Nuevo récord de gasto de Sánchez en asesores: 55 millones, el doble que en 'investigación científica'

Vozpopuli 

El gasto de Sánchez en asesores es superior a lo destinado a atención a la infancia y las familias (50,7 millones) y está 24 millones por encima de lo que gastaba Mariano Rajoy

Pedro Sánchez en un acto del PSOE en Granada EFE

Si Pedro Sánchez fuese entrenador de fútbol, pondría a 22 jugadores en la alineación. Al presidente del Gobierno le gusta estar bien rodeado, tanto que su Ejército de asesores es ya legendario. Y es que otro de los motivos por los que Sánchez pasara a la historia es el séquito de 390 asesores que trabajan para él y Presidencia, más que para ningún otro presidente del Gobierno. Los registros de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) consultados por Vozpópuli vuelven a situar al Gobierno progresista de Pedro Sánchez como el más derrochador, gastando en asesores 55 millones de euros solo entre enero y septiembre de este año, 24 más que Rajoy en su último año al frente del Ejecutivo.

Nunca un Ejecutivo nacional gastó tanto dinero en personal eventual como demuestran los datos de que dispone el Ministerio de Hacienda. Hace solo un año, en el mismo período de tiempo, el Gobierno de Sánchez destinó 51,6 millones de euros a pagar las nóminas de los asesores. Aquella cifra ya supuso todo un récord histórico, y ahora ha crecido en 3,5 millones más. Los últimos datos disponibles, presentados en primicia por este diario, demuestran que para el Gobierno de coalición trabaja un total de 801 asesores.

Para que el lector se haga una idea de las dimensiones económicas de este gasto, el dinero que destina ahora el Ejecutivo de Sánchez en asesores es superior a la partida para la atención a la infancia y las familias (50,7 millones); más del doble de la destinada a la partida del Ministerio de Ciencia dedicada a 'investigación científica' (24,1 millones) -el gasto en otras investigaciones que también podrían entenderse como científicas se divide en múltiples partidas y es superior-; cuatro veces lo que se destinará a aumentar la capacidad de respuesta de nuestro sistema a crisis sanitarias (13,4 millones); y es mayor que el gasto en Salud Digital (29,9 millones), en el Plan Nacional sobre Drogas (45 millones), bibliotecas (6,9 millones) o promoción del libro (14,2 millones).

Gasto en asesores / Vanesa Nérida.Vanesa Nérida.

La serie histórica muestra con claridad que Sánchez es el líder gubernamental que más ha destinado a asesores. El anterior inquilino de la Moncloa, Mariano Rajoy, gastó en todo 2017 (38 millones). Es decir, 17 millones de euros menos que lo que lleva el PSOE en solo nueve meses este año.

Otro gasto que no deja de crecer con Pedro Sánchez es el salario de los altos cargos. En los primeros nueve meses de este año, el Ejecutivo ha invertido 70,6 millones de euros en pagar a altos cargos, dos millones más que lo destinado en 2022.

La llegada de Sánchez (y Podemos) a Moncloa

Los años de Sánchez han sido los más derrochadores en esta cuestión. Los años que más dinero gastó nuestro país en asesores fueron 2023 (55 millones), 2022 (51,6 millones) y 2021 (48 millones), todos con Pedro Sánchez en Moncloa. Como se puede comprobar en el gráfico, el crecimiento ha sido constante año tras año.

En 2020, cuando la pandemia de covid-19 nos tuvo gran parte del año encerrados en casa, el presidente socialista dedicó 42,6 millones de euros a personal eventual. Esta cifra es muy superior a la de años anteriores, pero está lejos de los 55 millones (13 millones más) que este año lleva gastado el Ejecutivo. Antes del aterrizaje de la extrema izquierda en el Ejecutivo, el Gobierno socialista acumulaba, en septiembre de 2019, un gasto de 38,8 millones. O sea, 16 millones menos que este año. La multiplicación de los ministerios como los panes y los peces ha tenido un efecto crucial en cómo se ha disparado este gasto.

Retrocediendo a 2018, cuando Mariano Rajoy y Pedro Sánchez compartieron la Moncloa, los registros del IGAE apuntan a un gasto de 31,3 millones en personal eventual. Parece claro que eran otros tiempos, no solo por el gasto destinado a asesores, sino también a altos cargos. En septiembre de aquel año, el Gobierno llevaba pagados 56 millones de euros a este colectivo, 16 millones menos que en este 2022.

Los años de la austeridad: Rajoy y Zapatero

Como se ha señalado anteriormente, el austero Rajoy gastó en su último año completo como presidente (2017) 30,8 millones en asesores. Eso sí, no podemos olvidar que el exlíder del Partido Popular ejecutaba las mismas tareas que Sánchez, con 12 carteras ministeriales menos (11 frente a las 23 que requiere el socialista).

En 2016, Rajoy destinó a este fin todavía menos dinero, 35,5 millones para todo el año (28,4 millones entre enero y septiembre, casi la mitad que ahora). Durante la primera legislatura del líder popular (2011-2015), marcadas por las políticas de austeridad impuestas por Europa, la inversión en personal eventual rondó los 28 millones. El primer año, de hecho, ni se superaron los 26 millones entre enero y septiembre, llegando a los 31,7 millones al finalizar 2011.

El expresidente y firme aliado sanchista José Luis Rodríguez Zapatero gastaba más en personal eventual que Rajoy. Sus cifras, no obstante, siguen lejos del ahora defensor de la amnistía a Puigdemont y los CDR. Entre 2008 y 2011, el Gobierno exlíder del PSOE gastó de media 30 millones los primeros 9 meses del año. En su primer año al frente del Ejecutivo, el equipo de Zapatero pagó 21,6 millones en asesores, 34 millones menos que el actual Gobierno de Sánchez.

Bruselas presiona por carta al Gobierno para que publique los 100 mayores beneficiarios de fondos UE

 Vozpopuli

Recuerda a los cuatro países que no han publicado la lista su obligación legal de hacerlo

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Europa Press

La Comisión Europea ha enviado una carta al Gobierno ante el retraso que acumula en la publicación de la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos Next Generation EU. Los Estados miembros están obligados a difundirla dos veces al año y el 85% de los países ya lo han hecho al menos una vez. Sólo España y otros tres países (Francia, Luxemburgo e Irlanda) no han cumplido con esta medida de transparencia. España está en el foco al ser el que más dinero recibirá a fondo perdido (alrededor de 80.000 millones de los que ya ha ingresado 37.000 millones).

En este sentido, el pasado 31 de octubre la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y miembro del Grupo de Trabajo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de las Comisiones ECON-BUDG, Eva Poptcheva, envió una carta al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y al comisario de Economía, Paolo Gentiloni, para instarles a actuar.

En el escrito, la también eurodiputada del grupo Renew Europe (Ciudadanos) pedía "encarecidamente" a la Comisión que "remitan una carta formal al Gobierno de España, así como al de los cuatro otros Estados miembros que no han publicado la lista de los 100 mayores perceptores finales de los fondos del MRR, instándoles a hacerlo inmediatamente, y advirtiéndoles que de lo contrario la Comisión iniciará un procedimiento de infracción por incumplimiento de la normativa europea".

En la respuesta, enviada este 8 de noviembre y a la que también ha tenido acceso Vozpópuli, la Comisión Europea informa de que sólo cuatro países no han publicado todavía esta información, y entendiendo que tienen intención de hacerlo de forma ordenada, "se les ha enviado una carta para recordarles su obligación legal de publicar los datos y solicitarles que lo hagan lo antes posible".

En el documento, firmado por Dombrovskis y Gentiloni, también se recuerda que "efectivamente los Estados miembros tienen la obligación de publicar los 100 mayores receptores dos veces al año" y "el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no establece una fecha límite para esas actualizaciones", pero la Comisión sugirió en febrero, cuando se aprobó la medida, "que esas actualizaciones coincidan con los informes semestrales de abril y octubre", tal y como informó este periódico.

"Además de publicar estos datos en los portales de los Estados miembros, la Comisión los centralizará. Estos datos deberán actualizarse dos veces al año, y la Comisión tratará de alinear el calendario de las actualizaciones con los actuales informes semestrales de abril y octubre. El primer ejercicio de recopilación de información se realizará en paralelo al informe semestral de abril de 2023", reza el documento publicado en febrero por la Comisión, con las orientaciones a los países.

"Damos gran importancia a la publicación de los datos sobre los mayores destinatarios finales, ya que es un elemento clave para mejorar la transparencia en la implementación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y nuestros servicios seguirán apoyando a los Estados miembros en este ejercicio de presentación de informes", añaden el vicepresidente y comisario de Economía de la Comisión en la respuesta enviada a Poptcheva este miércoles.

Bruselas lleva meses pidiendo la lista

Antes de esta comunicación escrita, la Comisión Europea ya había enviado varias advertencias verbales a España y el resto de países 'incumplidores', tal y como ha informado Vozpópuli. El pasado mes de julio, durante la reunión con los eurodiputados de las comisiones de Presupuestos y Asuntos Económicos, se preguntó por primera vez al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, por el retraso de España. "Nos estamos dirigiendo a los Estados miembros que todavía no han enviado la lista, pidiéndoles que proporcionen la información", aseguró.

En aquel momento habían publicado sus listas 14 países. En la primera semana de octubre, cuando se celebró otra reunión de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, ya lo habían hecho 19, mientras que otros ocho seguían pendientes. Entonces, Gentiloni y Dombrovskis informaron de nuevo de que se habían dirigido a esos Estados miembros para solicitarles que difundieran los listados, pero fueron más allá y marcaron una fecha límite: el 15 de octubre.

"En recientes reuniones con Estados miembros recordamos que el 15 de octubre es la fecha límite y si no se respeta emprenderemos acciones legales al respecto", dijo Gentiloni. "Estamos en contacto con los Estados miembros que aún no han publicado los 100 mayores beneficiarios y les estamos instando a que los publiquen sin demora y a más tardar el 15 de octubre", señaló también Dombrovskis.

Tras ese ultimátum, otros cuatro países publicaron la primera edición de los 100 mayores beneficiarios (Bulgaria, Dinamarca, Rumanía y Países Bajos). De esta forma, ya son 23 los Estados miembros que han adoptado esta medida de transparencia, impulsada por la eurodiputada de Ciudadanos Eva Poptcheva. Sin embargo, la fecha ya ha pasado y los listados de cuatro países, entre ellos España, siguen sin ser públicos. Desde el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño llevan semanas asegurando que lo harán "próximamente".

En la resolución del Parlamento Europeo sobre la gestión del Presupuesto General de la UE en 2021, emitida en mayo y publicada en la página web de la Comisión el pasado 24 de agosto, la Eurocámara ya pidió al Ejecutivo comunitario que se tomaran las medidas oportunas para que todos los Estados miembros aplicaran adecuadamente la disposición.

Poptcheva explica que "el siguiente paso sería iniciar un procedimiento de infracción, el instrumento que tiene a su disposición la Comisión Europea para hacer valer las normas de la UE, y que daría lugar a multas o sanciones". Sin embargo, la eurodiputada aclara que se trata de un procedimiento largo y ve probable que España publique antes su lista. "Es más un tema reputacional, especialmente en medio de la Presidencia del Consejo de la UE", añade.

El triple de dinero que los otros países

El caso de nuestro país es especialmente llamativo no sólo porque es el Estado miembro que más dinero a fondo perdido puede recibir (alrededor de 80.000 millones), sino porque hasta hace poco era el que más había recibido. Ahora el Gobierno acumula un retraso de medio año en la petición del cuarto pago y eso ha llevado a Italia a tomar la delantera, pero España ya ha ingresado 37.000 millones de euros de estos fondos.

Esa cifra dista mucho de los fondos recibidos por los otros tres países que no han publicado aún sus listados. De hecho, Irlanda no ha recibido todavía ni un euro de los Next Generation EU y tiene asignada una cuantía muy pequeña, 900 millones. Bruselas tampoco ha efectuado aún ningún desembolso a Hungría, Polonia, Suecia y Países Bajos, pero estos sí han publicado las listas; igual que Estonia y Bélgica, que sólo han recibido una prefinanciación.

En cuanto a Luxemburgo, Bruselas le ha transferido un total de 32 millones de euros hasta la fecha, es decir, mil veces menos que a España (37.000 millones). Tras una prefinanciación en 2021, la Comisión autorizó el primer pago en junio de este año. Lo máximo que puede pedir este Estado miembro en subvenciones de los Next Generation EU es 83 millones, frente a los 80.000 millones de España.

Más destacable es el caso de Francia, que ya ha recibido una prefinanciación por 5.100 millones y un primer pago por 7.400 millones. Ha pedido un segundo pago por 10.000 millones, pero Bruselas aún no ha dado luz verde. En todo caso, el total de fondos transferidos al país vecino (12.500 millones) sigue siendo inferior al de España, una tercera parte. Hasta 2026 puede captar 40.000 millones en subvenciones, la mitad que nuestro país.

Islandia declara el estado de emergencia ante la posibilidad de una erupción volcánica

 LaRazon

Las autoridades han evacuado la zona, destacando la incertidumbre sobre si el magma alcanzará la superficie

La acumulación de magma subterráneo ha experimentado "cambios significativos" tras una serie de movimientos sísmicos cerca de Grindavík, un pueblo habitado por casi 4.000 personas, informa la Oficina Meteorológica. La autoridad de Protección Civil de Islandia ha decretado el estado de emergencia debido a los indicios de una potencial erupción volcánica, desencadenados por una serie de terremotos en la región.

Según un comunicado de la IMO, "en este momento, no se puede determinar con certeza si el magma alcanzará la superficie y dónde. Hay señales de que una cantidad considerable de magma se está desplazando en un área desde Sundhnjukagigum en el norte hacia Grindavik". Además, han destacado que "la cantidad de magma involucrada es considerablemente mayor que la observada en intrusiones de magma asociadas con erupciones en Fagradalsfjall". Se están recopilando más datos para elaborar modelos que ofrezcan una imagen más precisa de la intrusión de magma, han aclarado las autoridades.

Desde finales de octubre, la península de Reykjanes, donde se ubica el volcán Fagradalsfjall, ha experimentado miles de temblores. El jueves, la popular piscina geotérmica Blue Lagoon cerró sus puertas debido al riesgo que representaban los temblores, generando preocupación para los visitantes y el personal. Fagradalsfjall y Eyjafjallajokull En 2021, la atención mundial se centró en Fagradalsfjall, situado a unos 40 kilómetros de Reikiavik, cuando este sistema volcánico entró en erupción por primera vez en casi 800 años.

Islandia ha experimentado eventos volcánicos con cierta regularidad en los últimos años; de hecho, hace dos años, las autoridades solicitaron a los curiosos que se mantuvieran a una distancia segura para evitar riesgos, ya que los turistas se congregaban para capturar fotografías. En 2010, la erupción del volcán Eyjafjallajokull generó impactantes imágenes de humo y ceniza, y provocó el caos en Europa al paralizar el tráfico en todo el continente. Aunque Islandia cuenta con alrededor de 130 volcanes, solo unos 30 presentan actividad en la actualidad. El país se destaca por sus sistemas de detección temprana, lo que minimiza el riesgo para la población. Como ocurrió este sábado, las autoridades no dudan en evacuar las zonas cercanas ante indicios de una posible erupción.

Un joven de 17 años es asesinado a golpes en una escuela secundaria de Estados Unidos

 Larazon

El vídeo de la agresión se ha viralizado recientemente en redes sociales, pero los hechos ocurrieron el pasado 1 de noviembre

En un trágico suceso, un joven adolescente ha perdido la vida días después de ser brutalmente golpeado por una gran pandilla de matones cerca de una escuela secundaria en Las Vegas.

La agresión tuvo lugar el 1 de noviembre cerca de Rancho High School, cuando Jonathan Lewis (17 años) fue golpeado por alrededor de quince jóvenes. Según una página de GoFundMe creada por su familia, parece que fue blanco de la violencia después de defender a un amigo más pequeño que acababa de ser robado por este grupo de personas.

La Policía encontró al joven alrededor de las 14:05 de ese día, sangrando por la cabeza. Fue trasladado al Centro Médico Universitario, donde quedó en soporte vital y falleció el martes después de varios intentos por parte de los médicos para salvar su vida.

El padre del joven, también llamado Jonathan Lewis, expresó su deseo de que los atacantes de su hijo encuentren el perdón en sus corazones y puedan llegar a aceptar las consecuencias de sus acciones. En declaraciones a medios locales, Lewis mencionó que su hijo solía mantenerse al margen y tenía planes de mudarse a Austin (Texas) para estar con él. El adolescente residía con su madre en Las Vegas en el momento de su trágica muerte.

En el vídeo de la pelea se aprecia a un grupo de más de diez personas golpeando al joven de 17 años mientras yace en el suelo. Al menos dos adolescentes están cerca, grabando el ataque con sus teléfonos móviles.

Las personas sin hogar se disparan un 56% en 8 años en Barcelona y crecen las trabas para empadronarse: "Les piden una dirección"

 20Minutos

Pintada de pisadas simbólica dentro del acto en recuerdo a los sintecho fallecidos este año en Barcelona organizado por Arrels.

MIQUEL TAVERNA

El número de personas sin hogar en Barcelona sigue aumentando. Según el Ayuntamiento, en 2023 se han contabilizado hasta 1.149 personas en las calles de la capital catalana, lo que supone un incremento del 56,5% en ocho años (en 2015, el consistorio registró una cifra de 734).

El aumento de las personas que duermen al raso empezó a crecer antes de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, entre el 2015 y 2019. Entonces, las cifras crecieron en 303 personas, unos datos que suponían un 41,2% más, mientras que en 2020 y 2021, los años en los que la pandemia apareció y afectó más, el consistorio contabilizó 1.000 y 939 personas respectivamente.

Pero el aumento no se quedó ahí. En 2022 la cifra superó el millar y alcanzó las 1.043 personas. Finalmente, este 2023 ha llegado hasta las 1.149. Por ello, la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Maria Eugènia Gay, ha defendido que la situación necesita "un abordaje supramunicipal y de políticas de corresponsabilidad" con el sistema sanitario, de protección a la infancia y con políticas de acogida e inserción laboral.

Obstáculos burocráticos

Al problema del incremento de personas sintecho en las calles de la ciudad, se suma la dificultad para empadronarlas tal y como explica a 20minutos la Fundació Arrels.  Según Bea Fernández, del equipo jurídico de la fundación, las personas sin hogar pueden empadronarse, pero cada vez tienen más trabas: "Tienen criterios diferentes, les piden una dirección exacta o un informe de los servicios sociales", explica Fernández. 

De hecho, ella contabiliza tres nuevos obstáculos. El primero es el procedimiento, que ha cambiado y ahora es más exigente. Segundo, es que en muchas ocasiones piden a las personas sin hogar que presenten un informe de los servicios sociales que acredite que duermen en una dirección determinada, un proceso que puede tardar hasta tres meses y que en muchas ocasiones es poco útil, puesto que estas personas no siempre se mantienen en un mismo lugar.

Y, tercero, es que, en otros casos, las Oficinas de Atención Ciudadana derivan a aquellos que piden el empadronamiento al Servicio de Inserción Social (SIS). El problema es que al llegar ahí no pueden ser atendidos porque no están empadronados. "Es un pez que se muerde la cola", apunta Fernández.

Por ello, la Fundació Arrels se encuentra en estos momentos haciendo una "recogida casuística" para determinar qué es lo que está pasando, ya que la dificultad para obtener patrones afecta directamente a la calidad de vida de estas personas, que no pueden acceder a los servicios básicos, como son la sanidad o, en el caso de que tengan hijos, la educación sin un patrón.

Huérfanos de una ley que les proteja 

Pero, además de estas medidas, diversas entidades sociales como Arrels, Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials o Assís Centre d'Acollida reclaman al Parlament aprobar una ley urgente inmediatamente para erradicar el sinhogarismo. "A pesar de su vulnerabilidad, a diferencia de otros colectivos, las personas sin hogar no tienen ninguna ley específica para corregir su situación", denuncian en el manifiesto que recoge 'Una ley para las personas sin hogar. Una ley de dignidad'.

"Son huérfanos de una legislación que les proteja", asegura el director de la propuesta de ley y catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), Antoni Milan. Además, las entidades señalan que el perfil de la persona sin hogar ya no sigue un patrón marcado: jóvenes, ancianos, familias, familias monoparentales, gente con trabajo, españoles o extranjeros, enfermos mentales... "No respeta a nadie", dicen.

La proposición de ley contempla, entre otras cosas, facilitar el ejercicio de derechos ya existentes, como es el empadronamiento. Un trámite que desde el Síndic de Greuges denuncian que se está dificultando. Por ello, ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Barcelona. Según la sindicatura, la tramitación de los Informes de Conocimiento de Residencia (ICR), un documento necesario para que las personas sin hogar consigan el empadronamiento, se ha complicado.

Menores violentos: ¿a qué se debe este fenómeno en aumento?

 Cronica Global

Un grupo de adolescentes mirando sus teléfonos móviles / CG

En 2022, 14.026 menores de entre 14 y 17 años fueron condenados en España, lo que supuso un aumento del 3,2% respecto al año anterior, según un informe del INE de septiembre de 2023

La violencia entre menores aumenta de forma preocupante. En 2022, 14.026 menores de entre 14 y 17 años fueron condenados en España, lo que supuso un aumento del 3,2% respecto al año anterior, según un informe del INE de septiembre de 2023. Si hace unas décadas la causa principal era la educación o el entorno social y familiar, ahora las pantallas juegan un papel importantísimo.

Rebeca Gómez, psicóloga en el Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP), sostiene que el aumento de la agresividad entre los jóvenes puede deberse a múltiples factores interrelacionados. “Ha habido un aumento de casos de patología mental, con más niveles de ansiedad, depresión e intentos de lesiones entre los menores de edad”.

En España, los datos muestran un 20% más de casos y de hasta un 40% más de ingresos de menores por problemas de salud mental, tal y como se expuso en la IX Jornada Técnica de atención a adolescentes en riesgo: "Adolescentes, familias y salud mental: las secuelas de la pandemia". Esta psicóloga cree firmemente que la exposición constante a contenido violento en los medios, dispositivos, redes sociales y videojuegos puede influir de forma significativa en su comportamiento agresivo.

La importancia de los límites y la disciplina

“La violencia es un fenómeno complejo y multifactorial que se puede atribuir a factores psicológicos, pero sobre todo a la educación y al entorno social”, señala Laura Tiraboschi, psicóloga con gabinete propio. Si un adolescente crece en un entorno donde la violencia está normalizada, “lo interiorizará como algo natural y normal y, por tanto, la aplicará. Los límites y la disciplina -añade- son vitales para evitar adolescentes violentos.

Un adolescente con signos de violencia PEXELS

El 80,1% de los menores condenados son varones

Esta profesional describe la adolescencia como una época de cambio radical en la personalidad. “Entre los cambios que se dan está el incremento de impulsos enormes que no tienen que ser necesariamente violentos, pero en varones la testosterona puede llevar a respuestas agresivas ante diferentes conflictos”. Por ello --advierte-- hay que enseñarles a controlar los impulsos.

Aunque en las chicas los cambios hormonales también se dan, “suelen tener mayores habilidades sociales, de comunicación, de empatía, aunque esto no significa que no existan adolescentes mujeres agresivas, pero sí es cierto que, en general, resuelven de otra manera los conflictos”. Esto explicaría que el 80,1% de los menores condenados sean varones y únicamente el 19,9%, mujeres.

La violencia filio-paternal (de hijos a padres), especialmente de menores hacia sus padres, ha aumentado también de forma inquietante desde 2003, como así lo indica la memoria de la fiscalía general del Estado del año 2020, “que muestra de nuevo unas cifras alarmantes que apuntan a un incremento de procedimientos incoados por casos de violencia doméstica de menores sobre sus ascendientes o hacia sus hermanos”, indica Delia Rodríguez, abogada y socia fundadora del despacho Vestalia Asociados.

Comunicación y contención

Ante esto, el papel de la familia es fundamental, tal y como apunta la psicóloga Tiraboschi, pues “debe ser el primer entorno en el que los individuos aprendamos a resolver conflictos y dinámicas sociales”. Ante una situación de violencia con el menor aconseja proporcionarle un entorno de comunicación y contención para expresar con palabras lo que está expresando con violencia, y solicitar ayuda profesional.

Una imagen de estudiantes universitarios / EUROPA PRESS

¿Pero qué sucede cuando los menores acaban cometiendo un delito? “Los menores de 14 años son inimputables”, aclaran desde Vestalia. Sin embargo, puntualizan, eso no exime a los padres de “hacer frente a la responsabilidad civil derivada de la acción del menor y que viene regulada por el artículo 1903 del Código Civil”.

Cuando los hijos son responsables de delitos, aunque sean imputables, es crucial que los padres busquen la orientación de profesionales de la psicología y la justicia juvenil. “Los padres deben colaborar con terapeutas y expertos en la materia para ayudar a sus hijos a comprender las repercusiones de sus actos y desarrollar habilidades de resolución de conflictos”, concluye Rebeca Gómez.

Los delitos sexuales cometidos por menores se duplican en siete años en Barcelona

 Metropoli

Alumnos adolescentes de un instituto de Barcelona EP

Según datos de la Fiscalía de Menores en 2022 se han perpetrado 139 agresiones frente a las 60 contabilizadas en 2016

Los delitos de agresiones sexuales cometidos por menores de edad –sin contar a los inimputables– han aumentado un 57% en los últimos siete años en Barcelona. Según datos de la Fiscalía de Menores, en 2022 se han cometido 139 abusos frente a los 60 contabilizados en 2016.

Los datos del informe también reflejan un repunte en los delitos de violencia contra familiares cometidos por este grupo de edad. El año pasado crecieron hasta un total de 172, tras una tendencia descendente desde 2018.

MÁS AGRESIONES SEXUALES EN 2022

La memoria de 2022 de la sección de menores de la Fiscalía de Barcelona –que separa en sus datos los delitos de abuso y agresión sexual– revela un aumento de ilícitos contra la libertad sexual cometidos por jóvenes de menos de 18 años.

El ministerio público ha contabilizado en su informe un total de 60 delitos de abusos o agresiones sexuales en 2016, año a partir del cual fueron al alza. En 2017 se calcularon 70, en 2018 fueron 92, en 2019 se alcanzaron los 115, en 2020 volvió a descender hasta 80 por la situación de excepcionalidad en la que estaba todo el mundo a causa de la pandemia, en 2021 volvieron a crecer hasta las 105 y en 2022 se han contabilizado un total de 139 delitos.

Imagen de un Mosso d'Esquadra Mossos d'Esquadra

Sobre las agresiones sexuales cometidas por menores, la Fiscalía registró un total de 25 en 2016, frente a las 53 de 2022; mientras que los abusos pasaron de 35 a 86 entre los dos mismos años.

AUMENTA LA VIOLENCIA MACHISTA

El ministerio público registró 227 delitos de violencia en el hogar en 2016, frente a los 201 de 2017, los 223 de 2018, los 164 de 2019, los 149 de 2020, los 148 de 2021 y los 172 de 2022. También ha habido un incremento de la violencia machista, pasando de los 8 delitos computados en 2016 a un total de 23 durante el año pasado.

MÁS DE 2.000 MENORES DETENIDOS

Por lo que respecta al número de detenidos menores de edad en 2022, Fiscalía ha contabilizado un total de 2.267 comunicados al fiscal de guardia, la mayoría por delitos de robo con violencia e intimidación. Esta infracción supone un total de 773 arrestos –un 34,10% sobre la cifra total–.

Menor de edad víctima de abusos sexuales Andina

En cuanto a los arrestos por violencia en el hogar, en 2022 se produjeron un total de 132, lo que representa un 5,82% del total; mientras que ha habido 28 detenidos por violencia machista. Las detenciones en 2022 por delitos de abuso y de agresión sexual fueron de 28 y 48 respectivamente, un 1,24% y un 2,12% sobre el total del año.

MEDIDAS CAUTELARES

El informe también destaca que los juzgados de menores decretaron en 2022 un total de 133 medidas cautelares de internamiento, en su mayoría en régimen cerrado, frente a las 123 de 2021, las 141 de 2020 y las 268 de 2019.

Además, los jueces de menores acordaron 220 medidas cautelares de libertad vigilada, mientras que en 2021 fueron 195; en 2020, 149; y en 2019, 302. El año pasado también se acordaron 52 medidas cautelares de prohibición de acercamiento.

Alerta por robos a estudiantes de las residencias universitarias de Sant Adrià de Besòs

 Metropoli

La residencia universitaria Micampus situada en pleno barrio de La Mina de Sant Adrià METRÓPOLI

Los alumnos del campus de La Mina de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y los que se alojan en Micampus, en el mismo barrio, son víctimas de hurtos y sustracciones de móviles

Robos, y cada vez más, a los estudiantes universitarios que se alojan en las residencias de Sant Adrià de Besòs. Tal y como ha podido saber Metrópoli, durante el mes de octubre el número de casos se disparó hasta el punto de que los Mossos d'Esquadra se han visto obligados a desplegar diversos dispositivos para cortar el problema.

El suceso tiene lugar en el barrio de La Mina, que es donde se ubican las residencias donde se alojan las víctimas de los robos. Por una parte, los alumnos del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en Eduard Maristany y, por la otra, los de la residencia Micampus en Ramon Llull.

Exterior de la residencia universitaria Micampus de La Mina METRÓPOLI

ROBOS A ESTUDIANTES

Según han explicado los mossos a este medio, los agentes están trabajando en la zona para prevenir los hechos delictivos y localizar y detener a los autores de los robos. Se trata, normalmente, de tirones y sustracciones de móviles a los despistados estudiantes. 

El número de denuncias de este tipo, según la policía catalana, incrementó notablemente durante octubre. El modus operandi, el mismo: arrebatan de las manos de los alumnos los teléfonos y se los pasan a otros compinches que suelen ir montados en patinetes eléctricos para facilitar la huida.

Exterior de la residencia de estudiantes de la UPC en La Mina METRÓPOLI

INSEGURIDAD

Los mossos prevén que en las próximas semanas la Policía Local de Sant Adrià colabore con ellos para erradicar la delincuencia.

Por su parte, las fuentes municipales consultadas aseguran ser conocedoras del tema y confían en la labor policial: "Es un tema que preocupa mucho y estamos poniendo los esfuerzos necesarios para mejorar la seguridad en toda la zona de la residencia", añaden desde el ayuntamiento.

RESIDENCIA DE ALTO 'STANDING'

La residencia Micampus Barcelona, como se llama oficialmente, dispone de habitaciones individuales en apartamentos compartidos por más de 800 euros al mes. Si el estudiante quiere estar completamente solo, el precio asciende a casi los 1.000 euros. Además, también se ofrecen aparte servicios como aparcamiento o limpieza.

La inversión del edificio superó los 30 millones de euros y abrió sus puertas a finales del año pasado con 383 plazas. 

SE REMONTA A 2016

Sin embargo, el problema no es nuevo. Ya en 2016, cuando se inauguró el campus de la UPC en Sant Adrià, se dio a conocer la situación de inseguridad que sufrían los jóvenes estudiantes en la zona. La escena era la misma: robos, algunos violentos, de móviles y bicicletas.