Iglesias rebaja en plena pandemia las subvenciones a Cáritas y a Cruz Roja

Ambas ONG percibirán hasta 30.000 euros menos en concepto de subvenciones, mientras que el rédito para Banco de Alimentos y Fundación contra el Hambre no varía

La Razon

El ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Pablo Iglesias, ha decidido rebajar la subvención anual a Cáritas y a Cruz Roja España para 2021. En plena pandemia del coronavirus, a la espera todavía de que muchas de las ayudas económicas prometidas por el Gobierno lleguen a las familias más vulnerables y mientras que los ciudadanos asisten al cierre de sus pequeños negocios o a los despidos que se multiplican en las empresas.

Según los cálculos de la Federación Española de Bancos de Alimento Banco de Alimentos durante este 2020-debido a la pandemia provocada por el coronavirus- han percibido un gran incremento de usuarios de sus servicios. En este momento están ofreciendo ayuda a 1,8 millones de personas, cuando anteriormente lo hacían para 1,1 millones.

Sin embargo, el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha decidido reducir en la partida de gasto por ministerio, la destinada a ONGs y entidades llamadas Tercer Sector de Acción Social. La asignación a Cáritas Española para su plan financiero en 2021 será de 792.640 euros, una reducción de hasta 30.000 euros respecto a lo que recibía la ONG católica según los últimos presupuestos prorrogados del Gobierno de Mariano Rajoy. En el mismo caso se encuentra Cruz Roja que pasará a percibir 1.323.680 euros, frente a los 1.353.680 euros que recibió en 2018 y 2019.

Mientras, la Federación Española de Bancos de Alimentos seguirá recibiendo 85.000 euros anuales de subvención, como antes de la pandemia, y también la Fundación Acción contra el Hambre, que recibía y seguirá recibiendo 70.000 euros el año próximo.

 

El Gobierno iniciará las devoluciones en caliente en Canarias tras el aval del Tribunal Constitucional

El dictamen proporciona el respaldo jurídico que el Ejecutivo de Sánchez aguardaba para la entrega de los irregulares hacinados en el archipiélago

Varios de los 200 inmigrantes trasladados desde Las Palmas de Gran Canaria esperan esta noche en el puerto de Santa Cruz de Tenerife para embarcar en su viaje hacia Huelva

El Gobierno estaba pendiente del Tribunal Constitucional para tener el paraguas jurídico que respaldará la entrega de los irregulares que permanecen hacinados en Canarias a sus países y a mediodía salía el dictamen. El Pleno del TC ha avalado la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana salvo el «uso no autorizado de imágenes o datos de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» prevista en el artículo 36.23 de esa norma. Todo apunta a que el Ministerio del Interior aplicará esta medida pese a que los dos partidos que forman parte del Gobierno de coalición la rechazaban.

La sentencia desestima así la mayoría de las impugnaciones del recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Gobierno del PP por PSOE, IU, Grupo Mixto y UPyD y avala, por tanto, también las devoluciones en caliente. Hay que recordar que los socialistas recurrieron la normativa ante el TC porque consideraban que “vulneran el derecho a la dignidad, a la intimidad de las personas, a la libertad de información, a la tutela judicial efectiva, y el derecho de reunión y el de manifestación”, mientras que el socio minoritario, Unidas Podemos, siempre ha insistido en la necesidad de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite esta práctica.

La versión oficial desde La Moncloa es que “este gobierno acatará las resoluciones judiciales”, por lo tanto el dictamen del TC abre la puerta a esta práctica como solución a las crisis migratoria en el muelle de Arguineguín, donde permanecen hacinados más de 2.000 inmigrantes desde hace varias semanas.

Sin embargo, esta medida amenaza con abrir otra grieta entre los dos socios de la coalición ya que los de Pablo Iglesias consideran que un gobierno progresista no puede aplicar estas devoluciones en Canarias. Sin ir más lejos, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, pidió este martes poner fin a “la práctica de abrir la puerta de la valla y expulsar” a las personas que entran irregularmente a España. Además, Unidas Podemos Canarias pidió ayer la dimisión del titular de Interior, Fernández Grande Marlaska, al igual que el Partido Popular y Coalición Canarias.

No en vano, ya en el mes de febrero el PSOE y Unidas Podemos ya protagonizaron por la decisión del titular de Interior de endurecer el derecho de asilo y elevar la vallas de Ceuta y Melilla para contener los saltos en sendas fronteras y disuadir a los inmigrantes

El Tribunal Constitucional prevé aprobar hoy el dictamen que avalará la práctica totalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno del PP en mayo de 2015 bajo el impulso de quien entonces era ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. La ponencia de la sentencia, elaborada por el presiente del TC, Juan José González Rivas, contará con un aval muy mayoritario en el seno del tribunal.

Entre los puntos que cuestionó el PSOE y otros diputados de la entonces oposición figuraba el relativo a la previsión en la citada Ley de las “devoluciones en caliente” de aquellos migrantes que llegasen a nuestro país de forma irregular. En el recurso se sostenía que ese criterio conculcaba el derecho de los afectados a solicitar asilo, refugio y protección internacional. Sin embargo, el Alto Tribunal rechazará tal tesis y vendrá a concluir que esa medida no vulnera derechos constitucionales.

En este punto, el Tribunal Constitucional incorporará como otro argumento para ratificar la constitucionalidad de esa medida de la sentencia de febrero de este año del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) donde se consideraba que esa medida, con independencia del uso o no de la fuerza para llevarla a cabo, no vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En la primera redacción del borrador de sentencia, realizada por Fernando Valdés, se venía a concluir en que dicho precepto era inconstitucional; pero a la vista de esa decisión del TEDH el TC prevé concluir justo lo contrario. Por tanto, ha existido un giro radical en este aspecto.

La práctica de las devoluciones en caliente comenzó en 2005. Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy las amparó con la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, tanto el PSOE como Unidas Podemos han prometido desde la oposición que acabarían con ellas, sin embargo gobierne que gobierne utiliza esta práctica

 

Denuncia contra Rodalies por los trenes abarrotados durante la pandemia

DAVID GORMAN   .........    Metropoli  

Han sido algunas de las imágenes que han causado indignación entre los usuarios después del confinamiento: trenes llenos hasta los topes en hora punta, a pesar de la recomendación sanitaria de guardar una distancia de seguridad para prevenir contagios. En los vagones de Rodalies de Catalunya, a menudo es imposible que los pasajeros cumplan con la medida. Y ahora la plataforma de activistas Xnet pretende llevar el caso a los tribunales.

En un comunicado hecho público en su página web, Xnet anuncia que ha pedido a la Fiscalía Provincial de Barcelona que investigue posibles delitos en los trenes durante la crisis del coronavirus. “Denunciamos la dejadez de funciones en la gestión del transporte público durante el Covid-19. Omisiones conjuntas de Renfe, Adif, la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Sanidad”, explican. Una demanda que han interpuesto también ante la Agència Catalana de Consum, además de mandar cartas a los ministros de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Sanidad, José Luis Ábalos y Salvador Illa, y a los consellers de Territori i Sostenibilitat y de Salut, Damià Calvet y Alba Vergés, para exigirles que cumplan la legalidad y adopten todas las precauciones necesarias que eviten que la situación se repita. Y es que a pesar de las recomendaciones, Rodalies no ha ampliado la capacidad ni la frecuencia de paso de los trenes, ni ha establecido ninguna referencia de ocupación en el interior.

“Hemos iniciado varios procedimientos para denunciar que las administraciones y titulares responsables del transporte público ferroviario no están actuando para garantizar la distancia mínima de seguridad entre los usuarios, poniendo en riesgo su salud y seguridad y vulnerando a diario el derecho de estos a la incolumidad y a la salud pública”, escriben desde la plataforma.

XNET PODRÍA PRESENTAR MÁS DENUNCIAS

Además de acusar a las instituciones, Xnet señala que se está responsabilizando injustamente a la ciudadanía y hace un llamamiento a la población “para que documente la situación” en vista de la apertura de casos judiciales. La entidad invita a los usuarios a “tomar imágenes y guardar el tique correspondiente” para enviarles su caso o “exponerlo en Twitter usando el hashtag #RenfeCovid” para abrir más denuncias.

Más allá de la denuncia contra Rodalies, Xnet anuncia que puede abrir nuevos casos.

Canal YOUTUBE : La bronca de Ana Oramas al Gobierno por el problema de inmigración en Canarias

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La bronca de Ana Oramas al Gobierno por el problema de inmigración en Canarias

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Dolor de LUMBARES. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo?

 

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La crisis migratoria sacude al Gobierno

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