CartaSofadelaCritica Martinelli
En un contexto donde la violencia de género continúa siendo una de las problemáticas más apremiantes de nuestra sociedad, los fallos en la implementación de pulseras anti maltrato representan no solo un error técnico, sino una falta de responsabilidad que pone en riesgo la vida de muchas personas. La reciente información sobre fallos en estos dispositivos de monitoreo ha puesto en evidencia la insuficiencia y la negligencia de los responsables políticos en la protección de las víctimas.
Las pulseras anti maltrato fueron concebidas como una herramienta para garantizar la seguridad de aquellas personas que han denunciado abusos y que, en muchos casos, se encuentran en situaciones de alto riesgo. Sin embargo, cuando estos dispositivos fallan, las consecuencias pueden ser devastadoras. Es un tema que debiera merecer toda nuestra atención, pero desafortunadamente, parece que lo que priva es la búsqueda de beneficios económicos a expensas de la vida de las personas.
Los responsables políticos tienen la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, especialmente de aquellos que ya han hecho el doloroso esfuerzo de reportar violencia. Resulta alarmante observar que, en lugar de priorizar la inversión en sistemas que funcionen correctamente, se sigue jugando con la vida de las personas, buscando recortes o soluciones más económicas que beneficiarán a un puñado de empresas amigas. Esta situación es inaceptable.
La gestión de estos dispositivos debería estar respaldada por un compromiso real hacia las víctimas y no por conveniencias financieras o políticas. Las cifras de violencia de género no son simplemente estadísticas; detrás de cada número hay una historia, una vida que merece ser protegida. Por eso, los responsables de estas decisiones fallidas deben asumir su rol de forma seria y, si es necesario, dimitir. La política debe estar al servicio del bienestar de la sociedad y no convertirse en un mero juego de intereses.
Es hora de que los responsables políticos comprendan que su actuación (o inacción) tiene consecuencias directas en la vida de las personas. No podemos permitir que el costo de una pulsera o los contratos con empresas amigas se conviertan en la principal preocupación. La lucha contra la violencia de género requiere de un compromiso firme y una inversión adecuada en recursos que realmente funcionen. Ya basta de mirar hacia otro lado. La seguridad de las víctimas es prioridad y debe ser tratada como tal. La indiferencia ante este asunto es un fallo muy grave, y quienes deberían actuar deben rendir cuentas por ello.
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