Los entes locales y sus entidades adscritas, un total de 14.151 en 2020, han mostrado una nula colaboración con el Tribunal de Cuentas a la hora de facilitar su actividad económica, obstruyendo la principal labor del organismo fiscalizador que consiste en evaluar si el sector público respeta los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género. Su último informe sobre las entidades locales deja patente un claro desinterés por rendir cuentas y por dar a conocer los contratos que realizaron en 2020, el año de la pandemia del coronavirus.

El artículo 40.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas obliga a que antes del mes de febrero de cada año los ayuntamientos envíen los contratos suscritos en el ejercicio anterior excepto los que tienen un importe inferior a 5.000 euros y se han abonado a través del sistema de anticipo de caja fija. Esto supone que prácticamente la totalidad de las licitaciones de los entes locales -ayuntamientos, diputaciones, organismos autónomos locales, fundaciones o mercantiles, entre otros- son objeto de fiscalización. Sin embargo, al detalle, un elevadísimo porcentaje de los consistorios ignora la ley, sobre todo porque el castigo económico no existe para todos.

Las tablas sobre cumplimiento que ofrece el Tribunal de Cuentas muestran que de las más de 14.000 entidades locales, solo enviaron algún tipo de comunicación -lo que supone dar por recibido el mensaje mayoritariamente- un total de 9.029 entidades, de las cuales 4.632, el 33% del total, lo hicieron en plazo y otras 4.397 -el 31 %- lo hicieron una vez agotado el tiempo. Las entidades locales que no cumplieron con la obligación de remitir la información relativa a la contratación del ejercicio fueron 5.122 entidades, el 36% del total. Junto a esto, más de 3.000 entidades que se comunicaron con el Tribunal afirmaron no haber celebrado ningún tipo de contratos. Esto supone que el 56% de los entes que se debían fiscalizar o no mandaron información o lo hicieron para decir que no disponían de ella.

El Tribunal apenas ha logrado fiscalizar 34.000 contratos valorados en 8.000 millones. Los municipios canarios y valencianos, los más cumplidores

Desde 2019, el artículo 335 de la LCSP obliga a las entidades locales a remitir información sobre todos los contratos celebrados en el ejercicio, incluidos los contratos menores y, al menos, en el caso de los ayuntamientos, con independencia de su tamaño, la actividad del ejercicio requiere la celebración de algún tipo de contrato, por lo que la remisión de una certificación manifestando que no habían celebrado ningún contrato presupone el incumplimiento de los establecido en citado artículo 335 de la citada norma.

Las entidades de Navarra y País Vasco está excluidas en esta fiscalización, en la que se evidencia que son especialmente cumplidores los entes canarios y valencianos -en torno al 100%- y los de Baleares (91%) y Aragón (83%). Los contratos de servicios representan el mayor porcentaje de los contratos celebrados -42%-, tanto en número como en importe, debido principalmente a las competencias que tienen asumidas las entidades locales, al referirse a los servicios básicos y obligatorios para la entidad local, que terminan absorbiendo gran parte de sus recursos económicos. El Tribunal apenas ha logrado fiscalizar 34.000 contratos valorados en 8.000 millones de euros. 

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Las entidades locales también están obligadas a remitir los extractos de los expedientes de aquellos contratos formalizados en el ejercicio 2020 sujetos al TRLCSP que excedan de 600.000 euros -obras, concesiones de obras públicas o gestión de servicios públicos; de 450.000 euros en adelante cuando se trate de suministros; y de 150.000 euros, en los de servicios y en los contratos administrativos especiales. Sin embargo, apenas se hicieron llegar 4.100 y, con un cruce de datos, el órgano fiscalizador ha detectado que casi 1.500 extractos de expedientes de contratación, por importe de 1.478 millones de euros, no habían sido remitidos. En este caso, los ayuntamiento son los claros incumplidores, ya que se 'guardaron' los extractos de seis de cada cuatro grandes contratos.

Las CCAA en las que las entidades locales presentan mayores niveles de rendición son aquellas en las que se prevé la prohibición de acceder a subvenciones

Mientras, el 45% de las entidades locales presentan su contabilidad fuera de plazo al Tribunal de Cuentas, que insiste en la necesidad de castigar a los organismos que no cumplen los plazos o directamente no presentan sus cuentas. El 55% presenta las cuentas a tiempo y un 14% fuera de plazo. El resto ni siquiera lo hace. Las comunidades autónomas en las que las entidades locales presentan mayores niveles de rendición son aquellas en las que la normativa autonómica prevé la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas cuando no se haya cumplido con la rendición de cuentas. 

Incluso, ante la total desidia de los entes locales, el organismo fiscalizador reclama que se proceda a la aplicación de la retención en los tributos del Estado a las entidades locales que incumplan, y que se promueva la iniciativa legislativa oportuna para establecer como requisito para el acceso por las entidades locales a las subvenciones o ayudas públicas hacer llegar toda la documentación. Pero no solo son las administraciones locales las eluden la legislación a la hora de contratar. El Tribunal de Cuentas también ha detectado que el 25% de contratos suscritos por ministerios en la pandemia no fueron por escrito, otra forma de eludir el control de muchas licitaciones millonarias.