La deuda total de las Administraciones Públicas alcanzó un nuevo máximo de 1,506 billones
La Seguridad Social acumula un volumen de deuda sin precedentes que superó en noviembre por primera vez los 100.000 millones de euros, aproximadamente un 13% más que un año antes, según los datos publicados este martes por el Banco de España (BdE) referentes al mes de noviembre. En concreto, cerró el penúltimo mes del 2022 en los 106.175 millones. El crecimiento fue significativo respecto al mes anterior (7%), cuando la deuda se situaba aún por debajo de la barrera, en los 99.193 millones.
Tal y como recuerda el BdE, este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. Unos préstamos que, al tratarse de operaciones financieras entre subsectores, no afectan a la deuda total del sector Administraciones Públicas, que en septiembre alcanzó por primera vez los 1,5 billones y siguió creciendo en los meses sucesivos.
La Seguridad Social mantuvo sus niveles de deuda estables, en torno a los 17.000 millones, durante décadas. Sin embargo, en junio de 2017 el Gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy se encontró sin dinero suficiente en el Fondo de Reserva (conocido como 'la hucha de las pensiones') para pagar la paga extra de verano a los pensionistas. Fue entonces cuando la Seguridad Social recibió el primer préstamo del Estado, que se sucedió de muchos otros para poder afrontar el creciente coste de las pensiones.
Esta cantidad ingente de deuda seguirá aumentando en los próximos meses por la primera parte de la reforma de las pensiones aprobada en diciembre del año e impulsada por el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que obliga a revalorizarlas un 8,5% el próximo año (en base a la inflación sufrida, de media, entre diciembre de 2021 y noviembre de este año).
Esta fuerte subida del gasto (unos 15.000 millones) se consolidará en el tiempo, junto al sobrecoste que supondrá el envejecimiento de la población, el incremento de los pensionistas -con la jubilación de los babyboomers-, y la entrada de beneficiarios con derecho a prestaciones más altas que los que se dan de baja (efecto sustitución); lo que urge a completar la reforma de las pensiones que ahora negocia Escrivá, con una segunda parte que compense este incremento del gasto.
Para recaudar más ingresos, el ministro ha propuesto a los agentes sociales subir las cotizaciones máximas y aumentar el periodo de cálculo de los 25 a los 30 años (descartando los dos peores). También debe convencer a sus socios de Gobierno. Desde el Ministerio de Seguridad Social aseguran que esta segunda parte acabaría con el déficit de la Seguridad Social. Sin embargo, varios organismos económicos lo cuestionan, entre ellos la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
El Gobierno ya va con retraso en la presentación de esta segunda parte de la reforma de las pensiones a la Comisión Europea. En el Plan de Recuperación, al que están asociados (y condicionados) los fondos europeos Next Generation EU, se especificaba que ésta debía estar cerrada antes del 31 de diciembre, límite temporal que no se ha cumplido. Desde el Ministerio aseguran que se aprobará "muy pronto" y será entonces cuando Bruselas analice si es suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema.
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