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La Ley de comunicaciones contempla el derecho a tener internet, y que las compañías telefónicas deben ofrecer tarifas más baratas a las personas con las rentas más bajas.
Tener una buena conexión internet se ha convertido en una necesidad, tanto que la Ley de Telecomunicaciones incluye un artículo que estipula que debe ser un servicio universal y que los operadores deberán ofrecer tarifas asequibles a las personas con rentas bajas, figurando un abono social para los servicios de comunicaciones y acceso a internet de banda ancha.
En un momento en que la conexión a internet se utiliza para buscar empleo, teletrabajar, hacer trámites básicos con las administraciones y bancos, o estudiar, no poder hacer frente a estas facturas, puede suponer un riesgo extra de exclusión social en los hogares con rentas bajas.
Es para evitar esto que la citada Ley en el artículo 37 define el concepto de 'servicio universal' como:
“El conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia de su localización geográfica, en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible.”
En qué consiste el abono social de internet
La Ley fija que la velocidad mínima de acceso a internet de banda ancha sea de 10 Mbit por segundo que se extenderá 30 Mbit por segundo en cuanto las redes y condiciones técnicas lo permitan.
Para garantizar este acceso se estipula que las compañías que ofrecen servicios telefónicos y de internet, tienen que tener, para las personas con rentas bajas o necesidades sociales especiales, opciones o paquetes de tarifas que difieran a las normales.
Entre estas opciones figura el abono social que se presentará para los siguientes servicios:
- Comunicaciones de voz.
- Acceso a una internet de banda ancha.
- Paquete con ambos servicios.
Qué compañías ofrecen el abono social de internet
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han recopilado los requisitos que cada compañía ha establecido, hasta que la Ley los determine y los precios de las tarifas sociales básicas de los cuatro operadores de telecomunicaciones con red propia:
- Másmóvil: Para tener acceso hay que hacerlo a través de la asociación INNICIA. Exige no superar el IPREM de 14 pagas en más de un 50% (que se amplía si hay menores), estar en búsqueda de empleo, o tener menores y ser familias en situación de vulnerabilidad. Los precios oscilan entre los 15 euros y los 18 euros dependiendo de la tarifa.
- Movistar: Solo para pensionistas y jubilados de un determinado nivel de renta. Según el servicio contratado el importe varía entre 14,24 euros y los 28,24 euros.
- Orange: Para titulares del ingreso mínimo vital o la renta mínima de inserción de su comunidad autónoma. Ofrece una tarifa de 14,95 euros.
- Vodafone: Dirigida a jubilados o pensionistas mayores de 65 años con bajos ingresos (no superar 120% del IPREM), jóvenes menores de 30 años en búsqueda de empleo y titulares del ingreso mínimo vital. Según el servicio contratado el precio es de 10 euros o 25 euros y lleva incluido el acceso gratis a la plataforma de formación online Udemy.
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