Mossos y Urbana estrenan comisaría en el Eixample

Metropoli   ...........  GUILLEM ANDRÉS

Barcelona cuenta desde este lunes con una nueva comisaría conjunta de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana en el Eixample. Los dos cuerpos policiales han estrenado la nueva Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), ubicada en el número 332 de la calle de Aragó.

El objetivo de esta oficina es mantener una "relación cercana, constante, permanente y cordial, valores que sostienen el servicio y el compromiso" entre la policía y la ciudadanía, según explican los Mossos en su cuenta oficial de Twitter. 

SERVICIO DE TRADUCCIÓN

Esta oficina estará operativa durante todo el año con un horario de atención al público de lunes a viernes de 07.30 horas a las 20.30. Los fines de semana estará abierta desde las 09.00 hasta las 21.00 con un servicio de traducción incluido.

La comisaría ocupa el vacío que había dejado el cierre de la oficina de plaza de Cataluña, ubicada en el interior de la estación. En estas dependencias se podrán denunciar todo tipo de delitos, como los robos y hurtos​ que sufren habitualmente los turistas. 

 

La demanda a los bancos de alimentos crece más de un 30% con la pandemia

Metropoli  ..........   ELISABET GONZALEZ

Un año después del inicio de la pandemia, la demanda de ayuda alimentaria persiste. Los bancos de alimentos de Cataluña han registrado un incremento de la demanda de más de un 30% en el último año. Con el objetivo de frenar este aumento, por segundo año consecutivo se ha lanzado la campaña solidaria Ningún hogar sin alimentos. Una iniciativa de la Fundació la Caixa y CaixaBank coordinada con la Federación Española de Bancos de Alimentos. La entidad bancaria empieza aportando 50.000 euros de donación al Banc dels Aliments de Barcelona, y en función de la recaptación que se logre a lo largo de la campaña, complementará el importe cuando llegue a su fin. 

La iniciativa se ha presentado este lunes en rueda de prensa en la capital catalana, donde se ha recalcado el hecho de que gente que no se había acercado nunca a una entidad social ha empezado a hacerlo, y que las personas que ya eran vulnerables ahora lo son aún más. “Debido a la pandemia, la alimentación ha pasado a ser la necesidad social más solicitada en estos momentos”, ha señalado el director del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas.

Representantes de la Fundació La Caixa, CaixaBank y los banco de alimentos, enel acto de presentación de «Ningún hogar sin alimentos» / E.G

LAS CIFRAS PUEDEN EMPEORAR

El banco de alimentos de Barcelona atiende en estos momentos a casi 148.000 personas a través de 329 entidades, una cifra, que en todo el territorio catalán se eleva a más de 256.000 personas; 60.000 más que antes de la crisis sanitaria. Pero lo que realmente preocupa es que la cifra puede empeorar. “Nuestra preocupación no es resolver solo el presente, sino ser capaces de continuar regulando esta entrega en los futuros meses. Ese es el gran reto. Si la demanda ya es del 30%, en qué situación estaremos de aquí tres o seis meses”, ha expresado Fatjó poniendo el foco en el fin de los ERTES.

“Confiamos que el resultado sea bueno, aunque no sé si tan bueno como el del año pasado”, ha apuntado el director corporativo de Acción Social de la Red CaixaBank, Pedro Huguet, en relación a los 700.000 euros que se recaudaron en Cataluña y los 3,4 millones que se lograron en el conjunto del estado el pasado año. “Me da miedo que la gente esté cansada. Hay tanta demanda y tan intensa durante tanto tiempo que puede costar que la llamada sea eficiente. Por eso necesitamos más solidaridad que hace un año para alimentar a las personas”, ha dicho.

El año pasado, tras el inicio de la pandemia, la campaña Ningún hogar sin alimentos logró recaudar 3,4 millones de euros / CEDIDA

NUEVOS PERFILES

A raíz de la pandemia, se ha detectado que el perfil de personas que recurren al Banco de Alimentos se ha ampliado. Ya no necesitan comida únicamente las personas en situación de pobreza severa, sino también familias que antes de la crisis tenían rentas medias o bajas, o parejas jóvenes que han perdido sus empleos. Un 30% de las personas que han solicitado ayuda durante el primer año de pandemia no la habían necesitado nunca hasta ahora, según se desprende del último estudio de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña.

En la rueda de prensa, el director del Banc dels Aliments de Barcelona ha destacado algunos de los nuevos colectivos que han emergido. Entre ellos ha mencionado el de la gente del mundo del espectáculo, un sector muy tocado por cómo ha afectado la crisis del covid a la cultura. En ese sentido, ha señalado que se trata de gente formada que quiere trabajar y no puede, o lo hace con contratos precarios. “Esto permite tomar consciencia de que es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ha dicho”. También ha destacado un nuevo colectivo del que ha asegurado que no eran muy conscientes: personas que se ven en la obligación de alquilar una habitación. En estos casos, ha señalado que normalmente se trata de “personas sin familia, principalmente de género femenino y con algún hijo”. También ha mencionado al colectivo de personas que trabaja en el mercado de la economía sumergida, como los manteros o chatarreros, que con el descenso del turismo se han visto resentidos.

¿CÓMO SE PUEDE COLABORAR?

 Desde el 20 de abril, se pueden hacer donaciones a través de la red de cajeros automáticos de CaixaBank; a través de CaixaBank NOW, tanto en la app como en la web, y por medio del portal corporativo de CaixaBank, para los que no son clientes de la entidad. Otra opción de colaboración es a través de Bizum, enviando el donativo al número 38014. Toda la información de la campaña y de las distintas formas de colaboración se puede encontrar en la página www.ningunhogarsinalimentos.org.

 

Colau, investigada por el Tribunal de Cuentas por irregularidades contables con fondos públicos

Metropoli  .........  

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, también es investigada por el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades contables con fondos públicos, tras las actuaciones iniciadas por la Fiscalía sobre las subvenciones concedidas a entidades afines por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

El Tribunal de Cuentas, según ha avanzado El Mundo, ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por la Sociedad General de Aguas de Barcelona en la que se acusa a Colau y a Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, de irregularidades contables al impulsar la remunicipalización del servicio del agua.

CUATRO APARTADOS

La denuncia se centra en cuatro apartados, comenzando por los encargos realizados por el Ayuntamiento de Barcelona a Barcelona Cicle de l’Aigua (BACA), valorados en 360.368,46 euros, para la elaboración de informes técnicos y/o jurídicos y planes de trabajo cuya finalidad es la transición hacia la gestión pública del agua en la ciudad de Barcelona.

El Tribunal de Cuentas también investigará los encargos realizados a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, valorados en 499.925,08 euros. El Ayuntamiento realiza anualmente un encargo a Barcelona Regional por un importe global superior a los cuatro millones de euros, cuyo objetivo es la realización de proyectos de asesoramiento y soporte técnico.

COMPETENCIA DEL AMB

El Ayuntamiento ha solicitado distintos estudios propios aunque la competencia plena sobre el abastecimiento del agua corresponde al Área Metropolitana de Barcelona (AMB). En este caso hay varios supuestos de duplicidad en los encargos de informes del AMB con el Ayuntamiento y, por tanto, una duplicidad en el gasto público.

En tercer lugar, la denuncia se centra en los recursos destinados a la Consulta ciudadana sobre la gestión del servicio de abastecimiento de agua en el municipio de Barcelona, valorados, en 15.000 euros, a pesar de no tener competencias, como Ayuntamiento, para este decisión.

SUBVENCIONES A ENTIDADES AFINES

Y, en cuarto lugar, la denuncia aborda la política de subvenciones a determinadas asociaciones vinculadas con algunos miembros del consistorio y su particular política favorable a la remunicipalización del servicio del agua. Diversas asociaciones por la defensa de la gestión pública del agua recibieron más de seis millones de euros entre 2016 y 2018.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, en un pleno municipal / EFE

El gasto público de estas cuatro actuaciones, sin contar las citadas subvenciones, asciende, como mínimo, a 875.293,54 euros.

La denuncia cuestiona, sobre todo, las actuaciones de Colau y Badia, muy vinculado a la plataforma Aigua és vida y Enginyers Sense Fronteres (ESF), en las que milita desde antes de acceder al Ayuntamiento de Barcelona. También están bajo sospecha Teresa Llor, Interventora adjunta del Ayuntamiento de Barcelona, y Jordi Campillo, Gerente de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona.

LA CONSULTA 

En las actuaciones denunciadas se destaca la disposición de fondos municipales para financiar actividades ajenas a las competencias del Ayuntamiento de Barcelona y la aprobación de una consulta sobre la gestión del agua, cuando la competencia corresponde al AMB.

Esta vulneración, según algunas fuentes, determina por sí sola que se produzca responsabilidad por alcance contable. El Tribunal de Cuentas podría determinar que estos gastos con una finalidad completamente ajena a las finalidades públicas son equiparables a los pagos sin contraprestación porque el servicio que se retribuye no redunda en provecho ni sirve a los fines de la entidad pública con cuyos fondos se paga.

Curiosamente, los responsables anteriormente citados llegaron a ignorar los distintos informes emitidos por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona que reconocieron que la competencia sobre el servicio del Ciclo Integral del Agua corresponde al AMB y no al Ayuntamiento de Barcelona.

OTRAS INVESTIGACIONES

La denuncia de la Sociedad General de Aguas de Barcelona se suma a otras investigaciones abiertas contra el gobierno que lidera Colau. La Fiscalía Provincial de Barcelona investiga las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Barcelona a Enginyers Sense Fronteres, tras la denuncia formulada por Abogados Catalanes por la Constitución que acusa a la alcaldesa y concejales afines de delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Según los denunciantes, Enginyers Sense Fronteres recibió 646.000 euros y el Observatori DESC obtuvo más de 1,2 millones de euros en subvenciones con Colau como alcaldesa de Barcelona.

Trabajo sancionará a las empresas que no evalúen el riesgo de estrés de sus empleados

 La Inspección emite un nuevo criterio en el que advierte de que los "riesgos psicosociales" son también riesgos laborales

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo Fernando Villar, EFEO 19/04/2021 07:29

Las empresas tienen obligación de evaluar los riesgos "psicosociales" de sus empleados, es decir, la posibilidad de que sufran estrés, ansiedad o malestar psíquico en su entorno de trabajo, y podrán ser sancionadas por la Inspección de Trabajo si no lo hacen.

Así lo ha determinado la Inspección en un nuevo Criterio Técnico terminado esta semana, en el que específica que las compañías, en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales deben atender también a riesgos que afecten potencialmente a la salud mental de los empleados, algo que no había sido precisado con tanta exactitud hasta la fecha.

"Los riesgos psicosociales son muy etéreos y su evaluación estaba en el limbo. En algunas empresas o sectores, por la naturaleza de su actividad, sí los miraban, como por ejemplo en el caso de los controladores aéreos. Pero, con carácter general, no se evaluaba en las empresas y si se hacía era de forma muy light", explica a Vozpópuli Pilar López, socia y especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social del despacho Vaciero

Con este criterio, la Inspección ratifica que los riesgos psicosociales son también riesgos laborales y advierte a las compañías de la obligación de evaluarlos y planificar medidas para solventarlos en caso de detectar problemas.

"En verdad, Trabajo ha matado dos pájaros de un tiro: le dice a la Inspección cómo debe comprobarlo y también a la empresa cómo debe evaluarlo. Es muy interesante porque hasta la fecha en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establece la obligación de evaluar los riesgos de su puesto de trabajo para la salud de sus empleados, pero no determina qué riesgos son esos", apunta la socia de Vaciero.

Riesgos comunes a todo tipo de trabajos

En concreto, la empresa deberá evaluará si el trabajador sufre monotonía en el desarrollo de su trabajo, si tiene que hacer "tareas sin sentido" o "tareas desagradables por la que se siente rechazo".

Valorará también si tiene una carga de trabajo excesiva, con presión de tiempo y plazos estrictos, o si tiene una carga de trabajo insuficiente; así como si las comunicaciones son deficientes o si el trabajador tiene un apoyo insuficiente ante los problemas o el desarrollo personal.

El aislamiento o las malas relaciones con los compañeros también tendrán que ser evaluadas, incluso las relaciones adversas con usuarios o con clientes. Se mirará también si el empleado está poco valorado en el trabajo o siente inseguridad.

Estos riesgos "pueden estar presentes en todo tipo de trabajo sin ninguna excepción, con independencia del tamaño de la empresa, el sector de actividad, tipo de puesto desempeñado o nivel jerárquico del mismo", recoge la Inspección, de ahí que todas las empresas tengan desde ahora obligación de evaluarlos.

Se debe evaluar a todos los trabajadores

En esta evaluación debe estar implicada la dirección de la empresa y debe cubrir a todos los puestos de trabajo, incluidos los puestos ocupados por personal de Empresas de Trabajo Temporal contratados.

Una vez detectados factores de riesgo en la empresa, ésta tiene obligación de valorar su probabilidad y tomar medidas para evitarlos o reducirlos.

La Inspección podrá presentarse en cualquier empresa -tras recibir denuncia de un empleado, con motivo de una campaña de prevención o bien por iniciativa propia en el marco de sus actuaciones aleatorias- y solicitar su evaluación de riesgos psicosociales. En caso de que la compañía no la haya realizado podrá sancionarla.

Este nuevo criterio de la Inspección se ha elaborado teniendo en cuenta sentencias de tribunales españoles (como la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 2005, o la del de Castilla y León, de 2014) y directivas y acuerdos de la Unión Europea.

La Inspección pone ejemplos de factores psicosociales propios de algunas profesiones, como los horarios prolongados en la hostelería; el exceso de carga física y emocional en la sanidad; las relaciones conflictivas con alumnos y familiares en la educación; el derecho a la desconexión en el comercio; o el trabajo nocturno y a turnos en la industria.

 

64 detenidos en una operación para desmantelar una red que suministraba hachís y narcolanchas a otros grupos

Foto de archivo de hachís incautado por la policía. 

EUROPA PRESS/CNP

La Guardia Civil ha desarticulado una importante organización criminal que introducía hachís en España desde Marruecos y que suministraba grandes cantidades de droga a otros grupos criminales a los que también facilitaba la fabricación y almacenaje de narcolanchas. Los cabecillas de la organización tenían sus bases de operaciones en las localidades de Málaga, La Línea de la Concepción (Cádiz) y Calpe (Alicante).

En el marco de la Operación Desvanes-Dunas 20 se ha detenido a 64 personas y se ha investigado a otras 10 por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de drogas, falsedad documental, usurpación de estado civil, contrabando y tenencia ilícita de armas, ha informado la Guardia Civil en una nota.

En los 38 registros realizados en la provincia de Málaga, Cádiz, Almería, Albacete, Alicante y Murcia se han intervenido 2.313 kilos de hachís, 118.000 euros en metálico y 22 embarcaciones de alta velocidad valoradas en seis millones de euros.

Además, se localizó un molde para la fabricación de este tipo de embarcaciones, armas, vehículos pesados y ligeros, más de 37.000 litros de gasolina para el repostaje de las embarcaciones en alta mar, inhibidores de frecuencia y equipos de comunicación, entre otros efectos.

Los servicios que prestaban a otras redes de narcotraficantes comprendían desde la fabricación y almacenaje de las embarcaciones de alta velocidad, conocidas como narcolanchas, hasta el abastecimiento del combustible necesario para el alijo del hachís en las costas, la falsificación de la documentación para dar apariencia legal de los barcos, gestión de puertos para las botaduras, etcétera.

Los detenidos contactaban, a través de páginas web de compraventa, con vendedores de embarcaciones semirrígidas, haciéndose pasar por supuestos compradores y obtener así copias de las documentaciones. Posteriormente alteraban los documentos para hacer coincidir los datos con los de sus narcolanchas.

Una vez que contaban con la documentación modificada, rotulaban las embarcaciones con las matrículas usurpadas y falseaban las potencias de los motores haciendo que fueran documentalmente legales, ya que sus embarcaciones superaban los 1.000 cv de potencia, por lo que son ilegales para uso particular.

Este grupo construía las narcolanchas en naves industriales ubicadas en las localidades malagueñas de Monda, Coín y Antequera así como en Albacete, donde se halló un molde para su fabricación.

Luego las almacenaban en naves ubicadas en Crevillente (Alicante) y Antas (Almería) para transportarlas y botarlas al mar, generalmente fuera de Andalucía debido a la presión policial ejercida en la zona en los últimos años.

El grupo había realizado al menos 23 botaduras, algunas de ellas en las localidades alicantinas de Calpe, Altea, Guardamar del Segura, o en los puertos de Carboneras (Almería) y La Azohía (Murcia), abortadas por la Guardia Civil.

También efectuó en el mes de octubre una botadura en Setúbal (Portugal) aunque de manera fallida ya que, debido a un percance, el camión y el semirremolque que transportaba la embarcación acabaron sumergidos en el mar y fueron abandonados allí antes de huir a España.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de las comandancias de la Guardia Civil de Málaga, Alicante y OCON-SUR, con el apoyo de las de Albacete, Murcia, Cádiz, de la Unidad Especial de Intervención (UEI), del Grupo de Acción Rápida (GAR) y del Grupo de Reserva y Seguridad, así como del Centro Regional de Análisis e Inteligencia Contra el Narcotráfico (CRAIN).

 

EE UU registra 3 tiroteos en un solo día, que dejan 7 víctimas, entre ellas una niña de siete años: Ya son 150 masacres en lo que va de año

Tres tiroteos en un solo día. Un saldo de siete muertos. Y ya van más de 150 masacres en los tres meses y medio que va de año. Son las terribles cifras de las muertes a manos de hombres armados que disparan indiscriminadamente, una lacra que parece volver a Estados Unidos conforme avanza el desconfinamiento por el coronavirus. 

Tan solo este domingo, un tiroteo en el estado de Wisconsin ha dejado tres muertos, mientras que otro en Texas ha dejado otras tres víctimas mortales y un tercer incidente relacionado con armas se ha cobrado la vida de una niña de siete años junto a un restaurante McDonald's en Chicago, en el estado de Illinois

La madrugada del domingo, tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en un tiroteo en un bar en Kenosha, en el estado de Wisconsin, según ha confirmado la oficina del sheriff de la localidad, que ha anunciado que hay una "persona de interés" detenida.

Las fuerzas de seguridad han especificado que no se ha tratado de un incidente aleatorio, sino que fue algo premeditado, y que las tres personas que han muerto se conocían, recoge CBS.

Otro tiroteo en Austin, en el estado de Texas, también se ha cobrado la vida de tres personas, aunque en este caso no ha sido detenido el sospechoso por el momento y la Policía lo ha clasificado como una situación todavía activa.

Las fuerzas de seguridad se han mostrado preocupadas de que el sospechoso "pueda tomar un rehén o que se refugie en algún lugar", por lo que han pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones, según el asistente jefe de la Policía de Austin, Joe Chacon.

Un tercer incidente relacionado con armas de fuego se ha cobrado la vida de una niña de siete años y ha dejado gravemente herido a su padre. Ambos han sido tiroteados cuando estaban dentro de su coche en un carril de acceso a un restaurante McDonald's en Chicago, Illinois. Tampoco se ha detenido a ningún sospechoso relacionado con este tiroteo.

Más de 150 en 2021

Según cifras de Gun Violence Archive (GVA), se han registrado en Estados Unidos 152 tiroteos en lo que va de 2021, mientras que ha habido 45 tiroteos masivos desde el pasado mes de marzo.

Durante todo el 2020, hubo un total de 610 incidentes de ese tipo en el país, frente a los 417 de 2019. Los recientes ataques de las últimas semanas han vuelto a poner sobre la mesa el debate de la posesión de armas en Estados Unidos, y han llevado al presidente, Joe Biden, a plantear una serie de reformas, entre ellas una revisión más exhaustiva de los antecedentes.

No obstante, las propuestas de Biden se enfrentan a una barrera casi impenetrable en el Senado, donde los demócratas ostentan una holgada mayoría, por lo que necesitarían convencer a al menos diez republicanos que dieran luz verde a estas reformas.

 

Convocada una nueva manifestación para exigir la dimisión de Colau

Metropoli   .........   JORDI SUBIRANA

Convocada una nueva manifestación para exigir la dimisión de Ada Colau. La cita es para el día 1 de mayo, que cae en sábado y coincide con el Día Internacional de los Trabajadores, tradicionalmente plagado de protestas.

La nueva marcha contra Colau se empezó a montar pocas horas después de la celebración de la primera, que tuvo lugar el viernes 16 de abril en la confluencia de paseo de Gràcia de Aragó. A la manifestación asistieron unas 300 personas, según la Guardia Urbana. Los organizadores dicen que eran más de 500. 

DEGRADACIÓN DE BARCELONA

Detrás de ambas convocatorias hay grupos cívicos y plataformas con una fuerte presencia en redes sociales. Uno de los grupos organizadores es AntiColau, la destructora de Barcelona, que tiene casi 12.900 miembros en Facebook. Las protestas son por lo que consideran una degradación de Barcelona y de la política municipal y contra las políticas de movilidad del Ayuntamiento y el que dicen que es un uso partidista del espacio público.

La inseguridad es otro de los leit motivs. Según el último barómetro del Ayuntamiento y la Encuesta de Servicios Municipales, la inseguridad es el principal problema para los barceloneses a pesar de la reducción de los delitos por las restricciones de la pandemia. La inseguridad preocupa más que el covid. Solo a modo de ejemplo, una chica fue drogada y violada este fin de semana en la Barceloneta.

Protesta contra Colau, a su paso por vía Laietana, el viernes / MA - VERÓNICA MUR

AYUDAS A ENTIDADES AMIGAS

Los convocantes también critican lo condescendiente que el gobierno de Colau es con algunos colectivos, como los okupas,  las multiples ayudas que entidades amigas del ejecutivo local -y que ahora investiga Fiscalía- reciben por parte de Colau y el aumento de impuestos que vivió la ciudad en 2020.

La protesta del pasado 16 de abril atascó el centro de Barcelona. Los manifestantes bajaron por Pau Claris y vía Laietana hasta la plaza de Sant Jaume, donde se lanzaron gritos contra Colau y su gobierno, y la culparon de la muerte del motorista que impactó en diciembre contra un bloque de hormigón de la calle de Balmes después de un coche que cambiaba de carril le tirara al suelo. 

PETICIÓN DE DIMISIÓN DE HEREU EN 2010

Ésta no es la primera que se pide de forma explícita la dimisión de un alcalde. En 2010, después del fracaso de la consulta de la reforma de la Diagonal propuesta por el gobierno de Jordi Hereu, el PDeCAT de Xavier Trias y el PP de Alberto Fernández Díaz reclamaron la salida del líder socialista, que no llegó.  

 

Así actuaba una mafia que falsificaba pasaportes en Barcelona

Metropoli  ........  GUILLEM ANDRÉS

La primera sospecha saltó en octubre de 2019 en una de las oficinas de Barcelona donde la Policía Nacional expedita el DNI. Un hombre de origen bengalí pidió un duplicado del documento porque, supuestamente, lo había perdido en Bangladesh tras una visita a su país. Los rasgos físicos del individuo no coincidían con la fotografía del pasaporte, que resultó ser falso. A raíz de este caso, la policía inició una investigación con seguimientos, pinchazos telefónicos, registros y una decena de detenciones. Los agentes lograban desarticular a un grupo criminal dedicado a falsificar pasaportes y otros documentos para ciudadanos de Bangladesh con un objetivo: obtener la nacionalidad española de manera fraudulenta. Así lo hicieron con 56 personas.

Meses de trabajo policial desenmascararon una mafia internacional asentada en la provincia de Barcelona y con ramificaciones en otros países como Reino Unido y Bangladesh. El supuesto líder de la mafia vivía en Santa Coloma de Gramanet, concretamente, en el barrio de Fondo y enviaba documentación falsa a los "clientes / víctimas" de esta organización, como describe la Policía Nacional en la investigación del caso a la que ha tenido acceso Metrópoli Abierta. El clan ofrecía a ciudadanos extranjeros en situación irregular la posibilidad de regularizar su situación administrativa con pasaportes falsos.

FALSOS PADRES

Mediante estos documentos se creaban familias ficticias formadas por el inmigrante que aspiraba a obtener la nacionalidad y, en muchas ocasiones, un padre falso, que era una persona originaria de Bangladesh con nacionalidad española y que cobraba por simular ser el progenitor. Lo revela, en parte, uno de los estafadores al inicio de la investigación llevada a cabo por la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsificación de Documentos). La víctima admite a los agentes que ha mentido sobre su nombre, que ha entrado en espacio Shenguen de manera ilegal a través de Italia con un pasaporte de otra persona por el que ha pagado 8.000 euros. Añade que el cabecilla de la mafia le ofrece obtener la ciudadanía española por 15.000 euros más

El barrio de Fondo de Santa Coloma de Gramenet donde vivía el cabecilla del clan / G.A

 

Todos los pasaportes fraudulentos interceptados repetían un patrón. Son modelos antiguos, hechos a mano, un modelo de pasaporte que Bangladesh dejó de expedir en 2015 para substituirlos por un pasaporte mecanizado. Los pasaportes con fecha posterior a ese año y que reúnen esas características son, por tanto, falsos. Fueron confeccionados expresamente para simular relaciones familiares inexistentes entre los colaboradores del clan y los "clientes". El empadronamiento en las oficinas municipales es una de las gestiones que realizan para conseguir documentos españoles.

ROLES

La Policía Nacional detectó tres perfiles claros dentro de esta mafia jerarquizada. El conseguidor / falsificador confeccionaba los documentos falsos originarios de Bangladesh, principalmente, pasaportes y certificados de matrimonio, nacimiento y defunción. El captador tenía la misión de localizar a ciudadanos españoles originarios de Bangladesh para que simularan ser padres de los clientes / víctimas de la organización. Por último, los falsos padres, que residen en España y Londres, simulaban una relación entre padre e hijo, lo que les daba derecho a solicitar la nacionalidad española por opción. También realizaban otras gestiones como los empadronamientos o ejercen de traductores porque sus presuntos hijos no hablan castellano.

Los investigadores relatan las grandes "dificultades" que se encontraron durante la investigación. Uno de los motivos son las numerosas y fuertes medidas de seguridad que toman los delincuentes ante una posible investigación. En medio de la calle, por ejemplo, realizan giros repentinos, giran la vista 360º y cambian de sentido, complicando las labores de seguimiento de los policías de paisano, que en varias ocasiones abandonan por temor a ser descubiertos. Las reuniones en casas y lugares cerrados como mezquitas o centros culturales musulmanes hacían imposible realizar estos seguimientos.

CONTRAVIGILANCIA

Los investigados realizaban labores de contra vigilancia. Antes de cualquier reunión entre ellos supervisaban el lugar para asegurarse que no hay presencia policial. Es habitual el uso de varios teléfonos y tarjetas telefónicas que cambian continuamente  "con el objetivo de obstaculizar al máximo una posible investigación policial".

Localizar a las víctimas resulta complicado y, cuando lo hacen, muchos se niegan a declarar ante la policía al creer que la mafia les ha ayudado y que les deben lealtad. Los pocos que sí declaran, como testigos protegidos, "muestran un temor patente ante el peligro que correría su integridad física e incluso su vida si la organización criminal tuviese conocimiento de ello", señalan los agentes.

El clan mafioso cobraba entre 150 euros y 15.000 euros por cada proceso de nacionalidad, dependiendo de si la persona ha solicitado un documento falso con sus datos o si se lleva a cabo la confección de una pareja de hecho fraudulenta o de complacencia, o si se consigue la nacionalidad española por opción. Los agentes calculan que durante dos años, el grupo ha ganado unos 840.000 euros.

Canal Literaria : "La Noche de la Iguana" de Tennessee Williams

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