciones están controladas por mafias que han hecho de la okupación un rentabilísimo negocio. De ahí que en cada caso la empresa tenga diferentes maneras de afrontar los desalojos. “Primero de todo, trabajamos con un gabinete jurídico de abogados muy competente, que son los que piden medidas cautelares”, explica Daniel Esteve.
LA ESTRATEGIA DE DESOKUPA
A partir de ahí, los responsables de la empresa diseñan un plan de actuación. “Realizamos una visita con mediación, para decirles que están cometiendo un delito que, en ocasiones, no es usurpación, sino daños, coacción a la propiedad, etcétera. Si son delincuentes comunes, les convencemos para que se vayan. Si se niegan, trazamos el plan para recuperar el inmueble”.
Agentes de los Mossos d'Esquadra desmantelan un narcopiso
Cuando se trata de grupos violentos que se instalan en viviendas particulares, la estrategia es esperar a que salgan. Una vez en la calle, lo difícil será que el okupa pueda volver a entrar. En ocasiones, las cosas se ponen feas y ha habido armas de por medio. En el Raval, un trabajador de Desokupa acabó apuñalado por un okupa. Pero no suele ser la cotidianeidad. Lo cierto es que en cada actuación, “se diseña un traje a medida de la situación, dependiendo de si lo que hay que desalojar es un grupo de delincuentes comunes o un narcopiso”.
Esteve resalta que cada semana él o su empresa reciben amenazas de muerte desde distintos colectivos. “El éxito les subleva”, afirma. En 2019, le pusieron un artefacto explosivo en un antiguo local que había tenido. “Debieron de buscar direcciones vinculadas a mí y escogieron una de un local en el que ya no estábamos. El artefacto, casero, no llegó a explosionar y el tema fue denunciado ante los Mossos d’Esquadra”. Este cuerpo, lo mismo que el Cuerpo de Policía Nacional o la Guardia Civil recomiendan la intermediación de Desokupa en conflictos particulares (sus tarifas se sitúan a partir de 1.800 euros por piso). Y Esteve presume de haber devuelto a sus dueños 170 pisos pertenecientes a agentes de las fuerzas de seguridad.
