Los datos evidencian que las promesas electorales de Pedro Sánchez en materia de vivienda son falsas. El presidente del Gobierno se ha comprometido a movilizar 50.000 inmuebles de la Sareb (el banco malo) para alquiler social; el problema es que casi 10.000 de estas viviendas están okupadas, según informan a OKDIARIO fuentes conocedoras.
En concreto, el ‘Plan Sareb’ del Gobierno se divide en tres patas: viviendas vacías disponibles (21.000 unidades), el proyecto para construir 15.000 inmuebles en suelos de la sociedad y el programa de vivienda social (14.000). En este último, las casas ya están habitadas, pero Sánchez pretende cerrar un alquiler social con las personas que viven ahí, muchos de ellos okupas. De hecho, de los 14.000 inmuebles, casi 10.000 están okupados, lo que dificulta- en la mayoría de los casos- que se pueda cerrar un alquiler social.
En torno a 2.500 viviendas han sido asaltadas por okupas conflictivos, con los que se cierra la puerta a poder firmar un alquiler social. Se trata de inmuebles a los que los trabajadores sociales de la Sareb han acudido en varias ocasiones para intentar negociar con los okupas sin éxito. En esos casos, se procede a solicitar el desahucio. Sin embargo, esto lleva tiempo porque el banco malo tiene que demostrar que no viven personas vulnerables o que se realizan actividades ilegales, como tráfico de drogas. «Cuando tienen pruebas de esto, es muy fácil que el juzgado apruebe el lanzamiento», comentan las citadas fuentes.
A estas 2.500 viviendas se suman otras 3.100 okupadas por personas vulnerables, lo que significa que en la mayoría de casos hay menores. Estas están en una fase de estudio, para decidir si la sociedad firma un alquiler social con los okupas e inicia un proceso de acompañamiento. «Para que se firme un alquiler social, el inquilino tiene que cumplir una serie de requisitos; tiene que haber corresponsabilidad y compromiso. No se firma nada si la otra parte no se compromete, por ejemplo, a reinsertarse en el ámbito laboral», explican.
Por otro lado, hay unas 4.100 viviendas que la Sareb denomina «alquiler de mercado», pero están en situación irregular y con diversas problemáticas. Por ejemplo, hay varios casos en los que «un promotor que quebró ha firmado un alquiler con una familia, entonces el juez tiene que decir si el alquiler que se firmó hace tiempo es válido o no», puntualizan. Si determina que el contrato no es válido hay que intentar que la familia abandone la casa, pero cuando determina que sí que sirve, la Sareb tiene que firmar un nuevo alquiler.
Gestionado por Servihabitat
En mayo del año pasado, Servihabitat ganó un concurso de la Sareb para gestionar el alquiler social del ‘banco malo’. El servicer de Lone Star y CaixaBank se encarga de la mediación, seguimiento y reinserción laboral de las familias que habitan las viviendas.
Este programa está en marcha desde septiembre de 2022 y hasta ahora Servihabitat ya ha firmado 2.100 alquileres sociales. Mientras que tiene en estudio 3.100 casos más, que prevé que se sumen a estos arrendamientos.
A parte de éstas, dentro de las 14.000 viviendas, la Sareb ha cedido en torno a 2.000 inmuebles a diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos. Ahora, son las administraciones la que gestionan el alquiler con las familias que las habitaban.
Resto de viviendas
De las 50.000 viviendas prometidas por Sánchez, unas 21.000 unidades se pondrán a disposición de las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan comprarlas y después alquilarlas. De estas, 9.000 viviendas ya están terminadas, pero casi 12.000 necesitan algún tipo de reforma.
Y otras 15.000 viviendas aún no están construidas, sino que se podrán desarrollar en suelos del banco malo a través de colaboración público-privada y una vez construidas se destinarán a alquiler asequible. En este sentido, la Sareb tiene identificados 112 suelos para levantar 10.000 viviendas por fases, pero aún «es un proyecto en fase de estudio con PWC». A estos terrenos se podrían sumar otros para levantar otras 5.000 unidades.
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