Huelga en la Seguridad Social: todos los sindicatos se unen contra “el fracaso” de Escrivá

Las abultadas jubilaciones no se cubren, provocando un “caos de personal” y la precarización con interinos

Imagen de la última protesta de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Madrid FOTO: ALBERTO R. ROLDÁN LA RAZÓN

• H. MONTERO..........larazon

La Seguridad Social sigue en pie de guerra. Tras muchos amagos, CSIF, UGT y CC OO han anunciado hoy movilizaciones entre el personal de la Seguridad Social para noviembre, en protesta por “el fracaso y la incompetencia en la gestión” del actual ministro, José Luis Escrivá, que no ha sido capaz de reconducir el progresivo deterioro de la gestión, según han informado los sindicatos en un comunicado conjunto.

Las movilizaciones contemplan “concentraciones, manifestaciones, ruedas de prensa, sensibilización de los grupos parlamentarios y asociaciones ciudadanas, paros parciales y, finalmente la huelga intermitente, y general si fuera necesaria”, advierten en una carta remitida a Escrivá.

La Seguridad Social afronta una oleada de jubilaciones como consecuencia de la elevada edad media de sus trabajadores que está resultando “catastrófica”. Más de la mitad del personal supera los 50 años de edad, casi 1 de cada 3 personas (más de 6.000 efectivos) se jubilarán en cinco años y dos de cada tres en un decenio.

El año que viene se perderán al menos 2.000 efectivos, solo 500 se jubilan en Tesorería de la Seguridad Social, 500 en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y 1.050 interinos. En Madrid falta ya casi el 33% de la plantilla, denuncian los sindicatos.

Ante el envejecimiento de las plantillas o el cambio de modelo de atención al público con el cierre de oficinas de atención a la ciudadanía, la “errática” política de contrataciones y oposiciones ha llevado a las plantillas a una situación “crítica”, como denuncian los tres sindicatos en su comunicado, y ha hecho que los trabajadores vean aumentadas sus cargas de trabajo.

Además, los sindicatos califican como “contraproducente” la próxima contratación de 1.615 trabajadores interinos, al considerar que precarizará todavía más el funcionamiento del sistema de Seguridad Social.

Desprestigio y condena

“Hay menos personal. No se gestiona de manera eficaz ni eficiente. Esto se traduce en un creciente desprestigio y condena social por parte de la ciudadanía, llevándonos hacia un servicio público donde sus trabajadores se encuentran a merced de la incompetencia de los responsables del sistema”, remarca el comunicado.

Los sindicatos también demandan la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, cuya puesta en marcha debería de haber arrancado en junio pasado, y la implantación del trabajo a distancia.

El 51% de los funcionarios se jubila en un decenio

La media de edad de los empleados públicos en España es mayor que en el sector privado. Entre 2015 y 2020 el número de trabajadores de 55 años o más ha pasado de representar el 25% al 26% en toda la OCDE. Sin embargo, en España la brecha se ha ampliado 11 puntos, al pasar del 35% al 46%, muy próximo al récord de Italia (47%).

En los próximos 10 años, el 51% de los funcionarios se jubilará, incluidos los de las comunidades autónomas, lo que da una idea de la necesidad de captar talento y reforzar las estructuras del Estado. Las Administraciones Públicas perderán en los próximos cinco años 330.800 funcionarios por jubilación y, a lo largo de la próxima década, la previsión es que 905.100 alcancen la edad de retiro, lo que supone el 30% de la plantilla actual. Las cifras recogidas por un estudio de Adams Formación a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que la sangría de empleados públicos se elevará hasta 1,41 millones en los próximos 15 años, el 44% del total de empleados públicos.

Buena parte de estos jubilados proceden de los años 80 y 90, cuando se incorporaron a la Administración muchos miles de personas jóvenes por el desarrollo del estado de las autonomías y la mejora del bienestar social en España. La contratación de personal interino para cubrir puestos estructurales ha limitado aún más las opciones de acceder a un empleo público.