El trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que han fallecido 69 personas, sucedido menos de un año después de la catástrofe de Adamuz, ha reabierto un debate que había pasado bajo el radar en los últimos años ¿invierte España lo suficiente en sus infraestructuras? Los datos indican que el dinero que el Gobierno destina a este equipamiento público está muy por debajo de lo que ha sido la norma antes de la crisis financiera.
Tanto es así que la inversión real en infraestructuras el año pasado se situó en niveles similares a los que se registraban hace 36 años. Si descontamos el efecto de la inflación y tomamos como referencia los precios que había en el año 2020, la inversión en carreteras, ferrocarriles, puertos o presas se situó en 12.993 millones el año pasado. Una cifra inferior a los 13.566 millones que se destinaron en el año 1989, una vez descontado el efecto de la subida de precios mencionado antes. Así lo reflejan los datos de inversión y stock de capital que recopilan la Fundación BBVA y el Ivie cada año.
Los bajos niveles de inversión en infraestructuras actuales tienen su origen en la traumática crisis financiera de 2008. De los 34.800 millones de euros que se destinaron a esta partida en el año 2009 -muy influido por el despliegue de fondos del Plan E impulsado por el expresidente Zapatero- se pasó a 9.076 en tan solo ocho años. Un recorte del 75% que nunca se ha llegado a recuperar ni de lejos, aunque la inversión ha repuntado un 43% desde entonces.
Al bajar al detalle, se observa que la inversión en infraestructura viaria (fundamentalmente, carreteras) está en niveles de 1988 (3.993 millones frente a 4.674 millones hace 39 años, medidos en euros de 2020) y la inversión en infraestructura hidráulica (presas, embalses, diques...) se mueve en referencias propias de 1986 (1.852 millones frente a 2.137).
Las dotaciones para infraestructura ferroviaria se encuentran a niveles del año 2001 (3.700 millones, frente a 4.591 en el año 2001), al igual que ocurre con las aeroportuarias (981 millones frente a 1.306 millones) y las portuarias (1.156 millones, frente a 1.303 millones).
Si nos centramos en la red de trenes, la inversión se ha reducido dos tercios en comparación con los máximos alcanzados en el año 2009 (11.105 millones de euros). Y, aunque ha repuntado considerablemente desde los mínimos alcanzados hace cinco años (tan solo 2.205 millones en 2021, cifras propias de 1997, cuando solo había una línea de AVE), sigue lejos de lo que ha sido la norma antes de la crisis financiera.
Déficit de mantenimiento
Los bajos números de inversión actuales en infraestructura se pueden explicar, hasta cierto punto, por los factores que estuvieron detrás del boom inversor de los años noventa y los dosmil. En esas dos décadas se acometieron importantes obras como la culminación de la red de grandes autovías que sustituyeron a las obsoletas nacionales o el desarrollo de toda la red de líneas ferroviarias de alta velocidad, que todavía sigue creciendo.
Sin embargo, aunque puede parecer lógico que, una vez que ya se ha construido la mayor parte de esa red de infraestructuras que necesitaba el país baje algo el ritmo de inversión, lo cierto es que el gasto se ha reducido tanto que durante varios años no ha sido suficiente como para garantizar el mantenimiento de las dotaciones.
El último informe de BBVA y el IVIE sobre la cuestión refleja que entre 2016 y 2022 el stock de capital neto en infraestructuras -algo así como el valor de toda la red de carreteras, ferroviaria, puertos, canales, presas... del país- se redujo en ese periodo. Dicho de otro modo, la inversión que se realizó no fue suficiente como para cubrir el desgaste estimado que sufrió la infraestructura durante ese mencionado periodo de seis años.
El patrimonio en infraestructuras de que dispone España en la actualidad alcanza los 470.362 millones de euros, un 2,3% por debajo del valor que registraba en el año 2012, cuando alcanzó su pico. En los 61 años de datos que recoge la serie histórica, el valor patrimonial de la infraestructura española nunca se había reducido hasta el año 2013. Desde esa fecha y hasta 2022 sufrió un declive continuado, una tendencia que se empezó a revertir en 2023.
Los llamados de atención por esa infrafinanciación en la dotación pública nacional vienen de lejos. En el año 2019, un extenso informe de la Airef alertaba de que si la inversión se mantenía en esos niveles "la capacidad potencial de prestar servicios de las infraestructuras continuará reduciéndose al hacerse más y más viejas un mayor porcentaje de las mismas".
En esa línea, el documento destacaba que de mantenerse ese ritmo inversor, el 80% de las infraestructuras de transportes tendría más de 10 años de antigüedad en el año 2030 y el 57% de ellas superarían los 20 años. En palabras de los autores "habrían perdido la mayor parte de su capacidad de prestar servicios", señalan.
