La deuda neta de la Seguridad Social con el Estado cerrará el año en torno a los 99.544 millones de euros según las estimaciones de Fedea. Eso supone un crecimiento del 88,3% en cuatro años. El centro de estudios creado por el exgobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, incluye en su análisis los datos de las prestaciones, especialmente pensiones, de las mutualidades de funcionarios (incorporados al régimen general de cotizaciones desde 2011) en lo que denomina la Seguridad Social Ampliada. Aunque el estudio reconoce el impacto del Covid-19 en la evolución al alza de las prestaciones señala que, tras el fin de la pandemia, «la deuda ha continuado aumentando».
Para resolver esta situación no parece que el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) vaya a servir de mucho, aunque en su primer año de aplicación supondrá unos ingresos de 2.492 millones de euros.
En opinión de los analistas, «incluso con la ayuda de las cuotas extraordinarias del MEI no hay un excedente real que se pueda ingresar» en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Por tanto, añade Fedea: «Lo que estamos haciendo es emitir más deuda para financiar una aportación ficticia del mismo».
Déficit global
Se mire por donde se mire, el problema básico del actual sistema de Seguridad Social es su déficit; es decir, los ingresos no cubren los gastos que suponen las prestaciones por enfermedad, maternidad o paternidad, jubilación… De hecho, el análisis de Fedea reconoce tres niveles de déficit diferentes en el sistema. Por un lado, el déficit presupuestario, calculado como la diferencia entre ingresos y gastos no financieros.
En segundo lugar, el déficit básico, el que calcula esa misma diferencia pero sin tener en cuenta las llamadas transferencias del Estado en la cuenta de ingresos. Eso permite medir los recursos que el Estado debe aportar a la Seguridad Social Ampliada (incluidos funcionarios) para cubrir todas sus actividades. De hecho, según los datos aportados por Fedea, en 2023 las transferencias corrientes alcanzarán los 34.559 millones de euros al final de este año; lo que supondrá un incremento del 120,6% desde 2019. En paralelo, las transferencias de capital aportadas por el estado a la Seguridad Social se situarán al cierre del presente ejercicio en 186 millones lo que supone multiplicar por nueve la cifra de hace cuatro años.
A estos indicadores, Fedea añade uno nuevo: el déficit contributivo. Con este indicador, los analistas buscan reflejar el dinero que se destina a complementar las prestaciones contributivas a las que, dice, «en principio no habría por qué subvencionar», ya que solo tienen acceso a ellas los trabajadores que han cotizado a la Seguridad Social los años suficientes. Es decir, se trata de ver cuántos fondos destina el Estado a cubrir las de incapacidad temporal por enfermedad o accidente, las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgos por embarazo, la asistencia sanitaria de las Mutuas en caso de accidente o enfermedad profesional, etc.
Para calcularla, los analistas se centran en las cotizaciones sociales sobre rentas del trabajo que realizan los cotizantes «por debajo del umbral de no contributividad». O lo que es lo mismo, las cotizaciones necesarias para generar la pensión máxima. Eso supone, para Fedea, que más allá de ese límite, «las cotizaciones sociales dejan de ser salario diferido y se convierten en un impuesto puro y duro», el que la propia Fedea denomina el Impuesto de Seguridad Social.
Si a esas cotizaciones se suman las tasas y otros ingresos ordinarios del sistema, los ingresos contributivos para 2023 alcanzarán los 137.217 millones de euros.
Frente a ello, los llamados gastos contributivos -los destinados a las prestaciones contributivas y los gastos administrativos- alcanzan los 185.565 millones.
Por tanto, la diferencia entre los llamados gastos e ingresos contributivos será la que cubra, al menos en parte, ese Impuesto de Seguridad Social que supone la sobre cotización para «las rentas de trabajo superiores a la pensión máxima».
Las transferencias se duplican
Todo ello se traduce en que el gasto en pensiones contributivas ha superado en más del 30% a los ingresos contributivos puros. Lo que, según los datos de 2022 y 2023 sitúa el déficit contributivo de la Seguridad Social (incluidos los funcionarios y sus mutualidades) en torno a los 48.000 millones de euros. O, lo que es lo mismo, al 4% del Producto Interior Bruto (PIB) español.
Para hacer frente a esa situación, el sistema se ha financiado por tres vías. Por un lado, las sobre cotizaciones de los sueldos más altos (por encima de lo necesario para percibir la pensión máxima) o, como lo llama Fedea, el Impuesto de Seguridad Social, aportan entre 6.000 y 7.000 millones anuales.
A ello se suman las Transferencias del Estado que se han más que duplicado (crecen en 20.000 millones desde 2019) hasta alcanzar los 35.000 millones de euros.
Y, finalmente, la «emisión directa de deuda de la Seguridad Social Ampliada», que, tal como recogen se ha reducido en unos 10.000 millones «a costa, presumiblemente, de una mayor emisión de deuda del Estado»concluyen.
