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El Irídia Centro para la Defensa de los Derechos Humanos se ha mostrado crítico con el reglamento para el uso de pistolas Taser por parte del cuerpo de la Guardia Urbana. Será a partir del verano de 2026 cuando el cuerpo policial incorporó las primeras 22 pistolas eléctricas. La entidad reitera que estos dispositivos son "armas potencialmente letales" y lamenta que el nuevo reglamento no lo advierta.

En una entrevista en el básicos Sònia Olivella, coordinadora de litigios en Irídia, ha denunciado que "si se aprueba el reglamento estaremos en una sociedad que permite que se dispare con Taser a niños de 14 años". Denuncian que el reglamento no incluye ninguna de las recomendaciones que hicieron las entidades y aseguran que se sienten "profundamente preocupadas".


"Ya alertamos de que eran armas potencialmente letales"

Irídia considera que la normativa no recoge algunos puntos básicos para garantizar los derechos de la ciudadanía y reclama "garantías y transparencia". Recuerda que cuando se incorporaron las Taser a los Mossos ya "alertaron de que eran armas potencialmente letales y se rechazó esta alerta". Y ahora remarcan que se trata de una copia del protocolo de la policía catalana, que "ya no cumple los estándares".

Denuncian que no se ha incluido ninguna recomendación de las entidades

Señalan que el informe con indicadores médicos y jurídicos en el que se basa el reglamento no se ha hecho público y, además, apuntan que la evaluación anual del uso de las Tasers la hará la propia Guardia Urbana y no, como recomendaron las entidades, un organismo independiente. También alertan de que no se prohíbe expresamente el uso contra las personas en crisis de salud mental y se permite contra personas con conducta suicida.

Además, critican que se puedan utilizar en entornos de manifestaciones, contra menores a partir de 14 años y sin límite de uso de descargas. Irídia pide limitarlas a una, ya que aseguran que más de una suponen un riesgo elevado de muerte.

Piden a los grupos políticos que no aprueben el reglamento

El texto obliga a que cada dispositivo de descarga eléctrica tenga aparejada una cámara de vídeo, pero Irídia señala que no se obliga a usar modelos con grabación automática y eso, dicen, significa "que la activación del vídeo dependa del propio agente, lo que no garantiza la grabación". Para la entidad, la normativa "debe incorporar la obligación que se pueda gravar de forma automática".

La entidad reclama que en el plenario municipal del 27 de junio los grupos políticos no saquen adelante un reglamento "contrario a los mínimos internacionales".