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Ángela Gadea asegura que su hijo "ni tan siquiera puede ser evaluado este trimestre" porque aún no hay maestro para la atención domiciliaria de su hijo
"Mi hijo no puede ser evaluado del primer trimeste porque aquí no hay profesor y a nadie le ha preocupado lo más mínimo si mi hijo aprende o no, si llevará retraso cuando vuelva la colegio o si lo pasará mal porque no tiene el mismo ritmo que sus compañeros. Hablamos de la base educativa. De leer, escribir, sumar, restar...», explica Ángela Gadea", la madre de Samir.
Samir está matriculado en el colegio público CEIP Raquel Paya. Ángela Gadea solicitó la atención educativa domiciliaria el 6 de septiembre, cuando su hijo aún estaba ingresado en el hospital. Le dieron el alta poco después y el crío se fue a su casa con un ingreso domiciliario, a la espera de que llegara un profesor con el que dar las clases. Sin embargo, y casi en el mes de diciembre, el profesor sigue sin ir y la familia no sabe cuándo llegará.
Desde la Conselleria de Educación aseguran que la atención educativa domiciliaria para Samir está autorizada desde el 11 de octubre. Lo que está pendiente es el visto bueno de Hacienda. Y sin autorización de Hacienda no hay profesor que vaya a darle clases al niño.
Es más, la mujer se indigna porque se siente «abandonada» por el sistema. Y recalca: «Hablamos de educaicón obligatoria. Si fuera yo la que no lleva al colegio a mi hijo ya habrían intervenido los Servicios Sociales. ¿Y ahora? ¿Si es la Administraicón la que incumple con su deber no pasa nada? Mi hijo no puede ir unos meses al colegio para evitar infecciones porque estaba débil y casi muere este verano, pero puede dar clases. Debería haber dado clases. Pero el niño lleva sin profesor desde que empezó el curso y a nadie le importa», denuncia.
Piedras en el camino
La familia está haciendo un «gran esfuerzo» para cuidar la salud de Samir. «Yo tengo una reducción máxima de jornada porque necesito dedicarme a él. Y mernos mal que la tengo porque no me imagino qué pasaría si el niño tiene que estar en casa y a mí me obligan a ir a trabajar. Pero tuve que pleitear en el juzgado para conseguir lo que tengo. Ahora, de nuevo, tengo que denunciar que la Administarción envíe los recuros que ya me han aprobado y a los que mi hijo tiene derecho. No lo entiendo», critica la mujer.
Y concluye: «las familias de personas con enfermedades raras o crónicas deberíamos tener a la Administración de nuestra parte, pero no es así. Esto es una lucha constante».
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