Así son los furgones de la Guardia Civil para trasladar presos: sin cinturones, con 26 años y hasta un millón de kilómetros

 LaRazon

En 2023 sólo se compraron diez vehículos celulares nuevos, frente a los 54 adquiridos el año anterior o los 106 de 2021

El parque móvil de la Guardia Civil está envejecido y muy deteriorado. Una prueba de ello es que el 55% de los vehículos celulares de la Benemérita carecen de cinturones de seguridad para los presos y detenidos que son trasladados. Un porcentaje que se eleva hasta el 75% en los furgones grandes de 24 y 25 plazas.

Una situación denunciada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que explica cómo tanto los internos de centros penitenciarios y como los detenidos se ven obligados a viajar en asientos rudimentarios orientados lateralmente y sin cinturones de seguridad. En caso de accidente o incluso ante simples maniobras bruscas o frenazos, su integridad física y su vida corren grave riesgo, sobre todo teniendo en cuenta que esos vehículos que carecen de cinturones de seguridad han recorrido en 2023 más de dos millones de kilómetros.

Desde que en 2015 una orden ministerial estableció las especificaciones técnicas mínimas que deben reunir este tipo de vehículos han pasado ya nueve años y la renovación de esa flota está eternizándose, denuncian desde la AUGC.

Vehículos celulares viejos y en mal estado

A pesar de que en los últimos años se ha hecho un mayor esfuerzo para la adquisición de vehículos celulares, lo cierto es que no llegan los suficientes y además las nuevas incorporaciones se han reducido drásticamente, porque en 2020 se adquirieron 106, en 2021 y 2022 fueron 54 nuevos cada año, mientras que en 2023 solo se han comprado 10.

Según señalan desde esta asociación de la Guardia Civil, la situación se agrava aún más a la vista de los datos respecto a antigüedad y kilometraje, porque tienen una media superior a los doce años de antigüedad, disparándose hasta los 17 años en los vehículos tipo autobús. De hecho, el 63% de la flota tiene más de diez años –el 84% de los vehículos más grandes–, mientras que el 40% superan los quince años –el 69% de los autobuses–, e incluso el 18% acumulan más de veinte años –más de un tercio de los vehículos tipo autobús–, llegando varios de ellos a los 26 años.

A eso se añade que acumulan un promedio superior a los 200.000 kilómetros recorridos, llegando a los 300.000 kilómetros de media en los vehículos más grandes. Casi la mitad del total tienen más de 200.000 kilómetros, mientras que el 18% superan los 400.000, y el 21% de los vehículos tipo autobús están por encima de los 500.000, llegando muchos de ellos a los 600.000 (18%), a los 700.000 (11%), a los 800.000 (6%) e incluso algunos que acumulan casi un millón de kilómetros.

Elevado coste económico

De hecho, los vehículos grandes (24-25 plazas) son los más viejos y con más kilómetros acumulados, precisamente los que más presos trasladan a lo largo del año. Y evidentemente, ese excesivo envejecimiento y kilometraje conllevan un elevado coste económico, porque muchos de los vehículos sufren habitualmente averías. En este sentido, a tenor de los datos desglosados por provincias, 43 de ellas promedian más de diez años de antigüedad, situándose 18 provincias por encima de los quince años, encabezadas por Guadalajara y Guipúzcoa con 23 años, Huesca con 20, y Navarra, Segovia, Vizcaya y Girona con 19 años.

Además, la mitad de las provincias superan los 200.000 kilómetros de media, mientras que cuatro de ellas promedian con holgura más de 300.000: Zaragoza, Segovia, Cantabria y a la cabeza Murcia con una media superior a los 350.000 kilómetros.

A juicio de la AUGC, estos datos ponen de manifiesto la escasa preocupación que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil han mostrado durante décadas por quienes se encargan de las conducciones, pero sobre todo por la seguridad de las personas presas y detenidas que son trasladadas en dichos vehículos. La Comisión de SEPROSE de la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha trasladado ya esta situación a la Secretaría de Estado de Seguridad, al Defensor del Pueblo, a varios grupos parlamentarios, y a Amnistía Internacional.