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La Fundació Arrels pide una moratoria para evitar más expulsiones de personas en situación de calle mientras las Administraciones no promuevan otras soluciones
Al menos una treintena de personas sin hogar han sido desalojadas esta mañana del campamento en el que malvivían en la avinguda Josep Carner, justo al lado del parque de Bomberos de Montjuïc. Los Mossos d'Esquadra han comenzado la operación a las ocho de la mañana y las tareas de limpieza se han alargado hasta cerca de las 12 del mediodía. Es el último de una serie de desalojos de diferentes grupos de personas sin hogar que se repiten en Barcelona desde el año pasado y que le han valido las críticas de las entidades sociales de la ciudad. Este mismo viernes, Arrels Fundació ha propuesto una moratoria para que no se repitan este tipo de expulsiones hasta que la Administración sea capaz de ofrecer una respuesta adecuada.
En el desalojo de este viernes en Montjuïc, muy cerca de la entrada a la Ronda Litoral, los operarios han retirado colchones y todo el mobiliario que habían juntado las cerca de treinta persona que hacían vida allí. El campamento desalojado era uno de los muchos asentamientos informales de personas sin hogar que se reparten a lo largo de esta Ronda de Barcelona. Fuentes municipales aseguran que este espacio se levanta "ante los graves problemas de seguridad, salubridad y convivencia detectados en este este espacio".
Los vecinos del Poble Sec que convivían con el asentamiento habían denunciado frecuentemente problemas relacionados con el consumo de drogas y con el civismo de las personas que hacían vida en el asentamiento. Hasta el lugar del desalojo también se han desplazado varias ambulancias y unidades del Centre d'Urgència i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) y de la Agència de Salut Pública de Barcelona.
El PP reivindica el desalojo
El candidato del Partido Popular a las elecciones municipales de Barcelona, Dani Sirera, exigió este mismo jueves al gobierno de Jaume Collboni que realizara el desalojo por los "importantes problemas de convivencia que generaba". No es la primera vez que Barcelona desaloja un asentamiento pocos días después de la exigencia del Partido Popular. Ya sucedió, por ejemplo, en el desalojo de casi 200 personas que hacían vida junto al Pont del Treball Digne, en La Sagrera.
Mientras que el partido se anota como éxitos cada uno de estos lanzamientos, las entidades sociales denuncian que no puede normalizarse el desalojo de personas sin hogar sin una alternativa clara de vivienda. Arrels Fundació ha demandado este mismo viernes que se aplique una moratoria para evitar más desalojos de personas sin hogar en Barcelona "mientras las administraciones no acuerden una estrategia del abordaje del sinhogarismo". La directora de la Fundación, Bea Fernández, ha asegurado en un comunicado que es consciente de que el fenómeno ha crecido en la ciudad y que "hay espacions donde viven personas con problemáticas complejas". "Ahora bien, no puede ser que la política muniipal es base en el desplazamiento de estas personas, sino que tiene que dar respuestas estructurales", ha lanzado.
El desalojo llega tambíen dos días después de que, tal como adelantó en exclusiva EL PERIÓDICO, el Tribunal Superior de Justicia de Badalona avalara el desalojo del Instituto B9 de Badalona, donde llegaron a vivir a la vez más de 400 personas sin hogar. El recorrido de las diferentes instancias judiciales que se elevaron contra el Ayuntamiento de Badalona tanto por el desalojo en sí como por el trato que recibieron después las personas desalojadas –una parte importante de ellas no pudo acceder a ningún recurso residencial– aún sigue adelante.
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