La huelga de alquileres da sus primeros pasos en Cataluña con 29 familias que ya han dejado de pagar: "Empieza la revuelta de las llaves"

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La huelga de alquileres en Cataluña de la que lleva advirtiendo semanas el Sindicat de Llogateres ya ha dado sus primeros pasos, ha informado este miércoles la organización. Según ha señalado, el lunes 9 de diciembre "un total de 29 familias de las promociones de viviendas de protección oficial gestionadas por La Caixa (Inmocaixa)" iniciaron una "huelga de dos meses", que implica la devolución del "recibo de las dos últimas mensualidades del año". "Empieza la ya anunciada revuelta de las llaves", ha dicho Enric Aragonès, portavoz del sindicato.

De estos 29 hogares, 23 son de una promoción de Salou y suponen un 62% de los del edificio. Otras seis familias son de una finca de La Caixa en el Vendrell. "El impago conjunto suma unos 20.000 euros y, asimismo, se exige la devolución de los importes cobrados en concepto de IBI", ha apuntado el Sindicat de Llogateres. Ha añadido que "esta acción se produce después de que una sentencia del Tribunal Supremo declarara ilegal que se cobrara este impuesto a inquilinos de viviendas protegidas". Según la organización, La Caixa ha cobrado más de 10 millones de euros en IBI solo en Cataluña, por lo que reclama el retorno de las cantidades que ha obtenido ilegalmente.

Una de las vecinas de la promoción de Salou, Kika Aguilera, ha explicado que tras cuatro años de lucha, “se ha conseguido que el Institut Català del Sòl de la Generalitat (Incasòl) haya comprado” el bloque. Espera que “haga contrato” a los habitantes de los pisos y tome medidas para proteger los derechos de las familias afectadas.

La huelga, ha señalado el Sindicat de Llogateres, también se convoca "en solidaridad con las promociones no adquiridas por el Incasòl y todavía gestionadas por Inmocriteria, donde continúan las acciones de la entidad bancaria para expulsar a los inquilinos".

Familias de Sentmenat se añadirán en marzo

Los inquilinos de dos promociones de vivienda protegida de Sentmenat con unos 147 pisos, también gestionadas por Inmocriteria, tienen previsto añadirse a la huelga a partir del 1 de marzo, después de acordarlo ayer martes en una asamblea a la que asistieron unos 60. Un total de 23 dieron su visto bueno, ninguno votó en contra y hubo cinco abstenciones.

Los vecinos reclaman "la prórroga de los contratos de alquiler ya extinguidos y la retirada de los procedimientos judiciales abiertos para desahuciar a familias". También piden eliminar "cláusulas abusivas y sobreprecios para volver a los precios originales".

Una de las afectadas, Marta Carrillo, ha contado que llevan “años de acoso inmobiliario en forma de precios abusivos, falta de mantenimiento de los edificios y más de 16 cláusulas abusivas” en contratos de personas que “cumplen los requisitos VPO”. Ha asegurado también que “todas las vecinas están en riesgo de desahucio”, por lo que se ha decidido hacer “un registro de huelguistas” para lograr que un 25% de los inquilinos participen en la huelga.

Desde el Sindicat de Llogateres recuerdan que la Generalitat anunció este pasado verano la adquisición de nueve de las 38 promociones de vivienda protegida de La Caixa, pero las 27 restantes, entre las que están las dos de Sentmenat, "se verían abocadas a la pérdida de la protección", pues está previsto que con el paso del tiempo entren al mercado libre. Por eso, el vecindario de estos edificios "reclama también la adquisición de los bloques por parte de la Generalitat", dicen.

Puerta a puerta en Barcelona

Aragonès ha explicado que este miércoles por la tarde se ha puesto en marcha una campaña “puerta a puerta” por 500 hogares de familias de Barcelona susceptibles de unirse a la huelga de alquileres. Se trata de inquilinos que han contactado con el Sindicat de Llogateres y que sufren “algún tipo de abuso”.

Por otro lado, el portavoz de la organización ha criticado que "en las últimas semanas", Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona han hecho diversos anuncios de nuevas promociones de vivienda protegida "que parecen dibujar otra vez un modelo de VPO concertado". Este, apunta el Sindicat de Llogateres, está pensado "para garantizar el lucro de los agentes privados" y se traduce en "un precio final de alquiler de escándalo que puede llegar a los 1.000 euros por 60 m2". "No servirá ni para que vayan a la baja los precios del mercado privado ni para garantizar el acceso universal a la vivienda", lamenta.