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Las ciudades con una alta afluencia de visitantes buscan alternativas a la regularización o prohibición para hacer frente al problema habitacional
Los municipios más visitados del Camp de Tarragona y el Penedès no aplicarán la misma política sobre pisos turísticos que Barcelona. La capital anunció el año pasado que prohibirá la totalidad de viviendas de uso turístico en 2028, estrategia a la que empiezan a sumarse las ciudades de su entorno. Como explicó EL PERIÓDICO este viernes, hasta cinco municipios trabajan con la misma fecha para evitar que la oferta de la capital se desplace a la primera corona metropolitana.
En cambio, la Costa Daurada argumenta que la lejanía de la capital catalana previene por sí misma un eventual traslado de estos alojamientos y saca pecho de una dinámica propia para gestionar la presión de los visitantes. Es más, los municipios tarraconenses consultados por EL PERIÓDICO ven los pisos turísticos como una salida a la poca oferta de plazas hoteleras y buscan otras alternativas para abordar el problema de la vivienda.
Realidades urbanas cambiantes, como la separación geográfica evidente entre el núcleo del municipio y la zona turística, como ocurre en Cambrils, Vila-seca o El Vendrell, hacen que las consecuencias de los pisos turísticos queden apartadas y minimicen la incidencia en el parque de vivienda disponible para los residentes a tiempo completo. La excepción es Tarragona, que tiene un núcleo histórico que sí genera atracción y cuenta numerosos alojamientos turísticos.
En la Costa Daurada predomina el turismo de sol y playa, mayormente familiar. Cambrils, por ejemplo, "es un destino tradicionalmente tranquilo y auténtico y no sufre la misma presión ni tiene la densidad de Barcelona", por lo que descartan la prohibición general, explica la concejal de Turismo y Promoción Económica, Patricia de Miguel (PP), a este medio. El consistorio cambrilense busca "un modelo propio basado en la identidad" y rechaza "copiar" fórmulas de grandes ciudades. Para blindar la oferta de vivienda durante todo el año, su solución pasa por leyes que ofrezcan seguridad jurídica a los propietarios, eliminar trámites burocráticos y facilitar la gestión urbanística de los ayuntameintos, así como la "lucha contra las inquiokupaciones", lo que, aseguran, haría que los propietarios se pasaran al modelo de alquiler para todo el año y aumentaría la oferta.
En Vila-seca, con un barrio diferenciado y fuertemente turístico como La Pineda, prefieren "acomodar esta realidad" con las políticas de vivienda y regular los pisos turísticos sin prohibirlos. Sin embargo, el alcalde, Pere Segura (Junts), declina revelar cómo podría ser esta regulación. "Afrontaremos la tensión actual de la vivienda con unas políticas públicas ambiciosas, atendiendo a las necesidades de la gente joven y las familias", con la construcción de más vivenda asequible o protegida, apunta el primer edil.
Defienden poder decidir sobre la cuestión
En el límite con el Camp de Tarragona, l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) también es contraria a comparar su situación con las grandes ciudades del Área Metropolitana de Barcelona. "Somos un pueblo turístico que no dispone de suficientes habitaciones en hoteles ni cámpings, por lo que las viviendas turísticas nos permiten dar respuesta a nuestros visitantes", reconoce la alcaldesa Eva del Amo (Junts). Este ayuntamiento ve "riqueza para el pueblo y economía circular" y señala que apuesta por la "autonomía municipal" en la nueva regulación catalana para que atienda a las realidades de los distintos destinos.
En el Baix Penedès, El Vendrell y Calafell también atraen parte del turismo familiar de la demarcación. Defiende un 'modelo tarraconense', en contraposición al barcelonés, y descartan prohibir los pisos turísticos a corto o medio plazo. "Somos un municipio que vive del turismo y no podemos prescindir de ninguna modalidad o tipo de alojamiento", señala Ramon Ferré (PSC), alcalde de Calafell. En el municipio hay actualmente unos 1.500 pisos de esta tipología, legalizados recientemente por el consistorio. Tras el cambio de normativa catalana "se tendrán que volver a regularizar", lamenta Ferré: "Se nos ha acumulado el trabajo".
Desde El Vendrell, el alcalde Kenneth Martínez (PSC) replica el discurso diferenciador y asegura que en la costa de su municipio "no hay conflicto con la vivienda" porque la mayoría está dedicado a la segunda residencia. "No tenemos ese choque entre el turista y el local que podemos ver en la Barceloneta, por ejemplo, nuestra situación es diferente", asegura.
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