Raúl alquiló su bar en San Vicente del Raspeig (Alicante) en septiembre del año pasado. El contrato lo firmaron un hombre y su mujer por un año, todo normal. Dos meses después empezaron los problemas. De repente, los 600 euros mensuales de alquiler del establecimiento dejaron de llegarle al dueño. Y mientras tanto, el bar seguía abierto y generando beneficios. Raúl protestó, como es lógico, pero de nada sirvió, así que recurrió a los tribunales.
Llegó el confinamiento y, como si se pusiera un gran paréntesis en el tiempo, España se paró durante más de dos meses. El bar cerró y, por supuesto, el dinero del alquiler seguía sin llegar. Lo que viene es lo de siempre: un trámite judicial que se eterniza y la imposibilidad de desalojar al okupa por la fuerza.
Finalmente, el tribunal se pronunció: el desahucio está programado para este lunes 17 de agosto. Cercado por la justicia y por la empresa MMM Desokupación, al cierre de esta edición, el okupa está atrincherado dentro del bar exigiendo 3.000 euros al propietario por irse. Por si fuera poco, ahora Raúl sufre la extorsión del tipo que no le ha pagado nueve meses de alquiler. A 600 euros al mes, se podría decir que el okupa le ha robado 5.400 euros.
La tensión vivida en la desokupación de un bar de Alicante
Como vemos, la okupación y la morosidad no solo afecta a viviendas, también a negocios. Otro caso del que informó EL ESPAÑOL, más dantesco aún, es el de Isidro, el asturiano al que le okuparon su negocio y lo explotaron sin pagar un duro. "Nuestro inquilino durante 40 años se jubiló un viernes y, al acudir el lunes al taller mecánico para ver cómo estaba todo, nos lo encontramos okupado por unos desconocidos reparando coches", contó Isidro a este periódico.
Los okupas, ni cortos ni perezosos, se presentaron ante las autoridades como los legítimos dueños del taller mecánico. Pusieron una alarma, contrataron un seguro de negocio (que nunca pagaron, por otro lado), se presentaron como los nuevos propietarios ante la comunidad de vecinos y los comercios de la zona. Y así han estado durante dos años.
Sin vía penal
La okupación de negocios rara vez es como la de viviendas. Okupar un negocio abierto sería casi como okupar una casa con gente dentro. En vez de una patada en la puerta, estos casos comienzan con un contrato de alquiler que se incumple. Aunque también hay casos en los que se ha okupado un negocio cerrado echando la puerta abajo. Hay casos para todos los gustos.
“Una cosa es la okupación y otra cosa es que los inquilinos dejen de pagar”, explica Javier García, abogado de la empresa Fuera Okupas. “Que los inquilinos dejen de pagar es la nueva okupación y está más profesionalizada. Ellos piensan que se evitan la vía penal”.
Esto ocurre tanto en viviendas particulares como en negocios. La única diferencia es que el proceso de desalojo no puede ir por la vía penal, y eso no siempre se cumple. “Recuerdo un caso en Castellón, en que el inquilino entró en el sitio solo con un preacuerdo, sin pagar fianza, ni depósito, ni nada”, cuenta García. En ese caso la injusticia fue tan flagrante que sí que se pudo tramitar por la vía penal.
Salvo por ese detalle, “judicialmente es muy similar”. Los mismos trámites eternos, la misma indefensión por parte de la justicia, la misma protección para el individuo que se ha instalado en una propiedad ajena por la cara y la misma impotencia del propietario, que en muchos casos se ve obligado a recurrir a una empresa privada que le saque al okupa (o al inquilino convertido en okupa) por las bravas.
Cada día, 33 okupaciones
Unos 12.000 propietarios al año sufren okupaciones en sus domicilios, según los últimos datos. Esto significa que, de media, cada día 33 viviendas son okupadas. Esta cifra, de hecho, ha crecido desde 2013, el primer año en el que existen datos al respecto. Entonces, sólo hubo 7.700 denuncias. En estos años han aumentado un 58% las okupaciones en todo el territorio.Este incremento se debe, en gran parte, a que la legislación dificulta el desalojo de estos usurpadores.
El problema es que el litigio entre propietario y okupa suele dilatarse en el tiempo. Los procesos duran, de media, unos cinco o seis meses. Esto dependerá mucho del juzgado y del colapso que tenga en los procesos. Y la crisis del coronavirus no lo ha hecho sino incrementar estos tiempos. Mientras tanto, el okupa disfruta gratis de la casa o local. De la luz, del gas, del agua… de todo, que lo paga el propietario.
La empresa MMM Desokupación monta guardia en el bar de Raúl.
Es más, una vez resuelto el procedimiento, si el inmueble ha sufrido desperfectos, el dueño de la casa será quien deba hacer frente a las pertinentes reparaciones, ya que los okupas se suelen declaran insolventes a la hora de indemnizar.
Esto fue lo que le ocurrió a Luis, que estaba reformando un local comercial en Barcelona y se lo okuparon con nocturnidad y alevosía. Gracias a una empresa de desokupación, en dos semanas pudo disponer del local o, más bien, lo que quedaba de él. Los okupas le robaron el termo y casi todo el mobiliario. A cambio, le dejaron “todo lleno de mierda”, según cuenta indignado a este periódico.
Una ley que no llega
El Gobierno aprobó en junio de 2018 una ley de desahucio exprés, la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que ha agilizado de alguna medida la desokupación. Sin embargo, algunos juristas siguen pensando que la norma es insuficiente y que provoca indefensión para el propietario porque la primera notificación del juzgado suele llegar a los seis meses de inicio del procedimiento. Seis meses que el okupa gozará de esa vivienda siendo intocable.
El problema de la okupación se ha vuelto tan preocupante que hay partidos políticos que han hecho de este tema su particular caballo de batalla. El que propone el cambio más radical es Vox. Santiago Abascal opina que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberían poder desalojar a los okupas “con una patada en el culo” y sin necesitar que se inicie un proceso judicial. Así lo defendió en la última campaña electoral. ¿Cómo? Mediante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que el partido entiende que se está cometiendo un delito flagrante incluso pasadas las 48 horas actuales.
Una de las propuestas más recientes de una ley antiokupas la ha planteado Ciudadanos. Este partido, PP y Vox han registrado hasta cuatro proposiciones de ley este mes de julio con el fin de luchar contra la lacra de las okupaciones y que se debatirán este mes de septiembre. Así, el pasado 10 de julio, la formación naranja registró una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para endurecer el delito de usurpación, regulado en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También, el partido liderado por Inés Arrimadas plantea agilizar las expulsiones de los okupas que se adueñen de una casa ilegalmente. En esto, la derecha es unánime.
La izquierda, no tanto. El PSOE se ha pronunciado menos respecto al problema de la okupación y siempre se ha inclinado por promover la vivienda de alquiler social. Ahora, confía también en fortalecer una renta básica de emancipación. De hecho, se verá en las dicotomía de admitir a trámite o no la recientes proposiciones de ley de PP, Ciudadanos y Vox o mantenerse del lado de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, que defiende prohibir el desalojo de usurpadores “sin una alternativa habitacional”.
