Pedro Sánchez. - MIGUEL ÁNGEL BELLOSO ........ OKDIARIO
La reciente reforma del IRPF de 2022, activada en 2023, se une a la aprobada en 2018 para reducir la fiscalidad del colectivo de menores rentas, amortiguando al mismo tiempo el impacto de la inflación en la tributación de este grupo. Sin embargo, ambas reformas han consolidado dos tarifas diferentes para declarantes y no declarantes: varios millones de contribuyentes soportan unas retenciones inferiores a la tarifa del IRPF y no tienen obligación de declarar. Esto, pese a ser en general una ventaja para estos contribuyentes, genera distorsiones, asimetrías y situaciones injustas en el IRPF, además de impedir la universalización de la declaración. Sin embargo, la oposición tajante del Gobierno de Sánchez a descontar la inflación de la tarifa del IRPF está provocando unos efectos perversos, según un informe elaborado por la escuela de negocios Esade.
El estudio citado presenta algunos casos de las distorsiones provocadas por el afán recaudador del Gobierno y los efectos asociados a la escalada imparable de los precios durante los últimos meses. Por ejemplo, si a un contribuyente con una base imponible de 15.000 euros que vienen de su salario le aumentan el sueldo en 1.500 euros (un 10%), el sistema actual le retendría 645 euros(un tipo marginal del 43%). En cambio, un contribuyente que gane 26.000 euros, con un aumento idéntico del 10% solo pagaría un tipo marginal sobre ese extra de ingresos de aproximadamente el 30%. En un contexto de alta inflación, esto implica que los contribuyentes en este tramo no vean apenas actualizado su poder adquisitivo real, porque la mayoría de las subidas se verían afectadas por este elevado tipo marginal.
Además, en el ejemplo anterior, con una inflación anual del 8,4% como la que tuvo España en 2022, pasar de 15.000 euros netos a 15.718 euros no cubriría lo necesario para mantener el poder adquisitivo (que serían 16.260 euros). En paralelo, el hecho de que la obligación de declarar solo se generalice en 22.000 euros y que, a pesar de todo, la retención aplicada por defecto sea menor que el impuesto que resultaría en caso de presentar declaración crea importantes incentivos a no declarar. Para solventar estos desequilibrios, la escuela de negocios Esade propone reducir la diferencia entre la retención en los ingresos por defecto y el tipo que se derivaría de presentar declaración, introduciendo una deducción que sea equivalente a la diferencia de esa retención en los ingresos y la cuota que correspondería a cada declarante. Así se ampliaría de hecho el incentivo de presentar declaración hasta generalizarla al máximo posible de población por encima del umbral mínimo, pero sin cargar de manera adicional ni tocar excesivamente los impuestos asumidos por una población en situación potencialmente vulnerable.
A medio plazo, y según la escuela de negocios, habría que considerar la actualización del IRPF efectivo de las rentas medias-bajas que absorben impactos inflacionarios desproporcionados para aminorarlos, especialmente si volvemos a una situación de tasas de inflación más significativas a las observadas antes de 2021. Esade es igualmente partidaria de la universalización de la declaración del IRPF porque ello haría más factible articular una política social y de rentas más eficaz y mucho menos costosa en términos administrativos, tanto en el caso de ayudas puntuales en situaciones de crisis (subvención de 200 euros, rentas de emergencia…), como en el caso de políticas estructurales como el ingreso mínimo vital o impuestos negativos sobre la renta o complementos salariales.
El informe, que está firmado por Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado, y por el investigador Carlos Victoria, insiste en que detrás del aumento de la recaudación del IRPF está el incremento del tipo impositivo efectivo, que con un 15,6% también se sitúa en máximos históricos. El tipo impositivo efectivo sobre los salarios ha ido aumentando, si bien aún no ha alcanzado su nivel más elevado, registrado en 2014. En lo que respecta a las pensiones, como han crecido más que los salarios, el aumento de su tipo efectivo ha sido aún mayor. Una parte de este incremento se explica por el «efecto sustitución», ya que los nuevos jubilados que entran en el sistema tienen derecho a pensiones superiores a las que se dejan de pagar por fallecimiento. La carga tributaria que soportan los pensionistas por la subida de sus ingresos es cada vez más notable, sin que esto se haya traducido en una mayor capacidad económica debido a la elevada inflación. Para los trabajadores esta pérdida es superior, ya que los salarios no han crecido al ritmo que lo han hecho los precios.
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