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El Gobierno ya ha respondido a la reclamación colectiva presentada por UGT el pasado mes de enero en la que denunciaba que España incumplía la Carta Social Europea por no obligar a pagar las horas extraordinarias en un porcentaje adicional a la jornada ordinaria. Lo ha hecho a través de un documento de 17 páginas, consultado por La Información, en el que defiende el modelo actual del Estatuto de los Trabajadores que relega esta materia a los convenios colectivos e insta al órgano del Consejo de Europa a declarar que el país cumple con el texto ratificado en 2021.
El sindicato encabezado por Pepe Álvarez argumentaba que la normativa española no estaba en consonancia con el artículo 4.2 de esta carta, que hace referencia al "derecho de los trabajadores a un incremento de remuneración para las horas extraordinarias, salvo en determinados casos particulares" y proponía que se instara a remunerarlas un 25% más que la hora habitual de trabajo. En el escrito publicado este jueves, la Abogacía del Estado responde que no es necesario que este derecho esté recogido en una norma porque ya se aborda en los convenios colectivos.
El Gobierno recurre a la estadística
El Gobierno recurre a la estadística para señalar que el 60,68% de los convenios colectivos contienen cláusulas específicas por las que se fija una remuneración adicional por el tiempo de trabajo extraordinario y en otro 20% se complementa con periodos de descanso remunerado. Sin embargo, a continuación reconoce la dificultad de saber el número de casos en los que no se da este pago adicional por los cambios constantes en la negociación colectiva. Además, expone que "hay dudas razonables" sobre si incrementar el coste de las horas extra es la medida adecuada, ya que podría operar como incentivo negativo.
El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores es el que hace referencia a la negociación colectiva como espacio para abordar esta materia y el que obliga a que las horas extraordinarias sean remuneradas al menos igual a las horas ordinarias. La misma norma también recoge la posibilidad de que este tiempo de trabajo se compense con descansos remunerados en un plazo máximo de cuatro meses. Según el criterio del Gobierno, esta es la fórmula por la que se decanta la normativa española para conseguir que estas terminen por reducirse a cero y evitar que comprometan la reducción de la tasa de desempleo, que es especialmente alta en España.
Además, el documento que contiene el sello del Ministerio de Justicia recuerda que la legislación anterior obligaba a compensar las horas extra en un 75% adicional al valor de una hora ordinaria, la cual se decidió modificar en 1994 para "hacer más fácil (y también más flexible y barato) el uso de su tiempo a las compañías". Un cambio que, según explican, se tradujo en un aumento del uso de las horas extra que al ser compensadas después con descansos no computan para el límite de 80 horas anuales y por tanto, operan como horas de libre distribución de la jornada laboral.
El sindicato también cuestionaba el registro de las horas de trabajo y en concreto, de las que excedían la jornada habitual, al entender que la ley introducida en 2019 no ha conseguido que se registren de forma certera. En el escrito, el Gobierno recuerda que este tema está siendo negociado con este sindicato, con CCOO, CEOE y Cepyme en la mesa para reducir la jornada laboral y defiende que las medidas llevadas a cabo en los últimos años han conseguido reducir el número de horas extra no remuneradas, de acuerdo con los datos recogidos por la Encuesta de Población Activa.
Valoración de la reclamación
La Abogacía del Estado emplea esta misma fuente para desestimar el segundo incumplimiento señalado por UGT, que hace referencia a una supuesta brecha de género en el pago de horas extra que contravendría el artículo E de la Carta Social. La Unión General de Trabajadores hacía uso de los datos de 2020 y 2021 en las que solo se habían remunerado el 43% y el 45% de las horas extraordinarias prestadas por las mujeres, mientras que en 2022 este porcentaje ascendió al 51,3% lo que el Gobierno entiende que prueba la efectividad de las medidas llevadas a cabo por España.
Fuentes de UGT trasladan a La Información que harán una valoración de esta reclamación en las próximas semanas, al retomar el curso político. Ahora el sindicato tiene que responder a estas alegaciones y después, el Gobierno tendrá la oportunidad de emitir una nueva respuesta, tras la que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) deberá tomar una decisión de fondo. Esta es la segunda ocasión en la que la central sindical se enfrenta al Ejecutivo en Estrarburgo, tras haber defendido una contra el límite máximo a la indemnización por despido en la que el organismo les ha dado la razón y que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, usará como punto de partida para impulsar una reforma a lo largo de 2025.
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