Un total de 8.004 personas murieron de enero a marzo de 2025 esperando su prestación por dependencia en España. Es la peor consecuencia de las largas listas de espera que mantienen a más de 200.000 personas aguardando una ayuda del Estado, ya sea la teleasistencia, la ayuda a domicilio o una plaza en una residencia, según los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales, que revelan también que las personas dependientes esperan casi un año (338 días) desde que solicitan la prestación hasta que la reciben.
La estadística trimestral publicada el jueves señala que, solo en el mes de marzo, fallecieron 2.592 personas que tenían, o bien una solicitud sin valorar, o estaban ya pendientes de recibir una prestación. Otras 3.189 lo hicieron en febrero y un total de 2.223 en enero. En comparación con el año pasado, durante los tres primeros meses del año se registraron un 20% menos de fallecidos en esta situación que los 10.444 de 2024. Esta situación no es más que la consecuencia de un problema que lleva arrastrando el sistema de dependencia desde hace décadas y el cual vienen denunciando tanto colectivos como familias: una financiación insuficiente del sistema de atención a la dependencia.
"Es un auténtico desastre que haya personas que necesitan estas ayudas y que muchos de ellos fallezcan por el camino y otros estén esperando más de 600 días, en algunos casos, como Andalucía", denuncia a 20minutos Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA). Según cuenta, la explicación a esta situación reside en que no se destinan los suficientes recursos para contratar al personal de servicios sociales encargado de valorar las solicitudes de las personas que demandan estos servicios, lo que acaba dilatando los plazos e incluso duplicándolos al máximo de 158 días que marca la ley de dependencia.
Cada vez más dependientes
Solo en lo que llevamos de año, el Gobierno ha contabilizado ya más de dos millones el número de solicitudes para recibir atención (personas activas en el sistema), entre los dependientes que están en lista de espera, a los que les tiene que llegar una resolución y aquellos que ya tienen atribuida una prestación. Las solicitudes han crecido, además, un 5,4% en un año, y la previsión es que sigan aumentando a medida que pase el tiempo, por el envejecimiento de la población: el Ejecutivo calcula que, de aquí a 2030, habrá unos 400.000 solicitantes de dependencia más y que, para cubrir esa demanda, se necesitarán a unos 260.000 profesionales más. Además, al ritmo actual, se necesitarían diez años para acabar con la lista de espera.
El reto está, entonces, en cómo asumir ese aumento de la demanda, que si ahora ya mantiene al sistema tensionado, acabará agravando la situación si no se produce un refuerzo. "Es fundamental revisar el sistema de financiación, porque se ha dejado un poco a una parte mínima que da el Estado, pero el resto lo tienen que poner las comunidades autónomas", reivindica Font, que insiste en la necesidad de aumentar las plantillas de profesionales encargados de las evaluaciones a la dependencia.
"Todas las políticas sociales se hacen con dinero"
Ese objetivo, sin embargo, se ha visto congelado durante los dos últimos años, ya que el Gobierno lleva prorrogando sus presupuestos desde 2023, lo que limita cualquier posibilidad de incrementar la financiación en el sistema de atención a la dependencia, al que el Estado inyectó el año pasado un total de 3.411 millones de euros. La propia secretaria de Estado, Rosa Martínez, reconoció esta problemática el pasado jueves, cuando urgió "invertir en un sistema de protección social que será cada vez más importante".
"Mientras que las cuantías económicas no fluctúen al alza, seguimos en las mismas. Esto es una cuestión de compromiso político y económico a la vez. Tanto que estamos diciendo que no se compren armas fuera, pero tampoco se ve que haya una inversión en servicios sociales. Las palabras están muy bien, pero el efecto directo de esas palabras no existe", denuncia Javier Font.
El Gobierno trabaja en una ley de dependencia que pretende poner el foco en las lagunas del sistema, agilizando los procesos de reconocimiento de la discapacidad y fomentando la atención a domicilio. La previsión es que el anteproyecto vaya a segunda vuelta antes de julio, antes de ser sometido a debate en el Congreso de los Diputados. Pero, para Font, no se trata tanto de "cambiar las letras" como de "cambiar el dinero" para perseguir los objetivos marcados por el Ejecutivo, que pasan por una desinstitucionalización de la dependencia. Sin dinero, insiste, esa ley caerá en saco roto.
En esa línea, el presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), Albert Campabadal, reivindica un aumento de la partida presupuestaria para la dependencia. "Todas las políticas sociales se hacen con dinero", sostiene, antes de añadir que, igual que ahora el Ejecutivo destinará un 2% del PIB en Defensa, habría que hacer lo mismo con el sistema de dependencia, que se mantiene en un 0,8%. De lo contrario, augura, España avanzará "hacia un sistema social difícilmente sostenible".
Recuerda Campabadal que la actual ley, aprobada en 2006 por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero nació ya sin dotación. "El papel lo aguanta todo, pero si no hay dotación económica, se cae. Es como la ley ELA, que no se ha dotado de presupuesto para los enfermos entonces cae en papel mojado", subraya el presidente de CEDDD. También insiste en la desigualdad territorial que se observa en las listas de espera, cuyo plazo entre que se solicita una ayuda hasta que se recibe es sustancialmente distinto en función de la comunidad autónoma. En Andalucía, por ejemplo, el tiempo medio de gestión es de 587 días, frente a los 115 que tiene Castilla y León o los 179 días que tienen que esperar los usuarios de Aragón. "Esto es profundamente injusto si consideramos que, como españoles, tenemos todos derecho al mismo trato", denuncia Campabadal.
Al final, cuenta, es las pescadilla que se muerde la cola. Porque ese retraso en la gestión de los expedientes priva a las personas dependientes del derecho a recibir, por ejemplo, una ayuda a domicilio, que acaban asumiendo en la mayoría de casos los familiares y, más concretamente, las mujeres de entre 60 y 65 años. "Si no existieran esas dos millones de personas cuidadoras el sistema de dependencia estaría absolutamente desmontado. Estas mujeres, con su labor, están ahorrando al estado 46.000 millones de euros al erario público, lo que es un 4% del PIB", concluye.
