Miles de empresas devuelven los beneficios de los ERTE para poder empezar a despedir cuanto antes

Los sindicatos lanzan la voz de alarma por esta situación y los gestores avisan de que muchas compañías han decidido no prorrogar sus expedientes. 

Eduardo Ortega   ..........  El Español

A pesar de que el mercado laboral ha continuado en los últimos meses su recuperación, esta buena racha amenaza con truncarse tras el mazazo que supuso el estado de alarma y el inicio de la pandemia. La economía y la actividad están muy lejos de sus datos habituales y el sector privado ya está tomando medidas para reestructurar sus plantillas.

Según han explicado a Invertia desde los sindicatos, un número elevado de empresas que en los últimos meses han estado acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y por tanto no han tenido que pagar cuotas sociales (o las que han pagado son de cuantías inferiores) están abonando dichas cuotas para poder ejecutar despidos cuanto antes.

Cabe recordar que entre las cláusulas de los beneficios de los ERTE para las empresas se encuentra una salvaguarda del empleo que tiene que durar, al menos, unos seis meses desde que se inicie la recuperación de actividad. Durante este periodo, las empresas están obligadas a no reducir sus plantillas.

Sin embargo, esta cláusula se desvanece si las empresas deciden 'devolver' las exoneraciones de cuotas sociales. Muchas de ellas ya lo están haciendo para poder reducir el tamaño de sus plantillas y capear la crisis económica.

"Estamos viendo cómo muchas han comenzado a reembolsar a la Administración el coste del ERTE para proceder al despido, después de ver que no es viable la empresa por el largo periodo que lleva en esa situación", ha asegurado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien se teme una “avalancha de despidos”.

Desde Comisiones Obreras (CCOO) corroboran que las empresas están devolviendo los ‘beneficios’ de los ERTE con el fin de hacer despidos. Sin embargo, consideran que es pronto para anunciar una avalancha de despidos. “Habrá que ver cómo evoluciona la vacuna y la confianza que pueda generar”, indican desde este sindicato, que valoran como clave la evolución de la economía.

En cualquier caso, tanto desde el Ministerio de Trabajo como desde el departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican a Invertia que la situación no es alarmante ni han detectado este fenómeno. Al menos de momento.

Preocupación

Desde el Consejo General de Gestores expresan preocupación por esta situación. De hecho, fuentes del órgano indican que justo estos días están haciendo una encuesta entre sus miembros para poder hacer un análisis de la situación en la que se encuentran las empresas.

De hecho, avisan de que ya hay “muchas empresas zombi que están esperando a tomar decisiones de última hora, por si surge una legislación desde el Gobierno que les permita salir adelante”.

Además, avisan de que ha caído “considerablemente la renovación de ERTE”, precisamente por la decisión de estas empresas de llevar a cabo importantes reestructuraciones en sus plantillas”.

Una oficina de empleo, en Madrid.

Los gestores avisaron hace unas semanas que estimaban que antes de que acabara el año se destruirían en España 300.000 puestos de trabajo adicionales precisamente por el paso del ERTE a los despidos en empresas y autónomos.

Nuevos ERTE

Cabe recordar que las empresas que accedan a cualquier ERTE que incluya exoneraciones para las empresas en la segunda ola de Covid-19 tendrán que asumir un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo. 

En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, “el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del ERTE anterior”, indica el Ministerio de Trabajo. Es decir, que las empresas en esta situación sumarán periodos en los que no podrán realizar reestructuraciones de plantilla

La mafia rusa vendía desde España armas de guerras a países africanos

 La mafia rusa vendía desde España armas de guerras a países africanos

Al menos siete detenidos rusos, españoles y letones en Valencia, Alicante y Barcelona

Pablo Muñoz  ---   Cruz Morcillo ...........  Abc

La Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra y la Agencia Tributaria han asestado un golpe sin precedentes en España contra el tráfico ilegal de armas de guerra y explosivos. Siete personas fueron detenidas el martes en Alicante, Valencia y Barcelona, que hoy mismo pasarán a disposición judicial. Además, se han realizado numerosos registros, entre ellos en las viviendas de lujo de los investigados. La operación, impulsada por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, ha sido dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que de momento mantiene el secreto de sumario sobre el caso.

La operación ha puesto al descubierto que varios individuos asentados en el Levante

 

Un hombre estrella su coche contra una comisaría de policía de Londres y luego intenta quemarlo

• Las autoridades han descartado que se trate de un ataque terrorista.

Comisaría de Londres donde ha ocurrido el suceso.

20  Minutos  

Un hombre de 45 años ha intentado quemar su coche con gasolina después de estrellarlo contra una comisaría de policía situada en Edmonton, en el norte de Londres. 

Los hechos sucedieron poco antes de las siete de la tarde de este miércoles en Fore Street y la rápida actuación policial evitó males mayores. El hombre fue detenido justo antes de prender fuego a la gasolina que había vertido alrededor del vehículo siniestrado. El incidente terminó sin heridos pero en la zona se montó un amplio dispositivo policial en el que también participaron el Servicio de Ambulancias y el Cuerpo de Bomberos de la ciudad. 

El alto cargo policial Ade Adelekan ha descartado cualquier vinculación del suceso con un ataque terrorista: "Este parece haber sido un incidente aislado y no parece estar relacionado con el terrorismo. Estoy satisfecho de que no haya un riesgo mayor para la comunidad ". "Los funcionarios locales continuarán realizando investigaciones, pero en este momento no estamos buscando a nadie más", ha añadido. 

A principios de mes, Reino Unido elevó su nivel de alerta terrorista tras los ataques terroristas registrado en Francia y Austria.

 

Lío más allá de los ERTE: cobrar el paro o la jubilación puede tardar hasta 90 días

El trabajo se acumula en las oficinas del SEPE y la Seguridad Social al sumarse nuevas prestaciones

Irene Hernández

Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La creación de nuevas prestaciones para paliar la crisis provocada por el Covid-19, la avalancha de peticiones y la suspensión de los plazos administrativos durante los meses del estado de alarma han provocado un auténtico caos en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Seguridad Social, lo que está haciendo que, además de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), los trámites para poder recibir el pago del desempleo o la jubilación se hagan con hasta 90 días de retraso.

Es cierto que en el caso de la Seguridad Social, la mayoría de las solicitudes pueden tramitarse a través de sede electrónica sin la necesidad de contar con algún sistema de autenticación. Sin embargo, el ciudadano que desee solicitar la prestación por jubilación, si no logra tener cita previa en las oficinas de atención e información, tiene que tramitarla en sede electrónica pero con certificado digital, o presentar la documentación mediante carta certificada. "En condiciones normales, este tipo de solicitudes se resolvían por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en plazos breves de 19 días, pero en la actualidad se están resolviendo hasta alcanzar los plazos máximos legales que dispone la Administración que son de 90 días, encontrándose el trabajador la mayoría de las veces con el contrato laboral ya extinguido en su empresa y sin saber si su prestación se le resolverá favorablemente o no", explican desde Legálitas.

El problema, señalan los abogados, está principalmente en las prestaciones del SEPE, en relación con el reconocimiento y su pago, tanto en las de desempleo que se han tramitado de forma colectiva por las empresas en los supuestos de los ERTE por Covid-19, como en las prestaciones que se han de tramitar de forma individual como consecuencia de situaciones de desempleo que no guarden relación con los ERTE.

"En condiciones normales, las solicitudes por desempleo, siempre que no falte documentación, se resuelven por el SEPE en un plazo de 15 días siguientes a la fecha en la que se entregó la documentación. Sin embargo, desde el estado de alarma, en ninguno de los supuestos se están cumpliendo estos plazos, incluso se están demorando más allá de los tres meses que por ley se considera solicitud desestimada por silencio negativo, provocando con ello mucha incertidumbre y confusión para el trabajador de cómo proceder", destacan.

DESEMPLEO

En los casos en los que la prestación por desempleo se tramita de forma individual por el trabajador, es decir, que su situación no viene motivada por un ERTE relacionado con la pandemia, el trabajador dispone de varias opciones para hacer el trámite.

Una de ellas es a través del DNI electrónico, certificado digital o usuario cl@ve, con ellos se puede solicitar y obtener el reconocimiento de la prestación en el momento y dentro de los plazos establecidos legalmente. Si no se dispone de lo anterior y no se puede solicitar cita previa para ser atendido directamente en la oficina del SEPE, tiene la opción de cumplimentar directamente en la página del SEPE un formulario de presolicitud individual de prestación por desempleo, para que el organismo contacte con el trabajador directamente por teléfono o por correo electrónico para completar la información o requerir documentación indispensable.

Eso sí, los abogados avisan de que, al ser una solicitud provisional, el SEPE no está resolviendo en los plazos habituales, demorándose incluso más allá de tres meses sin que el trabajador tenga noticias de su estado y, por tanto, en una situación de desempleo sin obtener los recursos económicos que le corresponden.

Otra opción del trámite individual es solicitando cita previa en la oficina del SEPE. En estos caso, el problema se debe a que en la gran mayoría de las CCAA las oficinas están cerradas al público y es casi imposible obtener una cita previa antes del cumplimiento del plazo que dispone el trabajador para hacerlo, 15 días hábiles, generándole con ello un grave perjuicio, ya que si la solicitud se presenta fuera de plazo, el SEPE le reconocerá la prestación a partir de la fecha de la solicitud, perdiendo el trabajador tantos días de prestación como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho de haberse solicitado en tiempo y forma y aquélla en que efectivamente se hizo la solicitud.

 

Un antidisturbio de la Urbana: "Colau deja que la unidad muera lentamente"

GUILLEM ANDRÉS   ..........   Metropoli   

Manuel (nombre ficticio) es uno de los cerca de 100 policías que forman la unidad de orden público de la Guardia Urbana de Barcelona, los conocidos como antidisturbios. Asegura que entre sus compañeros se ha instalado en los últimos años un malestar "generalizado" contra el Ayuntamiento. El motivo: la pérdida de funciones y atribuciones que el gobierno de Ada Colau ha efectuado sobre la actual UREP (Unidad de Refuerzo de Emergencias y Proximidad). Según el urbano, los agentes están "desmotivados porque cada vez actuamos menos" y acusa a la alcaldesa de querer esconder la unidad a la ciudadanía.

"La gente está muy molesta porque quieren hacer más de lo que hacen", explica el policía en conversación con Metrópoli Abierta. Los agentes tienen formación de control del orden público parecida a la que tienen los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra (ARRO y BRIMO), pero desde 2015 han ejercido esta función en contadas ocasiones. El actual modelo policial prioriza el patrullaje con tareas de seguridad ciudadana, el apoyo a los distritos y labores de Medio Ambiente. También colaboran con los Mossos en las entradas y registros de operativos policiales como la última macrorredada contra el negocio de la droga en el Raval.

'COLAU NO QUIERE QUE SE NOS VEA'

La UREP, antes USP (Unitat de Suport Policial) y anteriormente UPAS (Unidad de Policía Administrativa y Seguridad), ha estado en la diana del gobierno de los comunes desde su entrada en la plaza Sant Jaume. De hecho, su programa político prometía "eliminar progresivamente" este pelotón. El gobierno de izquierdas no eliminó la unidad, pero la ha relegado a un segundo plano, una situación que irrita a algunos de sus miembros.

"Colau no quiere que se nos vea. No le gusta lo que hacemos. Hay un intento para que pasemos desapercibidos", explica Manuel, que pide anonimato. El temor a la eliminación de la unidad persiguió durante un tiempo a los policías. "Nos tenía como torturadores que íbamos pegando palizas a la gente. Creo que luego la percepción cambió cuando empezaron a ver las actuaciones contra los vendedores ambulantes y las agresiones que recibíamos", relata

CELEBRACIONES DEL BARÇA

El urbano enumera algunas de las actuaciones que el grupo ha dejado de hacer desde que Colau tomó las riendas del Ayuntamiento. Las tareas, en coordinación con los Mossos, durante las celebraciones del Barça son un ejemplo. "Nos poníamos en un callejón para evitar que la situación se complicara. Dábamos apoyo a nuestros compañeros que iban de paisano por si había problemas". 

Furgonetas de la UREP de la Guardia Urbana / GUARDIA URBANA

La intervención en desalojos en edificios públicos son residuales, cuenta este agente. El último gran desahucio, recuerda, fue el de Can Vies en 2014 con Xavier Trias (CiU) en el gobierno que desencadenó en graves disturbios. Los antidisturbios municipales también han perdido protagonismo en los conciertos y en las manifestaciones, sobretodo aquellas que terminan en algún edificio municipal. Antes siempre se desplegaban varias furgonetas para prevenir alguna entrada por la fuerza y destrozos en el interior. "Ya no vamos ni al Ayuntamiento", se queja.

El pasado sábado 31 de octubre, el consistorio sí movilizó a la UREP durante la manifestación del movimiento okupa contra el desalojo de la Casa Buenos Aires, un día después de los altercados tras una protesta negacionista. El ataque a la Guardia Urbana, reflejado con la agresión a un motorista, provocó duras críticas del sindicato CSIF que acusó Colau de impedir la intervención de la UREP. El ayuntamiento defiende que la unidad nunca pidió intervenir y niega que los agentes huyeran corriendo.

ATAQUE AL AYUNTAMIENTO

Esa noche habían cinco furgonetas de los antidisturbios en el vestíbulo del consistorio. Manuel cuenta que la protesta se dispersó en varios grupos por Ciutat Vella. Entonces, otros tres vehículos que custodiaban la entrada del consistorio en la plaza Sant Miquel recibieron la orden de proteger la comisaría de Las Ramblas ante posibles ataques. Instantes después los activistas llegaban a la plaza y reventaban los cristales de la entrada.

Agentes de la USP en una actuación para desalojar un local municipal okupado

En la mayoría de las manifestaciones, sin embargo, no actúan, según relata este policía. "Sabemos que por muchas protestas que se convoquen nunca nos enviarán". En una ocasión, con una marcha convocada en plaza Cataluña, la unidad fue movilizada hasta Jardinets de Gràcia, a 1,4 kilómetros de distancia. Esta situación, con los antidisturbios "lejos" del foco de la manifestación, se repite habitualmente.

SIN CURSOS

Una de las últimas actuaciones de la UREP que recuerda este agente es la dispersión, antes de la pandemia, de varios activistas independentistas de uno de los cortes de la avenida Meridiana. Antes, en noviembre de 2019, desalojaron a los jóvenes acampados en la plaza de la Universitat en protesta por la sentencia del procés. "Cuando nos activaron nos sorprendió. Creíamos que era una señal que con Batlle (teniente de alcalde de Seguridad) la cosa cambiaría. Pero la situación no ha cambiado demasiado", lamenta.

Manuel denuncia la falta de formación continuada en el cuerpo como sí ocurre en los Mossos. "La casa no se preocupa. Percibimos apatía. No sé para qué nos quieren", observa. Los uniformes de los antidisturbios también son objeto de algunas críticas en el cuerpo. Hace unos años el gobierno municipal incorporó unas líneas amarillas encima del vestido oscuro. Este detalle produce confusión entre los mismos agentes que, en ocasiones, no pueden diferenciarse entre los antidisturbios y el resto de guardia urbanos.