La Justicia ha ordenado a la Agencia Tributaria (AEAT) que haga pública la información sobre las retribuciones especiales del complemento de productividad de la Inspección de Hacienda, así como las normas reguladoras y los criterios para la aplicación de dichas normas en el reparto retributivo. Por un lado, así lo determinó el Juzgado Central contencioso administrativo número 4 de Madrid, que estimó el recurso interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) por el que obliga a la AEAT a desvelar los incentivos salariales de los inspectores y demás miembros del cuerpo de inspección de Hacienda que reciben estas retribuciones extraordinarias.
La sentencia, que tiene fecha del 22 de julio, todavía no ha sido cumplida del todo ya que, cuatro meses después, se conoce el complejo sistema de cantidades variable, pero no así el sistema de distribución real ni las valoraciones que se tienen en cuenta para llevarlo a cabo, con lo que se ha estimado solo parcialmente esta sentencia y Hacienda mantiene el «silencio administrativo» en estos puntos oscuros. La presidenta de Aedaf, Stella Raventós Calvo, ve muy positiva esta sentencia porque «la transparencia que se exige a los contribuyentes debe ser correspondida por la Administración», pero a pesar de que es un paso adelante «muy importante», aún quedan «muchos pasos que dar en esa mayor transparencia».
Lo que ya se sabe es cuáles son las retribuciones. Los inspectores de Hacienda cobran una retribución extraordinaria variable que puede llegar a suponer unos bonus de entre 18.700 y 32.000 euros anuales, según la categoría del funcionario –desde un jefe de equipo o de área, de dependencia o delegado– o de departamento–. Esta variable puede incrementar hasta un 25% el salario total, pero la cuantía liquidada sólo supone el 1,4% de cada 100 euros de su retribución total, según ha reconocido la propia Agencia Tributaria.
El gasto en bonus: más de 200 millones
Su Dirección General es la que fija la cantidad variable a cobrar anualmente –fiscalizada por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria–, cuya cantidad ha ido elevándose año a año. Así, en 2018 fueron 224 millones y en 2019, 229 millones de euros. La cifra de 2020 no es comparable al estar afectada por la pandemia y la de 2021 fue de 244,3 millones. Esta variable se reparte entre estos equipos de trabajo, con una cuantía que dependerá del desempeño del equipo, pero de forma global, no individualizada, ya que será su correspondiente jefe el que lo reparta «de forma subjetiva».
Y estos emolumentos se pueden recibir sin que se hayan alcanzado las metas exigidas –las investigaciones reclamadas en los tribunales económico administrativo o en los juzgados contenciosos que no prosperan están en torno al 50%–, ya que la disposición es discrecional por parte del directivo a cargo. Es decir, que si el caso tributario en proceso de investigación no finaliza con una resolución positiva, es anulado o minorado en vías administrativa o judicial, se cobra ese plus igualmente si así se decide. Esto puede derivar en una «perversión del sistema», algo que el sindicato de los técnicos de Hacienda, Gestha, lleva décadas denunciando. Y también pleiteando para que el sistema de reparto de los bonus, hasta ahora inaccesible y secreto, se haga público, aunque «el silencio se sigue imponiendo. No nos facilitan esa información, que debería ser pública, ni siquiera a los propios funcionarios, algo que debería ser una obligación legal», explica a LA RAZÓN José María Mollinedo, secretario general de Gestha, que denuncia que «ni siquiera sabemos el montante total a distribuir, cuáles son los criterios o cómo se va a asignar entre los funcionarios».
Tampoco se conoce cuál es la bolsa real correspondiente a productividad ni cómo se establece su reparto y critican que, según está establecido, este reparto se realiza, en muchos casos, de una manera «absolutamente subjetiva, los bonus los otorgan a dedo los jefes orgánicos, que son los únicos que pueden dilucidar el porcentaje que se va a otorgar a cada trabajador».
Sistema “perverso” de presión
Insiste Mollinedo en que el oscurantismo es total en esta política de retribuciones especiales. En teoría, esos incentivos deberían repartirse entre los funcionarios que mayor iniciativa, esfuerzo y resultados obtengan, pero «desde hace años el sistema de fijación de objetivos se ha pervertido, primando la cantidad sobre la calidad del trabajo, porque lo que se premia con la productividad son las adhesiones y el seguidismo, además de utilizarlo para reprimir disensiones».
Esto ha llevado a esta organización a presentar en los tribunales una demanda para acabar con este modo de actuar, aunque no han conseguido que la AEAT dé su brazo a torcer, ya que continúa sin cumplir la sentencia del Tribunal Supremo en la que falló a favor de que «los criterios de reparto de todas las modalidades de productividad fueran conocidos por los propios empleados». Desde Gestha explican que los listados individualizados de los pagos mensuales de productividad dejaron de conocerse a principios de 2019. «Lo único que se publica en los tablones de personal son los listados de importes, en los que únicamente se identifica el subgrupo de clasificación del perceptor –sin mención a cuerpo de adscripción y excluido el nivel 30, el máximo nivel–, con el argumento de que, de no omitirse esa información, se sabría quiénes son esos perceptores porque serían los que más cobran». Se escudan también en que la revelación de esa información puede transgredir la ley de protección de datos y, por tanto, la petición debería hacerse de manera individual, uno a uno, «algo que lo hace inviable entre los 25.000 funcionarios incluidos».
Según ha podido confirmar este periódico, en la actualidad estos pluses de productividad se reparten en función del volumen ordinario de retribución. Es decir, aquellos funcionarios que tengan los salarios más elevados serán los que más bonus reciban, «hayan o no hayan aumentado su productividad» –señalan desde Gestha–, situación que, por sí sola, ya podría estar alterando la propia legalidad según las leyes de Presupuesto. Mollinedo apunta que, ahora mismo, «un jefe puede sumar todos los puntos de productividad de todo su equipo, y aunque él decida repartir estos puntos, él siempre va a cobrar por encima del resto aunque su trabajo sea convencional y no haya mostrado una mayor productividad».
En teoría, la mayoría de esta bolsa de productividad –alrededor del 70%– se debería reflejar por una valoración del rendimiento, la dedicación horaria, el trabajo en equipo o el personal a cargo –con una valoración de carácter subjetivo, como denuncia Gestha– y el resto –el 30%– lo marcan unos baremos que miden la eficacia del trabajo desempeñado, con una serie de variables como la calidad, el tiempo de inspección, las técnicas de actuación, el porcentaje de expedientes acordados y el importe regularizado. «El problema es que prácticamente todo queda en manos de una persona que decide según su criterio».
Otro frente abierto: las declaraciones
Pero Hacienda tiene más frentes abiertos con el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal admitió a trámite el recurso de casación interpuesto por Aedaf desde el año 2019 –cada año hasta 2021–en contra de la decisión de la Agencia Tributaria de suprimir la presentación de la declaración de la renta en papel, estableciendo únicamente la posibilidad de hacerlo por internet, presencial en las oficinas tributarias o por teléfono, y siempre previa cita. Una decisión que, según los cálculos de Aedaf, deja «desamparados» y «discriminados» a más de 350.000 contribuyentes, que cada año presentaban su declaración en formato físico, la práctica totalidad de ellos personas mayores y hogares con las rentas más bajas.
Desde la Agencia Tributaria siempre se ha defendido que estas declaraciones suponen un porcentaje «muy minoritario» al que se ha dado acceso «a la atención personalizada en nuestras oficinas», que entienden «suficiente» para este colectivo, aunque «siempre se puede mejorar y valorar otras opciones». Sin embargo, la decisión del Supremo de admitir este recurso abre la puerta a que Hacienda tenga que rectificar y volver a admitir la presentación en papel de las declaraciones de la renta, aunque su intención es «no volver a atrás»
Así lo reconoció esta semana Rosa María Prieto del Rey, directora del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria en el XXXII Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), celebrado esta semana. En una de las mesas coloquio reconoció que existe esa brecha digital para una parte de la sociedad –sobre todo para los mayores–, pero manifestó que la decisión de no «volver a atrás» es firme y que recuperar ese formato sería «un gran retroceso» en el proceso de digitalización «irreversible» de la AEAT. No lo cree así el Supremo, que admite que el problema «entronca con la brecha digital», por lo que entiende que no sea «dable que la actividad en este ámbito excluya a aquellas personas que no pueden –o no quieren– que se desarrolle de forma electrónica». En uno u otro caso, la AEAT tiene la última palabra.
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