Los expertos en arbitrajes cuentan a Vozpópuli que, en marzo de 2013, la por entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tuvo que cambiar de avión en Rabat en su viaje a Roma para el pontificado del Papa Francisco. El motivo de este extraño tránsito es que el Tango 01, la aeronave presidencial argentina, tenía una amenaza de embargo si pisaba Europa por las demandas perdidas del país con varios fondos de inversión.
"Esto podría pasar con el Falcon y el Reino de España", bromean los expertos de estas controversias internacionales. "Pero, atención, que cada vez hay que tomarlo más en serio", comentan. ¿El avión más icónico y mediático del presidente del Gobierno español corre peligro? Sin duda, sería victoria mediática para varias energéticas y fondos que presionan desde hace años a España. Como publicaba este medio, España es el país más moroso en el pago de arbitrajes tras Venezuela. Acumula un total de ocho laudos impagados con un valor total de 700 millones.
La gran mayoría son inversores en energía verde que apostaron su dinero por España, animados las primas a las renovables que había aprobado en 2007 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Unas primas que se cortaron de raíz en 2013, con Mariano Rajoy al mando, y las inversiones de aquellas firmas internacionales perdieron valor de forma instantánea. Estas empresas y fondos llegaron a reclamar a España cerca de 10.000 millones de euros.
Y, 10 años después, buscan todas las vías para que el Reino de España les devuelva su dinero, o algo con valor, tras sufrir en 2013 una confiscación de su inversión. "Las confiscaciones son ahora más sofisticadas que la imagen que hay de décadas pasadas de un camión de militares entrando a un edificio privado y diciendo que pasa a propiedad del Gobierno", comenta José María Viñals, socio de Comercio Internacional y Sanciones del bufete Squire Patton Boggs.
"Ahora se compra un activo con intención de sacarle un rédito a base de un precio, en este caso de kilovatio, que te retribuye el Estado y te lo bajan de forma unilateral a través del BOE. Se espera lograr un rendimiento, por ejemplo, de 100 millones de euros y, de un día para otro, el rendimiento pasa a ser de 50 millones, pues sientes que te han confiscado la valoración del activo", añade.
Estos inversores se sentían protegidos invirtiendo en España por el Tratado de la Carta de la Energía. Un tratado que consiste en asegurar las inversiones en aquellos países firmantes del acuerdo, como España, frente a posibles cambios severos de regulación, nacionalizaciones o confiscaciones en los países en los que se invierte.
Estos inversores también consideran que se ha vulnerado la protección de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), acuerdos que sirven para que no exista expropiación o que se cumplan los contratos entre los países firmantes de pactos bilaterales.
Las confiscaciones son ahora más sofisticadas que la imagen que hay de décadas pasadas de un camión de militares entrando a un edificio privado y diciendo que pasa a propiedad del GobiernoJosé María Viñals (Squire Patton Boggs)
El problema que tienen estos demandantes es que se han topado con la justicia europea. En 2021, la 'sentencia Komstroy' del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) les daba un gran golpe a los inversores en su punto 60. "La cuestión es que en controversias entre Estado miembro e inversor de estado miembro, el hecho de la existencia de tratados internacionales de arbitraje no supone, en modo alguno, que se deje de aplicar el derecho comunitario", afirmaba.
Una declaración a la que se agarra España para no pagar ni un solo arbitraje perdido. Y que se suma a los argumentos que le daba el 'caso Achmea', que dejaba en fuera de juego a todos los inversores que quisieran cargar contra alguno de los miembros de la Unión Europea agarrándose al Tratado de la Carta de la Energía. Otro hito que marcó el arbitraje de inversión intracomunitario fue el 'caso PL Holdings' contra Polonia en octubre en 2021. Por último, se añade el 'caso Micula' contra Rumania en 2015, donde la Comisión Europea aseguró que una indemnización por un laudo arbitral es una ayuda estatal incompatible con el mercado interior de la Unión.
Plan b: Estados Unidos
Estas tres sentencias dan poca esperanza a empresas como Antin, RWE, NextEra, Infrared o Toyota, afectados por el cambio a la retribución a las renovables de 2013, que abran un arbitraje contra España en cortes arbitrales como el CIADI o la Cámara de Comercio de Estocolmo. Porque, por mucho que logren alguna victoria, los precedentes en Europa les cierran la puerta a lograr su objetivo: cobrar la indemnización de España. "Muchos de estos inversores, ante la imposibilidad de obtener el reconocimiento y, en su caso, la ejecución de sus laudos en Estados miembros de la Unión Europea", comenta Miguel Ángel Serrano, experto en derecho mercantil y árbitro internacional.
"En Estados Unidos se consideran con jurisdicción en todo el mundo", detalla Serrano. "Pueden dar instrucciones o dictar órdenes conminatorias para que se adopten ciertas medidas tendentes a garantizar o para asegurar el pago por parte del Reino de España de las cantidades a que ascienden las condenas económicas contenidas en esos laudos vinculados con las renovables e incluso, dictar también decisiones requiriendo directamente dicho pago", puntualiza Serrano.
Y sus movimientos en Estados Unidos están avanzando. Según adelantó Álvaro G. Zarzalejos en el diario Expansión el pasado mes de febrero, un tribunal estadounidense ordenó a España que no intentara bloquear la ejecución de un laudo de 290 millones que perdió con la energética NextEra. Es decir, que el Reino de España no recurra a las cortes de apelación para no pagar, porque esta tribunal se ve con potestad para obligarle a pagar esa cuantía a la energética.
Y esto sería un efecto llamada para el resto. Un hecho que se suma a que empresas como por ejemplo Eiser, con laudo favorable en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con sede en Washington. Un proceso que se ha presentado a los tribunales domésticos de Estados Unidos para solicitar la ejecución de los bienes inmuebles del Estado español en territorio estadounidense.
¿Pueden embargar el Falcon?
Esos dos movimientos son los que podrían empujar a la justicia de Estados Unidos a embargar bienes a España. Las leyes internacionales no permiten ejecutar bienes de las misiones diplomáticas y oficinas consulares, bienes militares, bienes del Banco Central, bienes culturales, bienes de una exposición que no estén destinados a la venta.
Con esta descripción, el Falcon, si se considera de usos oficiales, no podría ser requisado. También, como recuerda alguno de los expertos, porque es avión se utiliza para radios cortos y extraño su uso para viajar hasta Estados Unidos.
España es un deudor apetecible y 700 millones es una cuantía baja para un país como España
Pero en el terreno de los embargos internacionales, como recuerdan los expertos, se ha llegado a embargar un buque escuela de la Armada argentina durante tres meses en Ghana y, tras reconocer el error, fue devuelto de manera inmediata. "El escándalo y la pena del telediario no se la quitó nadie", apuntan.
"Se puede embargar las reservas que tiene España en Estados Unidos", apunta Viñals. "España es un deudor apetecible y 700 millones es una cuantía baja para un país como España. Por lo tanto, existe la opción de consignar esos 700 millones para esos procedimientos de fuera de la Unión Europea", expone el experto de Squire Patton Boggs.
Una vía para protegerse de los reiterados titulares que dejan a España como 'un mal perdedor'. Aunque tanto empresas como fondos seguirán presionando para lograr cobrar algo de lo que consideran un trato injusto. Y, si pudiera ser con un golpe mediático como el Falcon, mejor que mejor para sus intereses.
