El ministro de Seguridad Social quiere ampliar el periodo a 30 años, que sumados a los 10 que ya aumentó Zapatero, supondría ya una merma de 1.862 euros anuales
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- JAVIER DE ANTONIO.............larazon
Asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas tres décadas. Ese el objetivo del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con el segundo paquete de su reforma de las pensiones. Para ello quiere ampliar el cálculo de la pensión y, de paso, sellar antes de final de año los dos hitos que quedan pendientes para culminar el Componente 30 del Plan de Recuperación que exigen desde Bruselas.
La propuesta trasladada a los agentes sociales contempla la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años entre 2027 y 2038. Durante esos 12 años, el periodo de cálculo se ampliaría a razón de cinco meses por año, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos, es decir, que se calcularía sobre 28 años.
Este planteamiento genera una reducción de los importes medios de las pensiones a medio y largo plazo, como determinan expertos, economistas e incluso el propio Banco de España. Dos de sus analistas, Alejandro Muñoz-Julve y Roberto Ramos, han señalado en su último informe sobre esta cuestión que «el efecto marginal de ampliar un año el periodo de cálculo sería creciente en el número de años computados». Esto quiere decir que ampliar los años de cálculo disminuye geométricamente la pensión. Así, aumentar de 15 a 25 años el cálculo de la pensión –como hizo el presidente José Luis Rodríguez Zapatero– supone que por cada ejercicio disminuye de media un 0,5% la pensión inicial, por lo que si se aplica la propuesta de Escrivá de pasar de 25 a 30 años este cálculo, esto supondrá una rebaja adicional del 4,5% en su prestación final. Si se aplica esta fórmula a una pensión media de 1.330 euros y se calcula sobre 30 años, la pensión detraería 60 euros al mes, lo que sería 838 euros al año en 14 pagas. Es decir, que la rebaja efectuada por Zapatero sumada a la que pretende Escrivá acumularía una pérdida de 133 euros al mes, o lo que es lo mismo, 1.862 euros menos al año.
Este cálculo sigue siendo válido aunque la valoración se realice con los 28 mejores años de cotización tras descartar los dos peores, ya que las cotizaciones varían poco en un periodo tan largo y los dos descartes enjugarían cualquier diferencia si otros dos años han tenido la misma o similar cotización.
También lo creen así investigadores de las universidades de Extremadura y de Valencia, pertenecientes al Grupo de Investigación Pensiones y Protección Social, que advierten de que los jubilados necesitarán compensar con su ahorro individual la pensión futura, ya que la extensión del cálculo reducirá más el poder económico, que afectaría de forma más intensa cuanto menor fuera su carrera de cotización. Según sus cálculos, con la aplicación de la propuesta del ministro Escrivá, las prestaciones de estas carreras cortas se reducirían un 3,1%, lo que sobre la misma pensión media de 1.330 euros significaría una pérdida mensual de 42 euros, o lo que es lo mismo, 588 euros anuales. En el caso de una pensión de una jubilación ordinaria –que dejen de trabajar a los 65 años–, la prestación se reduciría un 1,1%. Los menos afectados serían los trabajadores de larga duración, donde los importes a percibir serían un 0,4% inferiores si finalmente se aprueba esta propuesta. En el caso de las mujeres, la rebaja sería aún mayor, al reducirse un 0,9% –sin conocer aún el ajuste para amortiguar los efectos de la maternidad–. Para las pensiones más altas, la pérdida de emolumentos superaría los 1.500 euros anuales.
Asimismo, el documento presentado por Escrivá plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, es decir, al IPC interanual medio de los doce meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.
Esta subida de las bases máximas de cotización iría acompañada de un aumento de la pensión máxima, aunque no en la misma proporción. La pensión máxima subiría entre 2025 y 2050 con la referencia de inflación establecida para las pensiones contributivas y la pensión mínima, más un porcentaje adicional de 0,115 puntos, menor por tanto al planteado para las bases máximas. A partir de 2050, se negociaría de nuevo.
