LaVanguardia
La ciudad de Madrid se despide de los patinetes eléctricos de alquiler pertenecientes a empresas privadas. Desde este viernes, las tres empresas que tenían vehículos de este tipo en circulación ( Dott, Lime y Tier Mobility) podrán ser sancionadas con 1.500 euros por cada vehículo que siga en la calle al no disponer ya de autorización para estar operativos. Los particulares que tengan patinetes propios podrán seguir utilizándolos.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, informó de que el Ayuntamiento de Madrid iba a revocar la autorización para los 6.000 patinetes de esas tres empresas que podían circular por sus calles al considerar que no se está cumpliendo con las condiciones acordadas. El pasado 9 de octubre se les dió el aviso y se les otorgó 15 días para su retirada. Desde este viernes “no tienen autorización para circular”, señalan fuentes municipales a La Vanguardia.
Así, Almeida trasladó que el Consistorio ha constatado que a lo largo de estos meses no se ha producido el cumplimiento de los condicionantes acordados y “sigue habiendo riesgos como consecuencia de la circulación de estos patinetes”.
En concreto, señaló que no tienen la tecnología necesaria o existe un desconocimiento de los usuarios de las normas que tienen que seguir en la ciudad. “Por tanto entendemos que no se dan las condiciones para que estas empresas puedan seguir operando en estas condiciones”, añadió.
Sin derecho a indemnización
El propio concejal de movilidad del Ayuntamiento de la capital, Borja Carabante, ha recordado en redes sociales la prohibición desde hoy y la multa. El Ayuntamiento informará los próximos días de las sanciones impuestas, puesto que las aplicaciones de las compañías siguen estando operativas. La policía municipal será la encarga de imponer las sanciones.
El consistorio defiende que ha llevado a cabo inspecciones periódicas y que las tres empresas quebrantaban algunas de las condiciones establecidas en la base del contrato. Por ello, ha retirado el permiso sin que tengan derecho a ninguna indemnización. Entre los incumplimiento que alega el consistorio madrileño destacan que no se ha podido verificar el ratio de patinetes que se estableció (3.600 unidades en el interior de la M-30 y 2.400 en el resto del municipio para mantener el ratio de 10 patinetes por cada 10.000 vecinos), carecen de la tecnología necesaria para estacionar en las zonas habilitadas y se encuentran patinetes en lugares indebidos y la cobertura de los seguros en insuficiente. De ahí, que haya revocado la autorización de forma unilateral.
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