Metropoli
Viviendas en rehabilitación
Las bonificaciones al transporte y la gratuidad en Rodalies no son las únicas medidas que han pactado PSOE y Junts en el decreto ómnibus. Este paquete normativo incluye también un seguro para los propietarios en caso de impagos de alquileres por parte okupas y familias vulnerables en Barcelona.
Cobertura de todas las rentas y daños
El Real Decreto-Ley, publicado en El Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, 29 de enero, detalla los requisitos para solicitar la línea de avales que establecerá el Ministerio de Vivienda.
El aval, según el artículo 76 del texto, garantizará el pago de todas las rentas o mensualidades impagadas hasta que el propietario recupere la posesión de la vivienda, así como todos los daños causados por los inquilinos.
El inquilino debe ser menor de 35
Para solicitar la línea de ayudas, el inquilino okupa debe ser menor de 35 años al momento de hacer la solicitud o se debe tratar de una persona vulnerable.
Por otro lado, para obtener el aval, la renta del alquiler no puede ser superior al índice estatal de referencia al alquiler y se deberá depositar una fianza legal del contrato de alquiler y sus actualizaciones.
Exterior de la vivienda okupada
Seis meses de plazo
La solicitud para el cobro de las cantidades se podrá realizar en el plazo de seis meses desde que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, a través de una sentencia o acuerdo judicial o extrajudicial que lo acredite.
Este reglamento será aprobado en un plazo máximo de seis meses a partir de este miércoles, 29 de enero, y será de aplicación respecto a los contratos vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Desahucios paralizados
El decreto ómnibus prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de los desahucios y lanzamientos, una medida que puso en marcha durante la pandemia.
Así, los 'okupas' que no han pagado el alquiler, pese a existir una sentencia judicial que habilite a los propietarios a recuperar su finca, podrán anular el desahucio por encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Este denominado "escudo social" se justifica, según el texto normativo, por "la grave situación en el ámbito económico y social que siguen afrontando los hogares en España, en un contexto caracterizado por determinadas dinámicas de crecimiento de precios e insuficiencia de oferta asequible de vivienda".
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