Un informe del Consejo de Estado alerta de las chapuzas legislativas del Gobierno

 Vozpopuli  .........  MERCEDES SERRALLER

Se harta de la manera de legislar de Pedro Sánchez y emite un durísimo dictamen en el que avisa de que se está afectado al "control de legalidad y constitucionalidad" y a las "garantías" y le exige "respeto"

La ministra de Igualdad, Irene Montero; la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press

El Consejo de Estado se ha hartado de la manera de legislar del Gobierno de Pedro Sánchez y ha emitido un durísimo dictamen en el que advierte de "urgencias injustificadas" que afectan a la calidad de las leyes y al "control de legalidad y constitucionalidad" y avisa de "garantías" que "se resienten". El máximo órgano consultivo le exige "respeto" a su función y al marco legal, ante un "dislate" próximo al "fraude de ley" que además cree que puede infringir el Derecho de la UE.

Así se despacha el máximo órgano consultivo en su informe, que entró en el Congreso el 3 de noviembre, sobre lo que considera a todas luces un engendro legislativo, el "Proyecto de Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos".

Se trata de un proyecto de ley en el que el Gobierno ha decidido juntar la trasposición de tres Directivas de la UE sin relación alguna entre sí, y la fusión de cuatro proyectos de ley tampoco conectados, en una norma que ha pasado sin pena ni gloria pero en cuyo dictamen el Consejo de Estado ha estallado. Y lo ha hecho en un momento de máxima efervescencia legislativa antes de que empiece un año de fin de legislatura y de campaña electoral constante. Cuando el Ejecutivo trata de puentearlo, como ha hecho con la proposición de ley de reforma del Código Penal y de la sedición o en la que crea los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas.

Y cuando el Gobierno no utiliza al Congreso para puentear al máximo órgano consultivo legislando con proposiciones de ley, se salta directamente al Consejo de Estado, como en la Ley del 'solo sí es sí' cuyo fracaso al estar reduciendo penas y excarcelando a violadores resuena en todo el dictamen, o la 'Ley Trans', proyectos en los que no se le ha tenido en cuenta. Aunque los informes del máximo órgano consultivo no son vinculantes, sí son preceptivos en muchos casos, o facultativos, y deben utilizarse como guía para pulir errores técnicos y enriquecer los argumentos jurídicos.

Pues bien, en leyes de menor trascendencia social y que pasan desapercibidas como la presente -aunque traspone nada menos que tres Directivas- el Gobierno sí le consulta, pero las tramita con una técnica deficiente, exigiéndole que el dictamen esté listo en menos de 10 días y alegando una urgencia y necesidad que no existen, según le afea el Consejo de Estado.

Así, critica que se le remitió el anteproyecto el 13 de octubre con trámite de urgencia, y que el 18 de octubre se le exigió que tenía que estar listo el 27 de octubre, cuando el plazo que tiene para emitir dictámenes es de dos meses.

En este escenario, el dictamen le "recuerda la relevante función institucional que cumple el procedimiento de elaboración de disposiciones normativas de carácter general dentro del Estado de Derecho, en aras de garantizar, siquiera sea de forma cautelar, la oportunidad y legalidad de tales disposiciones".

Ahí reside la obligación de pedirle informe, insiste, y los plazos tienen la importancia de garantizar estos fines. Reducirlos o prescindir de ellos tiene una relevancia que trasciende los inconvenientes que les puedan causar al propio Consejo de Estado, advierte.

De ahí que la urgencia deba estar siempre justificada y nunca pueda invocarse para eludir o relajar los controles [...] La historia comparada del constitucionalismo es pródiga en ejemplos que permiten calibrar los riesgos de una apelación constante y no suficientemente motivada a las cláusulas de urgencia", avisa el dictamen

"De ahí que la urgencia deba estar siempre justificada y nunca pueda invocarse como un título para eludir o relajar los controles establecidos por el ordenamiento vigente. La historia comparada del constitucionalismo es pródiga en ejemplos que permiten calibrar los riesgos de una apelación constante y no suficientemente motivada a las cláusulas de urgencia que sirva de base al ejercicio de poderes o facultades extraordinarios ", avisa el dictamen.

Todo ello, cuando el plazo de trasposición de dos de las Directivas que se armonizan no vence hasta el 18 de noviembre de 2023 y 31 de diciembre de 2023, respectivamente, y el de la tercera acabó el 22 de junio de 2022, pero no se aplicará hasta el 28 de junio de 2025. A esto añade que no existe ningún recurso de la Comisión Europea contra España por retraso en estas normas y que de poder haberlo, sólo sería en el caso de la última, no en las otras dos.

Siendo así, concluye que la tramitación y exigencias de urgencia no están justificadas, lo que hace "que se resientan las garantías inherentes al procedimiento".

Las consecuencias de este proceder son particularmente relevantes, alerta, cuando, como en el asunto sometido a consulta, "afectan a uno de los trámites más importantes de este procedimiento -sino el que más, al menos desde el punto de vista del control de la legalidad y constitucionalidad de las propuestas normativas elaboradas por el Gobierno o por algunos de sus departamentos ministeriales-, como es el dictamen del Consejo de Estado".

Y es que la técnica legislativa del Gobierno, "no idónea", está afectando a las propias competencias y razón de ser del propio Consejo de Estado: "La posición institucional del Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del Gobierno, reconocida en el artículo 107 de la Constitución, exige el respeto de las reglas de competencia y procedimiento establecidas por su ley orgánica para el correcto desempeño de la alta función que tiene encomendada", destaca.

Prisas con la Presidencia Española de la UE

El Gobierno plantea una excusa para la urgencia, según reproduce el Consejo de Estado con ironía: dice querer evitar que pudiera llegar a producirse un retraso que diese lugar a la apertura de los correspondientes procedimientos por incumplimiento por parte de la Comisión Europea, "en vísperas" de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que tendrá lugar en el segundo semestre de 2023. "Y a tal fin ha considerado pertinente refundir los cuatro anteproyectos de ley en uno solo para "facilitar" y "agilizar" su tramitación parlamentaria", traslada. Una explicación que el Consejo de Estado cree que no guarda relación con la realidad, al no apreciar urgencia.

El dictamen insiste en que "la homogeneidad del objeto de las disposiciones legales es un principio esencial de técnica normativa que debe ser necesariamente respetado en su elaboración, salvo que existan circunstancias justificadas que aconsejen otra forma de actuar", lo que considera que no ocurre.

Además de no tener nada que ver los cuatro proyectos de ley que se fusionan, el Consejo de Estado entiende que su integración dificulta la comprensión y puede incluso retrasar su tramitación, con lo que se incrementaría el riesgo de incumplimiento de plazo con la UE, ahora sí, de la única Directiva cuya transposición tiene premura.

"Constituye una máxima de experiencia que el mejor modo de conseguir una rápida y satisfactoria resolución de los asuntos públicos es abordarlos con reflexión y sosiego. -Festina lente [Apresúrate despacio], reza un oxímoron clásico-", remacha el órgano consultivo. Con lo que concluye que los cuatro proyectos de ley deberían tramitarse por separado.

Votos concurrentes

El dictamen tiene dos votos concurrentes. En el primero, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón se manifiesta "sustancialmente coincidente", pero abunda en el error de fusionar cuatro proyectos de ley sin conexión alguna. "Sería deseable que en el futuro el Gobierno evitase un dislate semejante, que por otra parte produce, aunque sin duda no sería el efecto querido que de serlo consideraría un verdadero fraude de ley la eliminación de las competencias del Pleno del Consejo", plantea, insistiendo en que el Ejecutivo está quitando competencias al Consejo de Estado, lo que, eso sí, matiza, no cree intencionado. Si lo fuera, sería fraude de ley.

Por su parte, Enrique Alonso García apunta en su voto concurrente que "la ausencia de coherencia impide el mínimo de reflexión en la toma de decisiones", y que "los principios de funcionamiento institucional" de la propia UE no habrían permitido elaborar una directiva con todos los asuntos que aborda en un proyecto de ley el Gobierno.

Este dictamen tan crítico ha tardado en publicarse y sólo lo ha hecho cuando la ley estaba ya en el BOE, a diferencia del modus operandi del CGPJ, por ejemplo, que hace públicos sus informes en cuanto están listos, advierte el abogado Isaac Ibáñez, que denuncia "falta de respeto al procedimiento ordinario, a los informes de los órganos consultivos y a la buena técnica legislativa" del Gobierno en general y en relación a la Ley Trans en particular. "Revelan una indiferencia total hacia las personas afectadas por esta Ley, que son además especialmente vulnerables. Después dirán que no se podía saber", lamenta.

El éxito noruego: cómo un país pobre se convirtió en uno de los más ricos del mundo

 Economist

 Noruega es un país de poco más de 5 millones de habitantes, con unas condiciones de vida, de desarrollo y de bienestar que están entre las más destacadas del mundo. Y, por supuesto, con una economía próspera, que le coloca entre los países más ricos, utilizando casi cualquier índice que se nos ocurra. Son el estado con el que todos sueñan ser.

Pero no siempre fue así. Cuando Noruega se independizó de Dinamarca, en 1814, era un país rural, con el 90% de la población dedicada a la agricultura, en unas tierras que además no eran especialmente fáciles de cultivar. No es hasta finales del siglo XIX cuando la economía del país empieza a despegar, gracias a la revolución industrial, las mejoras agrícolas, la expansión de la ganadería... y sobre todo el dominio del mar. Se convierten en una potencia del transporte marítimo, que le permite exportar hierro, carbón, madera y pescado, y cuenta con una flota naval que llegó a representar el 7% del total mundial.

El salario mínimo aumenta en Francia hasta los 1.353 euros

 

Economista

El salario mínimo interprofesional francés aumentó hoy, con el cambio de año, hasta los 1.353 euros, lo que supone una subida neta del 1,8%, 24 euros, respecto a 2022.

Por horas, el salario mínimo sube de los 11,07 euros a los 11,27.

El aumento es automático cada año en función de la inflación interanual publicada en noviembre por el instituto de estadísticas francés (Insee).

Durante 2022, no obstante, ya había sido objeto de tres revalorizaciones para proteger el poder adquisitivo de los franceses ante las subidas de los precios.

Con el nuevo año entraron en vigor igualmente otros cambios, como la sustitución de la subvención general a los carburantes por una prima destinada a los trabajadores más modestos que deban usar el coche.

También a partir de este 1 de enero los restaurantes de comida rápida deberán dejar de usar envases desechables para sus productos consumidos en el lugar.

La 'prohibición de despedir' disparará la inseguridad jurídica en 2023

 Economista

El Gobierno seguirá apostando en 2023 por la "prohibición de despedir" para impedir una oleada de extinciones de contratos provocada por la crisis energética y la incertidumbre económica. Pero no solo lo hace sin corregir ni clarificar una fórmula cuestionada por el Tribunal Supremo, sino que añade nuevos y controvertidos cambios legales que auguran un ejercicio lleno de litigiosidad e inseguridad jurídica para las empresas que pretendan hacer ajustes.

Esta es una historia que comienza en marzo de 2020, cuando el Ejecutivo aprueba un decreto ley que declara que "la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción" provocadas por la pandemia, y que permitían acogerse a medidas como los ERTEs, "no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido".

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, 'tradujo' este texto con la llamativa expresión de "prohibido despedir" que enseguida se convirtió en un elemento troncal de su retórica (incluso a través de hashtags en redes sociales), a pesar de que no pocos laboralistas advertían de lo incorrecto de esta interpretación que el Gobierno hacía de su propia norma.

Y es que para que un despido se pueda considerar "prohibido" es que la norma especifique que es nulo. Algo que en ningún momento se hizo en el texto legal. Esto llevó a una gran confusión legal y a un encadenamiento de sentencia que interpretaban de distinta manera la norma hasta que el pasado mes de octubre el Tribunal Supremo se manifestó confirmado que no existía una "verdadera prohibición de despedir".

Pero el Gobierno no solo ha seguido defendiendo esta filosofía, sino que la incluyó en el plan de choque aprobado ante el estallido de la guerra de Ucrania. La redacción era, eso sí, algo diferente a la de la pandemia, ya que distinguía entre las empresas que recibieran ayudas directas y las que realizaran ERTEs.

Para las primeras, se estipula que no se podrá presentar "como causa objetiva de despido" el alza de los costes energéticos. Para las segundas la redacción es aún más vaga: se estipula que, si se realiza una regulación temporal de empleo y se beneficien de "apoyo público" por "causas relacionadas con la invasión de Ucrania", no podrán "utilizar estas causas para realizar despidos".

En ambos casos, se comete el mismo error que hace dos años, al no especificar la nulidad. Esto hace que los despidos, a lo sumo, sean declarados improcedentes, lo que conlleva mayor indemnización, pero en ningún caso una prohibición.

La historia se repite

Lo más sorprendentes es que el nuevo paquete de medidas contra la inflación ha prorrogado hasta junio de 2023 esta medida sin cambios para responder a la sentencia del Alto Tribunal. Para Raquel de la Viña, directora del Área de Laboral de Andersen en España, lo aprobado entra "en clara contradicción" con ella, con lo cual la historia volverá a repetirse. "Dejà vu, sería el principal término que usaría para describir la situación que viviremos", apunta en declaraciones a elEconomista.es.

La consecuencia será una "evidente inseguridad jurídica", dado que se deberá seguir el mismo camino que con los despidos por Covid. Aunque ve "muy probable" que todos los actores jurídicos hagan uso de la sentencia del Alto Tribunal "aplicando una interpretación analógica para intentar reducir esa inseguridad", considera inevitable una "judicialización excesiva" de los casos.

Algo que en un contexto como el que sufre actualmente la Justicia en España, contribuirá aún más a la "saturación de nuestro sistema judicial", provocando retrasos que perjudiquen el derecho de defensa y el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva,

Por otro lado, enero verá la el fin de la tramitación de la Ley de Empleo, que incluye el refuerzo del papel de la Inspección de trabajo en los despidos colectivos.

Se ha introducido a través de una enmienda transaccional pactada entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu, y sus consecuencias son todavía complejas. Aunque la doctrina del Supremo deja claro sus límites  ala hora de impedir despido, la redacción abre la puerta a un incremento de la judicialización en los despidos colectivos, tal y como explica De la Viña.

"Los próximos años presentan una imagen de un claro incremento de la judicialización de los despidos, sus causas y las consecuencias de los mismos, lo que provocará una ralentización aún mayor del sistema judicial, que está mermado y con una falta de recursos evidente para atender a la demanda actual, y más aún a un aumento del número de pleitos como el esperado, remacha la experta.

Una redacción deficiente

Para Estela Martín, del despacho SincroGo, la inseguridad jurídica en materia laboral se ha disparado no solo por la "espiral legislativa" de los últimos dos años, sino sobre todo por las "deficiencias técnicas en su redacción". Y advierte de que esto no solo afecta a las normas impulsadas desde el Ministerio de Trabajo.

El ejemplo más destacado es la nueva Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, conocida como Ley Zerolo ha incluido entre las causas de discriminación la enfermedad. Y que las decisiones empresariales discriminatorias, incluyendo el despido, son nulas. Esto abre la puerta a que cualquier despido de una persona en situación de incapacidad temporal o enfermedad pueda ser impugnado como discriminatorio y, por lo tanto, nulo.

Una interpretación que ya ha provocado sentencia de signos muy contrario que auguran un "muy largo camino" hasta que el Supremo se pronuncie. Martín señala que, hasta entonces, la redacción de la norma propicia sentencias dispares "delimitando qué supuestos de baja por IT y o en qué circunstancias debe declararse la nulidad".

En este sentido, De la Viña coincide en que habrá un incremento de "casos judicializados" en los que, por defecto, "se van a impugnar los despidos de este tipo", y corresponderá a las empresas "la carga de acreditar la existencia de una causa adecuada para proceder al despido no relacionada con la incapacidad temporal".

Los Vigilantes de Metro de Madrid detienen a tres grafiteros disfrazados de Papá Noel

 

vigilanciayproteccion

Un grupo de grafiteros hizo una gran pintada en un metro de Madrid disfrazados de Papá Noel y con mascarillas.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 del domingo 1 de enero de 2023 en la estación Metro Latina. Los grafiteros habían planeado causar el mayor daño posible en el menor tiempo posible, pero fueron detectados por los vigilantes de seguridad del metro, que dieron aviso a la policía nacional debido a que había más grafiteros que vigilantes.

Cuando llegaron al lugar, los agentes de seguridad privada y pública actuaron juntos. Aunque la mayoría de los grafiteros lograron escapar, los vigilantes de seguridad y los policías nacionales lograron detener a tres de ellos, que serán investigados por el delito de daños.

La Policía vigila una rave ilegal en Granada con la presencia de miles de personas desde el día 30

 

Un dispositivo policial con agentes de toda la provincia y reforzado con medios aéreos, vigila una...

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Un dispositivo policial con agentes de toda la provincia y reforzado con medios aéreos, vigila una rave en Granada. La fiesta no autorizada ha convocado a miles de personas en el municipio de La Peza desde el pasado viernes. La concentración ocupa terrenos de titularidad pública. El alcalde del municipio espera que la fiesta concluya mañana, pero aún más de un millar de personas siguen en la zona y son cientos las caravanas y furgonetas que han colapsado los accesos al pueblo.

Un dispositivo policial con agentes de toda la provincia y reforzado con medios aéreos, vigila una rave en Granada. La fiesta no autorizada ha convocado a miles de personas en el municipio de La Peza desde el pasado viernes. La concentración ocupa terrenos de titularidad pública. El alcalde del municipio espera que la fiesta concluya mañana, pero aún más de un millar de personas siguen en la zona y son cientos las caravanas y furgonetas que han colapsado los accesos al pueblo.-R

Una gran guerra, un desastre climático... lo que predijo Nostradamus para 2023

 

• 20Minutos 
• Otra de las profecías hace referencia a 
• problemas en el planeta Marte, cuya luz 
• "se 
• apagará".

Retrato del experto en adivinación Nostradamus.

Wikipedia

Michel de Nôtre-Dame, usualmente latinizado como Nostradamus, fue un boticario francés y supuesto adivino del siglo XVI, más conocido por su libro Les Prophéties (en español, Las Profecías), una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros.

Aunque muchos de sus vaticinios han resultado ser falsos o poco claros, hay quien piensa que se cumplen. Por eso, y ante la entrada del nuevo año 2023, el Daily Mail ha recogido algunas de sus apuestas para los próximos 12 meses.

"Siete meses de gran guerra, gente muerta por el mal", escribió Nostradamus. Según algunos analistas, el místico francés alude a una guerra que bien podría ser una continuación de la ya iniciada en Ucrania.

"La luz en Marte se apagará", dice otro de los mensajes crípticos en la misma cuarteta que predice una "gran guerra". Algunos interpretan que el proyecto SpaceX de Elon Musk puede verse abocado al fracaso, o algún problema con el explorador Perserverance, que está en el planeta rojo actualmente haciendo fotos y recogiendo muestras.

"Tan alto se elevará el bushel (unidad de medida) de trigo, que el hombre se comerá a su prójimo", dice otro alarmante fragmento, este referente a la economía. Algunos lo interpretan como un colapso de la economía global.

Thank you for watching

"Durante cuarenta años no se verá el arcoíris. Durante cuarenta años se verá todos los días. La tierra seca se resecará más, y habrá grandes inundaciones cuando se vea", dice Nostradamus, y se entiende que es una referencia al calentamiento global, con sequías y fenómenos atmosféricos graves como inundaciones.

"La trompeta tiembla con gran discordia. Un pacto roto: levantando el rostro al cielo: la boca ensangrentada nadará en sangre; el rostro ungido con leche y miel yace en tierra": esta cuarteta hace referencia posibles disturbios y levantamientos civiles, pero sin especificar dónde.

Los vecinos de Batán vuelven a señalar al centro de menores tras varios robos: "Hasta que no pase algo grave no van a hacer nada"

 20Minutos 

• Los robos en viviendas y con violencia han 
• aumentado en los últimos meses, según 
• denuncian los vecinos.
• ​La Comunidad prometió trasladar el centro de 
• menores de la zona a Barajas para acabar 
• con el malestar vecinal.

Una mujer camina hacia la entrada del Metro de Batán en la Casa de Campo, donde se han denunciado varios robos en las últimas semanas.

José Rodríguez

"A mi me han acusado de ser de Vox y a él le han dicho que es un progre, nos han dado palos por los dos lados", declara Alberto, un vecino de Batán de 39 años, sobre él mismo y su acompañante, Javier Rodríguez, de 31 años y también oriundo de la zona.

Ambos han estado presentes en las movilizaciones vecinales que comenzaron en 2020, cuando los robos con violencia empezaron a multiplicarse en este barrio obrero del sur de Madrid, encajonado entre la carretera de Extremadura y la Casa de Campo y habitado por siete millares de personas.

La mirada de los vecinos que denuncian esta delincuencia se dirige irremisiblemente hacia el interior de la Casa de Campo. A pocos minutos de camino desde el barrio se ubicó, durante décadas, el albergue juvenil Richard Schirrmann. Por aquí caminaban, en palabras de Alberto, "mochileros de toda Europa".

Desde 2019, sin embargo, el complejo ha cambiado su uso. La Comunidad de Madrid decidió alojar aquí una residencia de primera acogida con capacidad para 50 menores tutelados de entre 14 y 17 años ante el colapso del centro de Hortaleza. Muchos de los niños y adolescentes que llegaron aquí eran extranjeros, la mayoría, de origen magrebí.

Un hombre camina con su perro por la entrada al centro de menores ubicado en la Casa de Campo.

José Rodríguez

Tanto Alberto como Javier estuvieron presentes en las dos concentraciones que se organizaron en 2020 para pedir soluciones y en las posteriores reuniones con representantes de todos los partidos presentes en el Ayuntamiento de la capital.

A ambos acuden los vecinos que han vivido en sus carnes o han oído sobre robos y, tras un inicio de año que califican de “tranquilo”, aseguran que, desde octubre, varios casos han vuelto a generar una sensación de inseguridad entre los vecinos de Batán. "La sensación de inseguridad es subjetiva", admite Alberto. “"Pero, al final, están pasando cosas, es evidente porque se está viendo en las noticias y eso ayuda a que haya esa sensación".

Atracos y robos en viviendas

A finales de noviembre, el hijo de Paula -nombre ficticio- salió del metro de Batán por la boca que da a la Casa de Campo, el punto donde se concentra el mayor número de atracos. Ya era de noche y el habitual trasiego de asistentes al Parque de Atracciones, cuya entrada está a escasos metros, se había diluido. La zona estaba desierta y oscura.

"Le asaltaron tres personas, le dieron un manotazo y le quitaron el móvil", relata Paula sobre su hijo, que se refugió en la vecina escuela taurina con varios de los alumnos de la misma que salieron a socorrerle tras el robo. Esa misma noche la policía detuvo a los tres jóvenes, que estaban tutelados en el centro.

"Desde entonces, tenemos, no miedo, pero vamos con mucha más precaución, porque estos chavales merodean a sus anchas por la estación de Batán que no tiene vigilancia", declara Paula. "Vemos que esto no tiene solución, los casos se suceden uno tras otro, todos los días hay algo y a las instituciones parece que les importamos bastante poco, hasta que no pase algo grave no van a hacer nada. Lo que pedimos es que o cierren este centro o que a los chavales más conflictivos se los lleven a otro lado".

"Vemos que esto no tiene solución, los casos se suceden uno tras otro"

Precisamente en la puerta del Parque de Atracciones tiene su quiosco de helados Salva, de 36 años, cuya familia tiene otros quioscos ubicados en distintos puntos de la Casa de Campo.

"En mi quiosco entraron por última vez el verano pasado, pero al quiosco de mi madre, que está en Lago, han entrado seis veces y los hemos visto en las cámaras y les ha cogido la policía dentro alguna vez. Son siempre los mismos, unos chavalillos jóvenes que están en el centro", declara Salva. "Rompen los candados de la puerta y acceden dentro y en el de mi madre se llevaron unos 300 euros de cambio, loterías y el destrozo que hacen".

Todos coinciden, el centro de menores de Casa Campo, según defienden estos vecinos, no es el lugar adecuado para alojar a estos menores por estar en un lugar aislado, de difícil acceso y en el que es fácil escabullirse en la noche si se ha cometido un delito. "La solución es cambiarlos de centros a un sitio que estén más controlados porque, ahí, en la Casa de Campo, se saltan las vallas, se van por fuera, hacen lo que quieren y es un sitio tan grande, se pueden esconder en cualquier recoveco".

Durante el mes de noviembre, se produjeron cuatro robos en viviendas ubicadas en primeros pisos de bloques de la zona después de que los asaltantes accedieran trepando por la fachada. El último gran incidente tuvo lugar el 21 de diciembre, cuando tres hombres lanzaron por las escaleras del metro una joven de 22 años para robarle el móvil.

Javier estuvo con ella, que describió a sus agresores como tres jóvenes con apariencia magrebí. "Una trabajadora social del centro la acusó de ser racista por decir eso", declara Javier, que califica el centro como "un lugar en mitad de la nada, perfecto para cometer todo tipo de delitos".

Instrumentalización política

Javier fue entrevistado en 2020 en una de las concentraciones organizadas por los vecinos del barrio. Entonces, declaró: "Quiero dejar claro que este es un barrio antifascista y antirracista y no queremos discriminar a nadie", generando las mofas de uno de los líderes nacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que tuiteó su intervención apostillando: "Nunca he visto a un progre aplicarse a sí mismo su propio discurso".

Por aquí pasó, en pleno auge del malestar vecinal, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, que puso a Batán como "un ejemplo de lo que implica la llamada a la inmigración ilegal". En esa misma visita, la candidata de Vox al Gobierno de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, aseguró que los vecinos de Batán no se atrevían ni a salir a la calle por miedo.

Monasterio volvió a este barrio en la campaña electoral de las regionales de 2021 -en las que Vox sacaría menos de un 9% de los votos en Batán- para volver a pedir el cierre del centro de menores alegando que "en otras culturas, como la musulmana, a las mujeres y los homosexuales" no se les respeta.

Ningún otro político del ámbito municipal ni regional ha optado por visitar el barrio con motivo de la inseguridad que denuncian los vecinos. Sí que hubo reuniones entre los vecinos y representantes de todas las formaciones con representación en el Ayuntamiento. Más Madrid, la principal fuerza de la oposición tanto en el Ayuntamiento como en la Asamblea regional, emitió un comunicado en apoyo a los vecinos y en la reconversión del centro de menores en un albergue de nuevo.

Los vecinos también se reunieron con el entonces consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, al que echaron en cara que se estuviera alargando una situación teóricamente provisional con contratos de emergencia. La respuesta de la Comunidad, la Administración responsable de este recurso que había gestionado hasta entonces la Fundación Diagrama, fue firmar un contrato de dos años con la Fundación Antonio Moreno, otra entidad privada.

"Yo, ahí, tiré la toalla", declara Alberto. "Sentí que había fracasado, después de organizar manifestaciones impecables, sin mencionar la palabra mena -acrónimo de menores extranjeros no acompañados-, habiendo prometido a la gente que esto funcionaría y solo conseguimos lo contrario, que se eternizara".

El traslado a Barajas que no ocurrirá

Para sorpresa de los vecinos, hace un año, Concepción Dancausa, la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, anunció el cierre del centro de Casa de Campo y el traslado de los menores allí acogidos a otra nueva instalación que se estaba adaptando en un polígono de Barajas.

El pasado mes de mayo, la Comunidad de Madrid anunció que el centro se cerraría en noviembre. Un mes antes de esa fecha, sin embargo, Dancausa admitió que no se cumpliría el calendario de cierre y que este se postponía indefinidamente ante el nuevo requerimiento del Gobierno central de que todas las autonomías acogieran a menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.

"Ya no creo que volvamos a organizar concentraciones nosotros, como la cosa estuvo mejor, se desmovilizó mucho la gente y habría que levantarlo todo de cero y segundas partes nunca fueron buenas", se lamenta Javier.

"Nosotros hicimos un esfuerzo para que no hubiera un movimiento violento ni xenófobo y que todo se encauzara por medios democráticos, si no ha habido una sola agresión racista en todo este tiempo ha sido por nuestro trabajo", declara Alberto. "Pero no nos hicieron caso y, ahora, nosotros ya no vamos a estar detrás y no sabemos qué podrá pasar".

Es difícil constatar si esta percepción vecinal se traduce en datos sobre un aumento de criminalidad en la zona. Fuentes de Delegación de Gobierno afirman que no se ha identificado ningún incremento de delitos en ese área.

No obstante, la aparición de varias informaciones en prensa sobre robos en domicilios llevó a la Policía Nacional a elaborar un informe interno sobre ello en el barrio de Batán. La conclusión principal fue que la incidencia de este tipo de delitos en ese barrio no era particularmente alta y que se habían producido cuatro robos en noviembre, pero ninguno en diciembre. Solo el 7% de los robos con fuerza en domicilio ocurridos en el distrito de La Latina en 2022 habían tenido lugar en el barrio de Batán.

En cuanto a los robos con violencia e intimidación, la tendencia en todo el distrito de Latina -no existen datos desagregados por barrios- es de un claro descenso en los últimos años. Si sacamos de la ecuación al año 2020, anómalo por el confinamiento, vemos como en los tres últimos meses del año se produjeron en 2019 220 robos, en 2021, 138 y, este año, hasta el 27 de diciembre, había habido 110.

Los datos, a pesar de todo, podrían no ser demasiado ilustrativos, al estar Batán justo al límite entre los distritos de Latina y Moncloa-Aravaca, por lo que, si el delito se comete en el interior de la Casa de Campo, computaría en este último distrito.

Miembros de la Asociación de Vecinos Casa de Campo El Batán se reunieron hace unas semanas con representantes de Policía Nacional y Municipal para trasladarles la inquietud que estaba empezando a extenderse de nuevo por el barrio.

"Nos dijeron que, efectivamente, había unas denuncias y que había habido una serie de robos que estaban investigando y que se iban a poner los medios para que estos se evitara", declara Cándida Campiña, presidenta de la asociación.

- Los vecinos piden que se saque el centro del barrio, ¿es la solución trasladar a los menores a otra zona?

- "No es una cuestión de trasladarles", declara Campiña. "Yo creo que no se puede meter a los chicos en un sitio tan aislado y tan sumamente apartado de la ciudad porque tiene que haber una integración, ni tampoco pueden quedarse en la calle cuando cumplan los 18, lo que aquí falla realmente es el sistema".