La Audiencia de Madrid informa de otras 31 rebajas de condena y Castilla y León, de 11 más
Elmundo.......MANUEL MARRACO
El número agresores sexuales beneficiados por la rebaja de penas de la ley del sólo sí es sí ha rebasado el medio millar. Este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha actualizado los datos y ha informado de que la Audiencia de Madrid ya ha reducido 70 condenas, es decir, 31 más que en su última comunicación. Los casos nuevos notificados por los TSJ de Castilla y León y Galicia elevan la cifra hasta los 44 casos nuevos.
En el caso de Madrid, el propio TSJ ha revisado a la baja una pena que estaba aún en fase de recurso. Los nueve años de prisión impuestos a un hombre por un delito de abuso sexual sobre un menor se han quedado en siete años y medio.
Además, los juzgados de lo Penal han dado a conocer la primera rebaja, aunque han rechazado 22 peticiones. Estos juzgados estudian los delitos con penas no superiores a cinco años de prisión, que corresponden a las agresiones sexuales menos graves.
Una de las rebajas acordadas en la Audiencia de Madrid lleva aparejada la puesta en libertad del condenado, según informa el Tribunal Superior. La condena impuesta en su día de ocho años se ha quedado en cuatro y medio al aplicar la nueva horquilla de penas a los dos delitos de agresión sexual cometidos.
En Castilla y León ha habido 11 rebajas más: 10 en Burgos y una en Zamora. En total, suman 32 las revisiones en esa comunidad desde que el pasado 7 de octubre entró en vigor la reforma impulsada por el Ministerio de Igualdad. En cuanto a las dos rebajas de penas firmes de Galicia, corresponden a la Audiencia de La Coruña.
La nueva tanda de rebajas llega cuando el PSOE está negociando en el Congreso una vuelta a las penas anteriores a la reforma, en contra del Ministerio de Igualdad y de su socio en el Gobierno.
Este jueves, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado solicitar ahora a los Tribunales Superiores de Justicia y a las audiencias provinciales las resoluciones dictadas en relación con la aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual. La decisión supone que, cuatro meses después de la entrada en vigor de la reforma legal, se sabrán las cifras reales de revisiones. Estas cifras siempre han sido superiores a las que se han conocido públicamente, porque no todos los TSJ o las Audiencias informaban de sus decisiones.
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