El naufragio ha tenido lugar a 350 kilómetros de la costa brasileña, en un área con una profundidad de 5.000 metros, todo ello siguiendo competencias de seguridad para evitar posibles pérdidas logísticas, operativas, ambientales y económicas al Estado brasileño
Brasil ha procedido este viernes a hundir de manera controlada su último portaviones, el 'Sao Paulo', un buque de origen francés que estaba fuera de servicio y que contenía en su interior 760 toneladas de amianto. El naufragio ha tenido lugar a 350 kilómetros de la costa brasileña, en un área con una profundidad de 5.000 metros, todo ello siguiendo competencias de seguridad para evitar posibles pérdidas logísticas, operativas, ambientales y económicas al Estado brasileño, según ha informado la Armada en un comunicado.
Asimismo, el área seleccionada por el hundimiento del portaaviones ha sido seleccionada en base a estudios realizados por el Centro de Hidrografía de la Marina y el Instituto de Estudios del Mar Almirante Paulo Moreira, prestando especial atención a la mitigación de impactos en la salud pública. La técnica utilizada ha contado con la acción de buzos, quienes han colocado explosivos para perforar el casco y aumentar el flujo de agua hacia el interior del barco hasta hundirlo por completo, ha informado 'Folha de S.Paulo'.
En tanto, el hundimiento del buque ha sido objeto de discusiones entre los ministros brasileños José Múcio Monteiro (Defensa) y Marina Silva (Medio Ambiente), ya que este último defendía la tesis de la Fiscalía de Brasil, que rechazó forzar el hundimiento apelando al riesgo ambiental.
Los análisis realizados por la ONG Shipbreaking Platform en un portaaviones gemelo a Sao Paulo identificaron 760 toneladas de amianto en el buque. Ante esto, la organización comenzó a cuestionar si, de hecho, el casco enviado por Brasil tendría las aproximadamente diez toneladas de sustancia tóxica previstas en el inventario. El portaaviones, en un estado tan deteriorado que apenas podía fondear, fue vendido en 2021 por la Armada a un astillero turco especializado en desguace de barcos, pero el Gobierno turco revocó la autorización a la embarcación. Tras ello, la nave salió de Brasil el 4 de agosto del 2022, en un viaje que generó protestas en todo el mundo y que llevó a Greenpeace a monitorizarlo en tiempo real.
Según Shipbreaking Platform, "con el hundimiento del barco también se perdieron varios millones de dólares en acero reciclable y otros metales, unas 760 toneladas de amianto peligroso, más de 300 toneladas de material contaminado con PCB (bifenilos policlorados) altamente tóxicos y un tonelaje adicional de metales pesados y pintura, todo lo cual sin duda contaminará el ecosistema marino en el área del vertedero en los años venideros. Los ambientalistas que habían estado trabajando para facilitar el reciclaje legal y seguro de la embarcación están horrorizados por la decisión".
"Lo que ha hecho la Armada -explican en un comunicado- violó tres tratados ambientales internacionales. En primer lugar, no traer un barco que ha regresado de un movimiento transfronterizo de desechos abortado de vuelta al territorio del Estado exportador para su gestión segura es una violación del Convenio de Basilea. En segundo lugar, la eliminación de PCB en el mar es una violación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. En tercer lugar, arrojar barcos al mar sin limpiarlos primero de sustancias tóxicas es una violación del Convenio y el Protocolo de Londres".
El que fuera el mayor navío militar de Brasil transportaba 9,6 toneladas de amianto, una sustancia con potencial tóxico y cancerígeno, así como 644 toneladas de tintas y "otros materiales peligrosos", alegó la Procuraduría.
La Marina aseguraba que la empresa que adquirió el 'Sao Paulo' hace cinco meses para desmontarlo y reciclar sus materiales no adoptó las medidas necesarias para obtener la autorización para remolcarlo a puerto y poder reparar los graves daños que amenazan su capacidad.
El periplo del antiguo buque de guerra, que sirvió a la Marina francesa con el nombre de "Foch", comenzó en agosto, cuando fue vendido por 2 millones de dólares a un astillero turco especializado en el desguace de embarcaciones. El navío nunca llegó a su destino debido a que las autoridades de Turquía prohibieron su entrada, por lo que tuvo que dar vuelta poco antes de llegar al estrecho de Gibraltar. Desde entonces, el segundo y último portaaviones de la flota de la Marina de Brasil vagaba por el Atlántico, ante la negativa de los puertos, incluso los brasileños, de recibirlo.
Construido en Francia en 1963, el portaaviones tenía 266 metros de eslora, capacidad para albergar 1.300 tripulantes y transportar 30 cazabombarderos. Brasil lo compró en 2001 por 12 millones de dólares, pero lo desactivó en 2017 porque estuvo más tiempo en puerto que en alta mar.
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