No en todos los mostradores y de forma unilateral, claro. Pero la cita previa obligatoria debería tender a ser mínima en las Administraciones públicas en España una vez la pandemia del coronavirus no es tal, sino una suerte de enfermedad estacional. El tiqué por avanzado fue necesario en un momento concreto para proteger la salud de los ciudadanos y la de los servidores públicos, pero ahora carece de sentido salvo en excepciones por motivos organizativos.
Es inconcebible que se tenga que pedir cita para, por ejemplo, presentar una denuncia ante los Mossos d'Esquadra en una comisaría, o para acudir al Registro Civil, hacer trámites de Extranjería, acudir a la Seguridad Social o hacer un mero trámite en una Oficina de Atención Ciudadana (OAC) municipal en Barcelona.
La plétora de textos legales que sugieren que la cita obligatoria es ilegal es variada: desde el artículo 103 de la Constitución al artículo 3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas --"servicio efectivo al ciudadano", ¿les suena?-- o el propio Código Civil.
Porque pedir día y hora para ser atendido por un funcionario se ha convertido demasiado a menudo no en una opción más para dirigirse a la Administración, sino en una barrera para que algunos ciudadanos no lo hagan. Más que una facilidad para organizar el trabajo y no tener que esperar, se antoja como un muro que debilita el flujo de ciudadanos que se dirigen a la casa de todos.
Y, más preocupante aún, se generan mercados negros de citas o de fixers que pervierten el espíritu del reserve su turno. Han surgido despachos y plataformas que copan automáticamente las citas a cambio de un pago, lo que impide al vecino sin esos recursos hacerlo por sí mismo. Se quebranta el principio de igualdad de trato.
La cita debe existir, claro, pero como complemento a otras vías de contacto con la Administración, como la presencial, o el tradicional walk-in. No debería ser masiva, ni imponerse de forma sistemática, pues a menudo pasa de recurso organizativo a abuso.
Ello, claro, conlleva que las Administraciones tengan suficiente personal para atender las cargas de trabajo y atender al ciudadano que se deja caer por la oficina. Algo que no está garantizado en las Administraciones con presencia en Cataluña. Pero en los últimos años, quizá, no hemos reparado en este debate y sí en otros.
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