El Ayuntamiento de Barcelona ha cancelado el contrato con Ricstark 23 SL, la empresa novel a la que adjudicó la seguridad de La Vuelta Ciclista a España 2023 a su paso por la Ciudad Condal. Lo ha hecho a tan solo dos días de la presentación del macroevento deportivo, según ha confirmado a Crónica Global el administrador único de la compañía ganadora del concurso público, Ricard Gómez Casterlanas, tras el revuelo causado en el sector de la seguridad privada.
Como explicó este medio, la plataforma mayoritaria en el sector de la seguridad privada, ADN Sindical Seguridad y Servicios de Cataluña, denunció que la caravana de la competición estaba “expuesta” y sin vigilantes tras la contratación de una empresa “low cost”. De hecho, el sindicato llevó el presunto caso de intrusismo laboral ante el Departamento de Interior. También a la Oficina Antifraude, al entender que pudo haber una “mala praxis” por parte del consistorio al adjudicar una licitación pública a Ricstark 23 SL, una empresa que legalmente no puede realizar los servicios licitados.
Los pliegos, claros
El motivo reside, tal y como denunció el sindicato, en que la actividad de esta sociedad limitada se ciñe a la prestación de servicios, pero en ningún caso se trata de una empresa de seguridad privada homologada por el Ministerio del Interior.
Aunque los pliegos podían dar pie a confusión, pues solo precisan que el contrato público tiene como objeto “la contratación de los servicios necesarios para la seguridad de materiales y accesos a espacios de los acontecimientos que le corresponden a Barcelona como sede de La Vuelta a España en su edición 2023”, a renglón seguido especifican que la empresa debe cubrir los servicios de seguridad. En concreto, se precisaba que debía asumir la seguridad de la presentación de los equipos, la salida y llegada de la primera etapa, la llegada de la segunda etapa y del centro neurálgico de La Vuelta (como la sala de prensa y el centro de acreditaciones). Y añadía: su cometido es “garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los deportistas”, controlando los pasos y los accesos a las zonas restringidas.
Jesus Herrada (Cofidis), celebra su victoria en la séptima etapa de La Vuelta Ciclista a España de 2022 LUIS ANGEL GOMEZ - EUROPA PRESS
“Todo ha sido un malentendido”
Aun así, Ricard Gómez sostiene que se presentó a la licitación porque había funciones que sí podía desempeñar, como labores de conserjería, mantenimiento y recepción. “Nosotros somos una empresa novel, que estamos comenzando a licitar, y vimos que había muchas posiciones”, expresa en una conversación con este medio, en la que asegura que no quiso usurpar el concurso público enfocado a empresas del sector de la seguridad privada. Pese a ello, si el Ayuntamiento de Barcelona hubiese sido más preciso o hubiese “filtrado” las candidaturas, subraya, su empresa no se habría colado en la polémica licitación.
Gómez, que trabajó durante cinco años en una empresa de seguridad privada, sostiene que está al corriente de los requisitos que se tienen que cumplir a la hora de licitar, pero precisa que “no se pedían en esta licitación en concreto, como puede ser un director de seguridad que responda por la empresa, los TIPS de vigilantes de seguridad o que los trabajadores porten una tarjeta de identidad profesional de vigilante de seguridad habilitado, entre otros”.
Reitera que si la licitación detallara de forma clara e inequívoca que se buscaba a una empresa de seguridad privada, Ricstark 23 SL no se hubiese presentado al concurso público, pero que en este caso, para suplir las funciones de seguridad, podía no solo optar a la licitación, sino subcontratar a otra compañía que resolviera estos servicios. Lo achaca, dice, al desconocimiento del Ayuntamiento de Barcelona en cuanto al sector de la seguridad privada. “Todo ha sido un error, un malentendido”, asegura el administrador, cuya empresa se ha caído de La Vuelta.
“Los Mossos apretaron”
Gómez asegura que el martes por la noche desde el consistorio le comunicaron que su empresa no podría seguir trabajando en la organización del evento deportivo porque “los Mossos d’Esquadra estaban apretando”. Fue el miércoles por la mañana, a escasos dos días de la presentación, cuando el Ayuntamiento de Barcelona y Ricstark 23 SL decidieron de mutuo acuerdo poner fin a la relación contractual.
El administrador denuncia que la policía catalana se presentó hasta una docena de veces mientras estaban trabajando para saber si desempeñaban funciones de seguridad privada y que abrieron hasta cinco actas. “Nos hicieron varias inspecciones desde el Departamento de Seguridad Privada de Mossos d’Esquadra y sí que tienen razón en que la licitación era en su totalidad para seguridad privada, lo cual nosotros desconocíamos”, se disculpa Gómez.
"Fardan de servicios de seguridad"
Sin embargo, fuentes del sector de la seguridad privada aseguran a este medio que los pliegos especificaban claramente que el concurso iba destinado a empresas de este ámbito y que no hay cabida a error por ninguna de las dos partes implicadas. Por un lado, denuncian que Gómez farda a través de su cuenta de LinkedIn de servicios de vigilancia y acompañamiento, incluso a jugadores del FC Barcelona, que su empresa no puede desempeñar.
Perfil de la empresa Ricstark 23, en el que se ofrecen servicios de seguridad LINKEDIN
Por otro, ADN Sindical se puso a disposición del consistorio para advertirle del error y asesorarle sobre la licitación. En concreto, mantuvieron contacto con el coordinador de eventos deportivos de la Dirección de Promoción y Eventos Deportivos, llegando a subsanar errores en los pliegos.
Precisamente, el expediente que ha quedado cancelado lo tramitó el Institut Barcelona Esports por una cuantía de 38.115 euros. Crónica Global se ha puesto en contacto con Carles Vallès Casademont, coordinador de eventos deportivos del Ayuntamiento de Barcelona, que ha declinado hacer declaraciones sobre lo sucedido. Por su parte, el consistorio se ha limitado a decir que ha contratado para la seguridad a la empresa Wakeful Services, sin mencionar el desacierto anterior.
Sin noticias del consistorio
Por su parte, Gómez expresa que la rescisión del contrato es “un golpe duro para una empresa que está empezando, ya que se trataba de una oportunidad de renombre para el futuro”.
Aunque asegura que el ayuntamiento ha quedado satisfecho con los días de trabajo, pues “en ningún momento ha peligrado el servicio”, y espera que vuelvan a llamarlo “con todo en regla” en un futuro, reconoce que desde que se canceló su colaboración no ha vuelto a tener noticias del consistorio. “Hemos desaparecido para ellos, pero no ha sido más que un error, un malentendido”.
