martes, 2 de febrero de 2021

Así quedó la finca okupada por la que el juez investiga a Janet Sanz

 

Así quedó la finca okupada por la que el juez investiga a Janet Sanz

Los dueños de la Casa Buenos Aires denuncian a la 'número dos' de Ada Colau por prevaricación por negarles la licencia de hotel




Cronica Global   ..........  IGNASI JORRO 


Son las imágenes de la Casa Buenos Aires, una villa modernista situada en el barrio de Vallvidrera, en Barcelona, transformada en una casa okupa. Los intrusos han destrozado el interior del palacete, según un vídeo publicado por la propiedad. Además, el ayuntamiento los ha arropado, hecho que ha generado una investigación judicial por presunta prevaricación

La causa ha recalado en el juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona, que no solo ha admitido a trámite la denuncia, sino que ha citado a declarar como investigada a Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo. Lo avanzó La Vanguardia, precisando que la concejal deberá comparecer en condición de sospechosa el 15 de marzo. No está investigada por el allanamiento. 

Denegación de licencia

El caso judicial que se sigue en la sala de Primera Instancia emana de la negativa municipal a conceder licencias de derribo, obras mayores y la posterior transformación de la finca en un hotel. La antigua villa de veraneo no estaba protegida y quedaba en el perímetro de la zona de exclusión de nuevas licencias en Barcelona. 

Pese a ello, la propiedad, London Private Company, jamás recibió respuesta del Ayuntamiento de Barcelona. Meses después, el activo fue okupado por un grupo de jóvenes. El gobierno municipal de BComú y PSC anunció su expropiación tras este movimiento. 

Compra polémica

La compra del edificio por parte del Ejecutivo local no estará exenta de polémica. El bipartito sociocomún ha fijado el precio en 3,5 millones de euros, un valor que la oposición municipal cree que será mayor. 

Asimismo, existe el precedente de las casas de la calle Encarnació de Gràcia, también en Barcelona, en las que el gobierno municipal frustró un proyecto urbanístico y ha terminado pagando casi nueve millones de euros para recomprarlas. La factura significa que las viviendas sociales proyectadas en el lugar están muy por encima de precio de mercado.


  



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