El negocio sindical es ya impúdico, y solo está para ayudarle a Sánchez a instalar ideas perversas y empobrecedoras en la sociedad española
Las dos grandes centrales, receptoras de ingentes cantidades de dinero público, invierten juntas en salarios el doble que el Rey para toda su actividad
Los sindicatos CC.OO. y UGT se gastan solo en personal, cada uno de ellos, más de lo que los Presupuestos Generales del Estado reservan para la actividad de la Casa Real, sometida a unas exigencias de Transparencia que no son las mismas, además, para las centrales.
Según la documentación a la que ha accedido El Debate, las organizaciones dirigidas por José Álvarez y Unai Sordo dedican a sueldos de sus direcciones y plantillas cerca de 9 millones de euros anuales, una cifra en la práctica idéntica a la que Felipe VI tiene a su disposición cada año para mantener la actividad total de la Corona.
En concreto, la central más vinculada al PSOE desde su nacimiento, UGT, dedicó en 2021, el último año del que hay información cerrada, 8.697.041 millones de euros, una cifra superior a los 8.431.150 que el Jefe del Estado recibe anualmente «para el sostenimiento de su Familia y Casa», tal y como establece el artículo 65 de la Constitución.
En el caso de CC.OO., su Confederación Sindical dedicó a personal una cantidad muy parecida a la de su central hermana, y también ligeramente superior a la de todo el presupuesto de la Monarquía.
Gastos de personal del sindicato UGT
En concreto, 8.430.773 millones de euros, con cifras a 2019 reflejadas en una auditoría a la que ha accedido este periódico y que no es pública en la web del sindicato, donde tampoco es posible ya consultar datos de este tipo referidos a los ejercicios siguientes.
Los ingresos públicos de los sindicatos no son fáciles de recontar, pero solo de Yolanda Díaz tenían asignados 17 millones en subvenciones directas
A todos estos gastos en personal habría que sumarles, en ambos casos, las retribuciones de sus liberados sindicales, que soportan las administraciones y organismos donde fueron elegidos los mismos de entre sus trabajadores, todos empleados públicos.
Aunque no existe, sorprendentemente, un censo único que recuente cuántos trabajadores con retribución a cargo del contribuyente no prestan sus servicios y lo sustituyen por tareas sindicales, la CEOE se atrevió en su día a fijarlos en unos 9.000, una cifra nunca confirmada ni desmentida por nadie, con un coste para las arcas que podría alcanzar los 150 millones anuales.
Los salarios de los «jefes»
Sobre el destino de una parte de ese dinero a las cúpulas sindicales, no hay información precisa conocida: la Ley de Transparencia no obliga a las centrales a difundir las retribuciones de sus principales dirigentes, aunque nada se lo impide si quisieran hacerlo voluntariamente por dar ejemplo como receptores, desde sus organizaciones, de ingentes cantidades de dinero público vía subvenciones, programas y otros conductos también difíciles de conocer en su totalidad por la fragmentación de las convocatorias, de los convocantes y de los destinatarios, al organizarse los sindicatos en federaciones, fundaciones y otras herramientas administrativas.
Gastos del sindicato CCOO
La única aproximación al sueldo que podría estar cobrando el secretario general de la UGT procede de una decisión adoptada en su 43 Congreso, según la cual la retribución máxima de los miembros de la dirección sería de 48.000 euros brutos anuales, aunque no hay manera de certificar si eso se ha cumplido, si hay variaciones o si existen otros complementos y gastos que en la práctica mejoran esos ingresos.
Y lo mismo sucede con las subvenciones. La más conocida es la aprobada el pasado 8 de marzo en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, que elevó hasta los 17 millones de euros la cantidad reservada para los sindicatos, más del doble de lo concedido en el último año del Gobierno de Rajoy, 2018, con Fátima Báñez al frente de la cartera.
Pero esa cantidad solo refleja las subvenciones directas a la dirección nacional de los sindicatos, destinadas sobre todo a los dos hegemónicos, a la que hay que añadirle todos los ingresos de sus distintas delegaciones, por distintos conceptos y desde el conjunto de la Administración Central, Autonómica y Local, así como de otros organismos públicos.
Incluso hay otras partidas eventuales que benefician a los sindicatos, que viven una «edad de oro» como receptores de fondos públicos en plena crisis para el sector privado.
De ello da cuenta el gasto de 4,5 millones de euros en la reforma de la sede central de UGT, en la madrileña Avenida de América, así como la utilización previsible de Fondos Europeos para rehabilitar las oficinas de 42 delegaciones sindicales de toda España, incluidas por el Gobierno en su Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en concreto en el llamado «Componente 11 para la modernización de las Administraciones Públicas», propietarias de buena parte de ese patrimonio cedido en uso a las centrales.
Ayudas y silencios
En todo ese tiempo, CC.OO. y UGT han visto reforzado además su papel, recuperando su representatividad en la negociación colectiva, en detrimento de la negociación directa entre las empresas y sus empleados. Y han minimizado la respuesta y las protestas ante situaciones que, cuando gobernaba el PP y tenían menos enjundia, les hacían salir a la calle.
Un ejemplo paradigmático de ello son las cuatro jornadas de protesta convocadas en febrero de 2017 por CC.OO. y UGT para atacar la subida de la luz y la merma de poder adquisitivo de los trabajadores, con declaraciones como las vertidas por el secretario general del sindicato socialista, Pepe Álvarez, para justificar la reacción contra Rajoy:
«Hay un incremento absolutamente insoportable para una parte muy importante de los ciudadanos y ciudadanas de este país», dijo, y acusó al Gobierno popular de ser «insensible» a un drama que afectaba a «elementos fundamentales de la cesta, de los gastos del día a día».
Cuando eso ocurrió, el precio del megavatio estaba en torno a los 90 euros y el IPC en el 3 % y bajando. Después, con un 15 % de inflación real en la alimentación y el megavatio en tarifas de hasta 700 euros, un récord alcanzado en marzo de este año, el silencio sepulcral de los sindicatos fue su única reacción.
