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Fachada de la sede de la sindicatura de Cuentas en Vía Laietana 60, a 9 de febrero de 2024, en Barcelona
En medio de la polémica sobre la transformación de la nueva DGAIA (ahora DGPPIA), la Sindicatura de Cuentas ha detecado pagos indebidos de prestaciones que superan los 167,5 milllones de euros desde 2016 hasta 2024, periodo en el que el Departamento de Drets Socials dependió de ERC y Junts. Del total, 7,17 milllones pertenecen a expedientes prescritos y de estos, 4,7 millones son prestaciones de la DGAIA a extutelados que no deberían haberse abonado entre 2019 y 2022.
En un informe, el organismo pone de manifiesto la "falta de seguimiento y control eficaces en la gestión de las prestaciones". Esto ha provocado "la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un elevado volumen de pagos indebidos".
La Sindicatura constata que su tramitación representa una "carga administrativa importante" que "dificulta la gestión ordinaria de la prestación", a la vez que comporta costes importantes también para las personas beneficiarias. De hecho, la cantidad detectada ahora es una estimación, ya que hay muchos expedientes aún por revisar.
Falta de transparencia
Por esto, el organismo fiscalizador entiende que "no se ha fomentado una cultura de regularidad y transparencia" en las actividades financiadas con fondos públicos, ni un marco que garantice los principios éticos y de buen gobierno de imparcialidad, integridad y objetividad en la gestión de los recursos.
Según el informe, el sistema de la DGAIA que define el perfil de la población que puede acceder a las ayudas tiene carencias importantes. Considera "insuficiente" la cuantía destinada a las prestaciones para proteger ante la pobreza y estima que el volumen de recursos necesarios ronda el doble del asignado actualmente.
Sistema "excesivamente complejo"
También critica que los tiempos "dilatados" en la gestión de las prestaciones, la falta de mecanismos de seguimiento y control y la inexistencia de un marco de supervisión que garantice que se protege el interés general limitan la efectividad de la intervención.
En general, el órgano fiscalizador ve "excesivamente complejo" el mapa de prestaciones y apunta que algunas de ellas podrían fusionarse sin afectar a su capacidad protectora.
El informe de la Sindicatura señala también una falta de coherencia con las intervenciones en el territorio por parte de entidades locales, que conceden prestaciones dirigidas a dar respuesta a situaciones de emergencia, y apunta que la introducción del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Cataluña no ha supuesto una reducción del número de titulares de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Conflicto de intereses
La DGAIA ha estado en el punto de mira por las continuas irregularidades en su gestión. Además del polémico caso de la menor tutelada de 12 años violada y prostituida, la Oficina Antifrau investiga las irregularidades alrededor de las ayudas económicas que la Administración concede a los jóvenes extutelados.
Precisamente, el informe de la Sindicatura manifiesta que había "riesgo de conflicto de interés" en la gestión y supervisión de algunas prestaciones externalizadas a una serie de entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, para cuya actividad no se ha garantizado un marco de regularidad y transparencia.
De hecho, la lupa está sobre dos asociaciones que conceden estas prestaciones: la Fundació Resilis y la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis.
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