El Gobierno abre la puerta al pago de peajes para circular por el centro de las ciudades y en las autovías
La Ley de Movilidad establece la opción de que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones (ZBE). También faculta al Gobierno a realizar un estudio para la implantación del pago por uso en la red de gran capacidad
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El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que abre la puerta al pago por circular por el centro de las grandes ciudades. La nueva Ley de Cambio Climático establece que, antes de que acabe el año, todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes y aquellas que muestran insuficiente calidad del aire tendrán que crear zonas de bajas emisiones (ZBE). En la norma aprobada hoy se recoge que para reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones como áreas “libre de humos y congestión”, se permitirá “crear medidas que limiten más el acceso de los vehículos privados a motor”. Así, la Ley abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer “una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones”. Para crear esta tasa, será necesaria una habilitación con rango de ley, lo que permite garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si implementa la tasa o no.
La medida promovida ahora por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ya había sido recogida también con anterioridad por el Departamento para la Transición Ecológica. En una línea muy similar, el ministerio de Teresa Ribera, como ya informó LA RAZÓN en su edición del pasado 20 de noviembre, en un documento titulado «Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones», ya asegura que «el acceso y circulación en la ZBE puede incorporar el pago de una tasa o peaje, cuya cuantía puede además varias en función de las condiciones del vehículo, en función del principio quien contamina, paga». A renglón seguido, las directrices argumentan a favor de estas tasas asegurando que «el peaje aparece como una medida efectiva para estimular el cambio modal y reducir el volumen de tráfico, puesto que traduce los impactos negativos del automóvil a términos económicos claramente perceptibles por la ciudadanía». El ministerio considera que el peaje urbano «genera un flujo de ingresos económicos constante que puede sustentar actuaciones persistentes en la mejora del espacio público para la movilidad peatonal, en el desarrollo de infraestructura ciclista y para el transporte público, así como la mejora del servicio de transporte público». En este sentido, concluye, «es una medida que ayuda a la redistribución de recursos, coherente con la pirámide de movilidad».
Apoyo del FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) está también, como el Gobierno, por la labor de que los peajes no se limiten sólo a las vías de gran capacidad y se extiendan a los accesos a las grandes ciudades como una de las soluciones para luchar contra la contaminación. Tal y como publicó este periódico en su edición de ayer mismo, en el apartado dedicado a las medidas que debe tomar España para luchar contra el cambio climático de las conclusiones de las consultas del “Artículo IV” de 2021, la organización asegura que “las autoridades locales deben considerar los sistemas de peajes como una política complementaria” a la del establecimiento de zonas de bajas emisiones (ZBE), una estrategia cuya implementación, al estar descentralizada, debe ser “monitorizada estrechamente” para evaluar la posible necesidad de más acciones, añade la institución que lidera la búlgara Kristalina Georgieva.
La Ley de Movilidad también faculta al Gobierno a realizar un estudio para implantar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado que garantice su mantenimiento. El anteproyecto, como ya advirtió el Mitma semanas atrás, no define ningún modelo de pago por uso. Este, como ha insistido la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, será “fruto del consenso entre los agentes implicados”. “La ley no establece ningún modelo definido ni el plazo para entrar en vigor, sino que faculta al Gobierno para que realice los estudios de alternativas que permitan establecer ese mecanismo de financiación, pero es una cuestión compleja y el consenso de las administraciones y agentes del sector es una condición “sine qua non” para definir ese modelo”, ha recalcado la ministra.
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