Pedro Sánchez ha puesto en marcha una ofensiva política tras el mayor apagón eléctrico de la historia reciente en España. Lo ha hecho con declaraciones solemnes desde La Moncloa, con reuniones de alto nivel en la sede del Gobierno y con mensajes públicos en los que apela directamente a la responsabilidad de "los operadores privados". Pero la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿quiénes son exactamente esos operadores? ¿A quién acusa el Presidente del Gobierno, aunque sea entre líneas, de haber puesto en jaque la seguridad energética del país? ¿Por qué no da nombres cuando parece claro que los tiene?
La cita en La Moncloa con las grandes eléctricas, en la que participaron los máximos representantes de Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Acciona Energía y Redeia, no fue una reunión más. Fue un acto deliberado de autoridad, un golpe sobre la mesa con testigos relevantes como la vicepresidenta María Jesús Montero; la vicepresidenta y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Allí, Sánchez les exigió transparencia, colaboración y soluciones. Lo dijo con cortesía institucional, pero con tono inequívoco: el Gobierno necesita saber qué falló y necesita saberlo ya.
En ese mismo encuentro, la presidenta de Red Eléctrica Española (REE), Beatriz Corredor –colocada en el cargo por el propio Ejecutivo y con el Estado como accionista del 20%–, fue señalada implícitamente como uno de los puntos débiles del sistema. Sánchez dejó entrever su malestar al recordar que él mismo se enteró de que se descartaba el ciberataque solo tras escuchar la comparecencia pública de la compañía, no por un aviso directo a la Moncloa. Si ni siquiera el presidente accede en tiempo real a la información crítica de REE, algo falla gravemente en la gobernanza del sistema.
Pero no es solo Red Eléctrica. Todas las compañías implicadas sabían que el sistema se enfrentaba a un mayor estrés por la creciente penetración de las renovables. Y todas ellas, como han confirmado fuentes del sector, se comprometieron en bloque a colaborar. Lo preocupante no es que lo digan ahora, sino que no lo hicieran antes, cuando aún se estaba a tiempo de evitar el desastre.
El futuro de la transición ecológica, en juego
El apagón, según se va sabiendo, no fue consecuencia de un ataque exterior ni de un fallo fortuito. Fue, en esencia, un fallo de gestión agravado por una lógica empresarial cortoplacista que prioriza el beneficio sobre la estabilidad. A la hora crítica, el 60% de la generación eléctrica era fotovoltaica y un 14% eólica. El respaldo de las centrales de ciclo combinado, que deberían estar listas para intervenir en casos de inestabilidad, era testimonial: apenas un 8%. ¿Por qué? Porque tenerlas operativas sin producir no es rentable. Y ahí parece estar la verdadera causa del colapso.
Al día siguiente, tras el desastre, las centrales de ciclo combinado pasaron a representar el 40% de la generación. Es decir, la capacidad existía, pero no se utilizó a tiempo. No fue un error técnico inevitable, sino una decisión para no asumir los costes de prevención. Como ha dicho en Naiz el físico e investigador del CSIC Antonio Turiel, “tener las centrales paradas en ese contexto es una responsabilidad criminal”. No puede decirse más claro.
Por eso resulta insostenible que Sánchez siga apelando de forma genérica a “los operadores privados” sin concretar. Si hay responsables, deben señalarse. Y si no se puede aún por razones jurídicas o técnicas, debe explicarse con claridad. Pero el silencio, la ambigüedad o las acusaciones en voz baja no sirven. Solo alimentan el desconcierto ciudadano, envalentonan a los actores irresponsables y debilitan el crédito político del propio Gobierno.
Además, en esta crisis energética se juega mucho más que la reputación de las eléctricas. Se juega el futuro de la transición ecológica. Hay sectores que están aprovechando el apagón para atacar las energías limpias, como si fueran ellas las culpables del colapso. Nada más lejos de la realidad. El problema no fue la solar ni la eólica, sino el sistema de respaldo que no estuvo preparado porque algunos decidieron que prepararlo costaba demasiado.
Ya en 2021, el expresidente de Red Eléctrica Jordi Sevilla advertía de que la red no estaba técnicamente preparada para picos de producción renovable. Varios informes alertaban del riesgo de desconexiones si no se invertía en estabilizadores, baterías y respaldo térmico. Pero esas advertencias se ignoraron o se subestimaron. Ahora se pagan las consecuencias.
Toca poner luz sobre lo ocurrido
El Gobierno debe responder con firmeza y, sobre todo, con claridad. El país no puede permitirse más discursos vagos ni reuniones a puerta cerrada. Hay que poner luz sobre lo ocurrido, literal y figuradamente. ¿Qué empresas no activaron a tiempo sus centrales de ciclo combinado? ¿Quién tomó la decisión de no invertir en sistemas de respaldo? ¿Por qué no se siguieron las recomendaciones técnicas conocidas desde hace años? ¿Por qué no se avisó antes al Ejecutivo del descarte del ciberataque?
La transparencia no es una opción, es una obligación democrática. Sánchez debe dar un paso más: debe concretar públicamente qué operadores privados, según el Gobierno, no actuaron con la diligencia exigible. No para iniciar una caza de brujas, sino para depurar responsabilidades, restaurar la confianza y asegurar que esto no volverá a ocurrir.
Es hora de encender la luz. En nuestras casas, sí, pero también en el debate público. Porque no estamos ante un fallo anecdótico, sino ante un síntoma estructural de un modelo energético mal diseñado, capturado por intereses privados y gestionado con escasa previsión. La transición ecológica necesita más que buenas intenciones: necesita rigor, inversión, control público y reglas claras.
Y si alguien debe responder por lo ocurrido el 28 de abril, que lo haga. Con nombres, con datos, y con consecuencias. El país lo merece. Y Pedro Sánchez, si de verdad quiere ser el adalid de una transición energética justa, tiene que empezar por decir la verdad completa.
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