El plan del Gobierno de extender el sistema de pago por uso a todas las autovías para 2024 ha generado reacciones dispares. Mientras unos lo defienden como algo necesario, porque así "el que lo usa lo paga", otros difieren y denuncian que supondrá una serie de perjuicios para ciertos sectores y consumidores.

Según recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia remitido a Bruselas, el objetivo es implantar peajes en vías de alta capacidad "que permitan cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera". La meta está fijada para 2024, aunque la ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha apuntado este jueves que esa fecha "puede ser orientativa" y se fijará en función de la recuperación económica tras la crisis de la pandemia.

En definitiva, la medida propone "crear un pago por uso de la red viaria de carreteras", que rondaría el céntimo por kilómetro, y que se aplicaría a los particulares y a los cargadores de mercancías; eximiendo así del pago a los propios transportistas. Todo ello con dos objetivos: fomentar la movilidad sostenible (promoviendo vías alternativas, como la ferroviaria) y acercarse a la media de la Unión Europea, donde 23 de los 27 países miembros tienen implantada esta medida y 15 cobran por el uso del 100% de su red de autovías.

Paliar con los costes de conservación de las autovías

Otra de las razones que han llevado a aplicar este sistema es el creciente déficit de 8.000 millones que implica la conservación de las carreteras

Según recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia remitido a Bruselas, el objetivo es implantar peajes en vías de alta capacidad "que permitan cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera". La meta está fijada para 2024, aunque la ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha apuntado este jueves que esa fecha "puede ser orientativa" y se fijará en función de la recuperación económica tras la crisis de la pandemia.

En definitiva, la medida propone "crear un pago por uso de la red viaria de carreteras", que rondaría el céntimo por kilómetro, y que se aplicaría a los particulares y a los cargadores de mercancías; eximiendo así del pago a los propios transportistas. Todo ello con dos objetivos: fomentar la movilidad sostenible (promoviendo vías alternativas, como la ferroviaria) y acercarse a la media de la Unión Europea, donde 23 de los 27 países miembros tienen implantada esta medida y 15 cobran por el uso del 100% de su red de autovías

Paliar con los costes de conservación de las autovías

Otra de las razones que han llevado a aplicar este sistema es el creciente déficit de 8.000 millones que implica la conservación de las carreteras.

España cuenta con la red estatal más extensa de Europa (supera los 26.466 kilómetros, de los cuales 12.000 son carreteras de alta capacidad), pero se sitúa a la cola de los principales países en cuanto a inversión en carreteras (22.489 euros por kilómetro). Por ello, el Gobierno señala que "los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios".

Así, aseguran que las tarifas serán "asumibles, pero que garanticen la financiación" y aclaran que podría implantarse de una forma "escalable y progresiva", cobrando inicialmente únicamente en las autovías y extender el pago posteriormente a otras redes. Aunque, según adelantó la Cadena Ser, se plantean una tarificación de céntimo por kilómetro, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) destacó que el cobro de entre 3 y 5 céntimos por kilómetro sería suficiente para mantener las carreteras en buen estado.

"Debería vincularse a la tributación del automóvil"

"La infraestructura hay que pagarla, entonces parece lógico que la pague quien la utiliza", declara a 20minutos Ramón Ledesma, asesor de PONS Seguridad Vial. "Así ocurre en el resto de medios de transporte", añade, afirmando que "cuando vamos en el AVE o en avión de Madrid a Málaga pagamos la infraestructura de los servicios a través de las tasas correspondientes". 

El asesor de la consultora asevera que, como en otros, este asunto puede generar rechazo, pero es algo que debe hacerse. "Es como las multas de velocidad, que nos gustan más o menos, pero las multas tienen que existir. Y el pago de infraestructuras tiene que existir, tampoco hay mucha más alternativa", afirma, destacando que el "cómo" se haga será lo importante, pues las autopistas "nos cuestan entre 1.500 y 2.000 millones".

"El sistema de abono puede ser múltiple y no tiene por qué estar vinculado a un modelo único"

Respecto al precio que debería establecerse, desde PONS Seguridad Vial creen que "debería vincularse el pago por uso a una cierta reforma de la tributación periódica del automóvil". Es decir, de la reforma del impuesto de circulación del automóvil, que a su vez tiene que ver con el propio uso periódico del automóvil. 

"Digamos que el sistema de gestión tributario, el sistema de abono, puede ser múltiple y no tiene por qué estar vinculado a un modelo único", señala Ledesmes. De esta forma, consideran que se conseguirían los dos principales objetivos: pagar las infraestructuras y hacerlo más sencillo para los propios usuarios para que no dejen de usarlas. 

Una propuesta polémica

La medida ha causado rechazo por parte de varios sectores, mientras el Gobierno y las empresas partidarias tratan de defender el plan. El director general de Tráfico, Pere Navarro, recalca que "hay que poner el cascabel al gato". El responsable de la DGT ha puesto el ejemplo del tren, donde el pasajero paga por el trayecto para reiterar su mensaje: "el que lo usa, lo paga".

Es un tema de Estado y haríamos bien en ponernos todos de acuerdo", ha aseverado, considerando que "no podemos cargarlo en los presupuestos del Estado y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras".

En posición contraria se ha situado la organización de consumidores Facua, que en un comunicado considera que el Gobierno debería financiar esos gastos y no hacerlo a través de un peaje que "supone un pago por igual a todos los usuarios, sin tener en cuenta criterios de renta o de capacidad económica".

¿Supondrá un desvío a carreteras secundarias?

Planteamiento en línea con el del Real Automóvil Club de España (RACE), que ha mostrado este jueves su oposición a la medida, pues aseguran repercutirá en el bolsillo de los conductores, quienes ya "contribuyen con 30.000 millones de euros a las arcas del Estado". Según una encuesta que realizaron recientemente, tres de cada cuatro conductores se oponen a pagar bajo ningún concepto y ocho de cada diez cree que el tráfico se derivará a carreteras secundarias, algunas con déficit de mantenimiento y conservación.

Es una de las "principales preocupaciones" que el club ha reconocido respecto al plan remitido a Bruselas, pues señalan que es en esas carreteras secundarias donde se produce el 78% de los accidentes mortales.

No opinan lo mismo desde PONS Seguridad Vial. Según explica Ramón Ledesma a 20minutos, todo dependerá del modelo de gestión. "Si al final al usuario no le supone más que algo que va dentro de los pagos habituales de una forma sencilla y simple, no afectará en absoluto". Por el contrario, sí que se puede dar "alguna desviación" si se complica la gestión con diferentes sistemas de pago,- distintas plataformas y encima muy caras, etc. 

"Pero la realidad es que si se hace de una manera eficiente, óptima y sencilla no va a haber ningún abandono de carreteras. No es cierto que alguien que baja desde Barcelona hasta Sevilla ahora utilice carreteras secundarias porque vaya a haber un pago adicional", asegura Ledesma. 

Los transportistas creen que tendrá un efecto negativo en la economía

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) también manifestó "su profundo rechazo" al pago por uso de carreteras, a pesar del acuerdo alcanzado entre el comité de la confederación y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana "en el que se comprometió a no introducir peajes sin haber alcanzado el consenso con el sector del transporte de mercancías por carretera". 

Además, aseguran que la propuesta tendrá un efecto negativo en la economía, ya que afirman que "supondrá el encarecimiento del precio de todos los productos y dificultará la exportación, lastrando la producción y el consumo". Y reiteran, "sin transporte no hay suministro", ya que el 85% de las mercancías se mueven en camión.