Mientras Isabel Ayuso tilda de “mantenidos subvencionados” a los ciudadanos que cada día se agolpan a las puertas de los comedores sociales, las colas del hambre siguen creciendo en España.

Mientras que en el año 2019 1 de cada 6 personas del total población de la Comunidad de Madrid, vivía bajo el umbral de pobreza, esta cifra se ha disparado durante el periodo de pandemia. De hecho, durante el periodo de 2020 los bancos de alimentos han atendido a medio millón más de personas que el año anterior: 1.560.000 personas en total, de las cuales más de 360.000 son niños de entre 0 y 14 años.  Algo que la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid podría comprender  si se diera una vuelta por los comedores sociales, en los que encontraría a familias enteras esperando ayuda.

Durante este año, en 2021, la demanda continúa creciendo hasta alcanzar 50 por ciento más de solicitantes de alimentos. De hecho, Miguel Fernández, Director de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) , asegura que “la crisis generada por  el Covid 19 es mucho más fuerte que la crisis que vivió España en 2008”.

Sin lugar a dudas, la crisis sanitaria ha ampliado además el perfil de los solicitantes de ayuda. Según FESBAL “ya no solo se trata de personas en situación de pobreza severa, sino también de familias de rentas medias o bajas y parejas jóvenes que han perdido sus empleos debido a la crisis que han sufrido distintos sectores económicos, como consecuencia de la pandemia”.

Por ello, desde los bancos de alimentos se hace una llamada de socorro a la población para que aporten en la medida de lo posible ayuda. Entidades y Fundaciones como La Caixa ya se han puesto en marcha para aportar su granito de arena, sin embargo, no es suficiente. El objetivo de este año es lograr mantener las existencias, casi agotadas en muchos almacenes, de los 54 bancos de alimentos asociados.

Además, desde las asociaciones pronostican que, debido a la crisis sanitaria y la emergencia social generada, la demanda de ayudas primarias se elevará con el levantamiento de los ERTEs por lo que prevén una fuerte demanda de alimentos de cara al verano. Es decir, las colas del hambre se multiplican por todo el territorio español. Una situación que además afecta severamente a los ciudadanos necesitados de ayuda al sentirse excluidos del sistema productivo y depender de la solidaridad para hacer frente a su día a día. Se trata de un impacto psicológico agravado por quienes les consideran “mantenidos”.

De hecho las descalificaciones de Ayuso han sido criticadas desde distintos partidos políticos. En concreto el representante de Más Madrid, Iñigo Errejón, ha señalado que, “quienes engrosan las 'colas del hambre' son gente reventada a trabajar y que por culpa de malas políticas, del saqueo y maltratro se ven en una situación muy difícil. Ojalá Ayuso nunca se vea en esa situacion y ojalá ningún madrileño tenga que sufrir a una presidenta que insulta a quien más lo necesita”.

¿Dónde ha quedado la sociedad del bienestar?

Se trata de una utopía, ya que desde 2008, España no levanta cabeza. La crisis sociosanitaria ha dejado en 2020 más de un millón de nuevos pobres según Cáritas. La tasa de pobreza nacional se eleva al 20,7 por ciento - España es el quinto país europeo con más personas en situación de alta vulnerabilidad- una cifra que se prevé se dispare hasta el 22’9 por ciento durante este año 2021, según Intermon-Oxfam.

Sin lugar a dudas, y tal y como ocurrió en 2008, la crisis económica por la que atraviesa nuestro país, pone en duda el modelo productivo y económico del mismo, en el que predominan los servicios. Según un informe publicado por Economistas Sin Fronteras, España necesita “impulsar cambios estructurales que impliquen una modernización económica capaz de promover la innovación, la productividad global de los factores y un crecimiento más equitativo en su reparto y más respetuoso con los limitados recursos del planeta.”.

No obstante, para lograr ese objetivo hace falta consenso entre los diferentes partidos políticos, una situación de la que carece nuestro país, además de contar contar con políticas presupuestarias y capacidades administrativas suficientes, también algo de lo que carece España. Desde el grupo de investigación consideran que, “las huellas de la actual crisis económica serán visibles durante años y tendrán impactos duraderos en forma de destrucción de factores productivos y pérdida de crecimiento potencial y efectivo. A corto plazo, la evolución del PIB en forma de V parece cada día menos probable y las últimas previsiones retrasan hasta 2022 la recuperación de los niveles del producto de antes de la crisis”.